La Asociación de Jueces y Magistrados (AGJI) por la Integridad mostró su respaldo público a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Delia Dávila Salazar, quien denunció “ataques a su independencia judicial”. 

Delia Dávila reaccionó a los mensajes que se han publicado en redes sociales con información falsa respecto a integrar una supuesta estructura criminal. “Buscan intimidarme y ejercer alguna presión y un ataque a mi independencia judicial, pero estoy firme en mi convicción y compromiso con la justicia”, declaró la magistrada.

Ante esa situación la AGJI dijo “expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento frente a estos ataques infundados y espurios”. 

Pidieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Estado de Guatemala “el respaldo y defensa de la independencia judicial”. 

La Fundación contra el Terrorismo publicó que una denuncia que presentó para investigar a Helen Mack fue rechazada por la jueza Esther Mancio, por ser hermana de Karla Mancio, letrada de la magistrada Delia Dávila. 

La información fue desmentida por Dávila quien aseguró que Karla Mancio no ha trabajado con ella, y que actualmente se desempeña como coordinadora del Centro de Familia que depende de la Cámara Civil “no tengo vínculos con ella, estos ataques son falsos”, declaró la magistrada. 

Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) pidió a la presidenta del Organismo Judicial (OJ), Silvia Valdés, y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se suspendan labores en ese poder de Estado debido al COVID-19.

La asociación, la cual es presidida por el juez Carlos Ruano, señaló que el Organismo está llegando a los 200 contagios de coronavirus en sus empleados y ya lamenta el fallecimiento de al menos ocho personas, entre ellas, dos jueces y un magistrado de Sala de Apelaciones.

“Es evidente que no se tiene la capacidad de contención por parte de la administración del OJ frente a la pandemia, ya que no se implementa un protocolo eficiente para evitar que más compañeros se contagien y mueran”, añadió ese colectivo de jueces.

La AGJI manifestó que se ha anunciado y activado un sistema de opacidad en el cual no se comparte la información como corresponde, en un procedimiento orientado a transparentar las condiciones en las cuales se labora.

“Se producen diariamente nuevos contagios y el fallecimiento de funcionarios y auxiliares judiciales, sin que aún a muchos órganos jurisdiccionales y oficinas administrativas se hayan enviado suministros adecuados o suficientes para que el personal tenga los medios básicos de protección”, agregó la asociación.

En ese contexto la agrupación solicitó que se proceda a la suspensión de labores, dejando en funciones a los órganos “estrictamente necesarios para la efectiva tutela de las garantías constitucionales”, y con el mínimo de personal para asegurar el distanciamiento social.

De igual manera, la AGJI pidió que se proporcione equipo e insumos suficientes, idóneos y de calidad, que cumplan con las recomendaciones sanitarias “para seguridad del elemento humano del Poder Judicial, debiendo implementarse el uso de tecnológica para la celebración de audiencias”.

“Asimismo es indispensable contar con la información cierta de los datos reales del número de contagiados, los lugares donde están ubicados, cómo han solventado la enfermedad y demás información pertinente”, concluyó ese grupo de jueces.