30 de septiembre de 2020
Por Lourdes Arana
lcarana@lahora.com.gt
La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), presentó una propuesta de reformas a la Constitución en materia de elección de magistrados del Organismo Judicial (OJ). El planteamiento busca cambiar el diseño constitucional actual, por otro que privilegie la carrera judicial y garantice la independencia funcional de los magistrados.
En el documento que la AGJI publicó en sus redes sociales se explica que a pesar de que desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 se contemplan reformas constitucionales para fortalecer el sistema de justicia, y pese a varios intentos, no se han dado los cambios necesarios para garantizar la independencia judicial.
De esta cuenta, proponen el proyecto de “Reforma del Sector de Justicia en Materia de Independencia Judicial”.
ASÍ SURGIÓ LA PROPUESTA
El presidente de AGJI, Carlos Ruano, comentó que con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit -GIZ- en Guatemala, por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) a través del Fondo de Reformas Estructurales, inició con el proyecto.
“Suscribimos un convenio de capacitación de apoyo y es así como se llevaron a cabo diálogos con estudiantes de las facultades de derecho, una conferencia regional con jueces de Centroamérica que se llevó a cabo acá en la ciudad de Guatemala”, expresó Ruano.
Además, mencionó que la metodología fue dialogar sobre la necesidad de una reforma constitucional para fortalecer la independencia judicial en Guatemala, esto derivado de los procesos de selección de magistrados de las altas Cortes.
“Con la participación de un consultor, todos esos insumos obtenidos de estas actividades se sistematizaron para elaborar esta propuesta, que fundamentalmente descansa en fortalecer la carrera judicial, que la misma ya no sea únicamente de juez de paz a juez de primera instancia, sino que también abarque completamente la magistratura de la Sala de Apelaciones y que un 50 por ciento también sea para la Corte Suprema de Justicia”, detalló.
Según Ruano, la iniciativa tiene como propósito promover y fortalecer la independencia judicial con actividades académicas y grupos de debate.
Por lo que buscan hacer un trabajo que asegure transparencia y objetividad en la selección y nombramiento de magistrados de las Altas Cortes del Poder Judicial, la despolitización de la judicatura, profesionalización y estabilidad en el cargo judicial.
SE BUSCARÁ IDONEIDAD PARA LOS PUESTOS DE LAS ALTAS CORTES
Con la implementación de estas reformas constitucionales podrían elegirse a los magistrados según la idoneidad y las capacidades adquiridas expresó Ruano.
“Todos estos estamentos de la carrera judicial sean con base en méritos, capacidad idoneidad, además que, a través de evaluaciones, haciendo uso del derecho comparado se puede establecer un mecanismo que garantice que los magistrados que sean seleccionados, sean primero las personas idóneas para el cargo y que de esta manera se limite la intervención de los políticos en los nombramientos de las salas de las altas Cortes y con esto dotarle de independencia del poder político”, añadió.
MÁS TIEMPO DE SERVICIO PARA SER APTO AL PUESTO DE MAGISTRADO
Con esta propuesta de reformas constitucionales para elección de magistrados del OJ, también se busca que los aspirantes tengan más tiempo de servicio para las magistraturas de Sala de Apelaciones y CSJ, asimismo, se solicitaría mayor edad para optar a esos cargos.
El presidente de AGJI comentó que se buscaría que el tiempo para los puestos de magistrados de Sala de Apelaciones y CSJ sean diferentes.
También la alternancia en la elección de cada uno de los magistrados de las Cortes, para que no todos sean electos para un solo periodo, sino que sea de manera escalonada y así evitar lo que sucede hoy, que el pleno de los 13 magistrados actuales de esta Corte que debieron haber dejado sus cargos hace casi un año.
EJECUTIVO PRESENTARÁ INICIATIVA, SEGÚN RUANO
El presidente de AGJI, Carlos Ruano comentó a La Hora, que es de su conocimiento que el Ejecutivo también presentará una reforma constitucional para la elección de Cortes. Este tema se la ha consultado a la Secretaría de Comunicación Social entidad que ha mencionado que esto no está aún en las prioridades del presidente, Alejandro Giammattei.
“Está en discusión, aunque no es pública, una propuesta de reforma constitucional al sector justicia precisamente en la elección de Cortes por parte del Ejecutivo, pero ya se tiene información en qué sentido va, por ejemplo…dividirse o distribuirse dentro de los tres poderes del Estado, tres cargos de magistrados de la Corte Suprema”, explicó.
EJECUTIVO PRESENTARÁ INICIATIVA, SEGÚN RUANO
El presidente de AGJI, Carlos Ruano comentó a La Hora, que es de su conocimiento que el Ejecutivo también presentará una reforma constitucional para la elección de Cortes. Este tema se la ha consultado a la Secretaría de Comunicación Social entidad que ha mencionado que esto no está aún en las prioridades del presidente, Alejandro Giammattei.
“Está en discusión, aunque no es pública, una propuesta de reforma constitucional al sector justicia precisamente en la elección de Cortes por parte del Ejecutivo, pero ya se tiene información en qué sentido va, por ejemplo…dividirse o distribuirse dentro de los tres poderes del Estado, tres cargos de magistrados de la Corte Suprema”, explicó.
Los juzgadores señalan un mecanismo continuo para sacarlos del sistema de justicia.
Si no hay fundamento jurídico para perseguir a los jueces, las denuncias que se presentan en contra de dichos funcionarios deben ser desestimadas por el Ministerio Público (MP), dijo la jueza Yassmin Barrios durante un foro virtual convocado por el Consorcio Internacional de Asistencia Legal (ILAC, por sus siglas en inglés).
Barrios, presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, le pide a la fiscal general, Consuelo Porras, que utilice la facultad que la ley le otorga al MP para desestimar denuncia sin sustento. Muchas de las quejas son interpuestas por detractores de “jueces comprometidos con la independencia judicial”, de acuerdo con la juzgadora.
Tanto Barrios como el juez Carlos Ruano identifican un mecanismo para sacar del sistema de justicia a los juzgadores comprometidos con la independencia judicial.
Parte de ese mecanismo son las denuncias que cuestionan resoluciones y algunas actividades privadas de los jueces, las cuales llegan al MP, Supervisión de Tribunales o el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), lo que conlleva al desgaste físico, intelectual y emocional. Esto sin contar el pago de otro colega que procure el caso ante esas instancias, dijo Barrios.
Al consultar al MP, se envió una respuesta en la que recuerda que es una institución autónoma y expone que los jueces cuentan con derecho de antejuicio, que es una garantía constitucional para no ser sometidos órganos jurisdiccionales sin que la autoridad competente declare con lugar a la formación de causa penal. “Instamos a tener confianza en la labor de la institución” y en los mecanismos legales, se indicó.
El flujograma de la justicia criminal del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), estableció que del total de denuncias que el MP recibió en 2019, el 82 por ciento tuvo salidas alternas como el archivo, el criterio de oportunidad y la desestimación, a la que se refirió la jueza.
Se perdió el balance
Ambos jueces expresaron una gran preocupación por el incumplimiento a las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. “Se ha perdido el balance en el sistema de justicia; aunque no se esté de acuerdo con las decisiones de la alta corte, todos debemos cumplirlas”, dijo Barrios.
En 2020, se ha inobservado la sentencia de la CC que ordenaba la inmediata elección de magistrados de cortes de justicia, excluyendo a los candidatos señalados en la investigación de la FECI Comisiones Paralelas 2020. Tampoco se obedeció a la resolución que ordenaba a la Comisión Permanente del Congreso enviar el expediente con las diligencias de antejuicio contra magistrados titulares de esa corte.
La inquietud por la situación de la abogacía y la judicatura es un tema compartido por organizaciones como la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), que también efectuó un foro virtual en el que participó el abogado Esteban Celada y la jueza Érika Aifán, quien es otra de las operadoras de justicia que ha experimentado presiones desde el sistema disciplinario del Organismo Judicial.
El mismo tipo de represalias han experimentado los fiscales y trabajadores de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Juan Francisco Sandoval acumula una veintena de denuncias desde hace varios años, algunas interpuestas por las mismas personas que señalan a los jueces.
Silencio cómplice
El juez Carlos Ruano señaló el “silencio cómplice” de la Corte Suprema de Justicia, que se quedó sin defender a los jueces, cuando el entonces presidente Jimmy Morales, rodeado de militares, señaló y cuestionó varios fallos relacionados con casos de corrupción.