Por Dra. María Eugenia Morales Aceña

El tema, no ha sido elegido al azar, sino que es producto del diagnóstico de prioridades que han de ser abordadas para fortalecer al Organismo Judicial en el país. Al empezar a reflexionar sobre el mismo, de inmediato me hizo rememorar  el juramento hecho al asumir el cargo, puesto que claramente condiciona a tener la capacidad de proceder sin injerencia alguna que limite la toma de decisiones basadas en sus .propios conceptos sobre las pruebas del derecho y de la justicia; lo cual resulta acorde al principio general de independencia que, según el Estatuto del Juez Iberoamericano, regula «… los jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y se encuentran tan sólo sometidos a la Constitución y a la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa» .

En el ámbito judicial, como en todos los organismos de Estado, esta libertad debe ser irrestrictamente reconocida, impulsada, respetada, ejercida, aplicada y defendida, de tal manera que cada actuación sea completamente ajena a influencias o intervenciones que provengan de otros poderes políticos, y no políticos; tal es el caso de intereses privados, partidistas, de cualquier otro grupo social, organización o persona poderosa.   Estas influencias  pueden  ser  ejercidas externa e internamente.

La importancia de la independencia es tal, que la legitimidad de la justicia gira en torno a ella, pues la paz proviene precisamente de desarticular los conflictos sometidos a su conocimiento, y ser impartida por profesionales honestos, capaces, de reconocida trayectoria, electos por un equipo igualmente intachable, bajo principios de igualdad, mérito, capacidad a través de mecanismos incluyentes, públicos, transparentes, respetando normas y procedimientos legales.  Resulta tan oportuno que nuevamente  la Asociación de Jueces por la Integridad, impulse la reflexión acerca del tema, en un momento coyunturalmente decisivo para Guatemala,  propicio para recapacitar, dada la cooptación del sistema, la degradación política y moral,  y la  gran cantidad de procesos de elección que se están dando,  los cuales tienen  una interconexión directa con  las debilidades que enfrentamos por los ineficaces métodos de formación en valores, vinculados a las universidades, y unidades institucionales responsables de capacitación, especialización, evaluación, selección, y promoción de personal administrativo y jurisdiccional; evaluación del comportamiento,  y desempeño,  así  como las sanciones, y su debido registro.

Es por ello que, a pesar de tener más de veinte años de estarse impulsando una verdadera carrera judicial, con algunos logros, estos se minimizan, ante la realidad de la corrupción y el crimen organizado.   

No pretendo ser exhaustiva, pero sí considero que se requiere la reforma constitucional, y  demás leyes pertinentes, para lograr cambios en la estructura del Poder Judicial, dado que el Pleno de la Corte Suprema continúa teniendo la doble carga de diligenciar lo administrativo y jurisdiccional, y debe ser revisada la eficacia de la entidad nominadora, esta continúa siendo la responsable del nombramiento de jueces y el Congreso de la Republica de magistrados.  La temporalidad de los cargos, debe cesar, si se toma en cuenta  que el período más largo, va a diluir la dependencia que podría darse entre juez y elector.  Es necesario también modificar la renovación del total  de magistrados optando  por la alternabilidad, revisión del perfil requerido para juez  del Siglo Veintiuno, y mejorar los procesos de elección,  ya que los juzgadores muchas veces se ven limitados en su ejercicio derivado de los compromisos que asumen ante las instancias, o porque se deba a  una decisión personalísima del jerarca.  Deben terminar  los abusos de parte de los “superiores”, dado que nuestro sistema es eminentemente jerárquico, y con el gran poder concentrado que ostenta la Corte Suprema, puede ejercer influencia sobre los magistrados de Salas de Apelaciones,  jueces de Primera Instancia y de Paz.  También es necesario,   garantizar las condiciones de su servicio,  seguridad, protección y asistencia de todo tipo de amenaza, hostigamiento,  presión, denuncias falsas, supervisiones que interfieran con el ejercicio libre e independiente de la judicatura,  retiro y jubilación. 

Nos cuestionamos entonces ¿Cómo se podría promover realmente un cambio en estas tradiciones políticas que actualmente se llevan a cabo?  En primer lugar, cumplir  con el propósito de las leyes de la Carrera Judicial,   y Comisiones de Postulación,  cuya finalidad es fortalecer y consolidar el Estado de Derecho, a través de una designación de autoridades públicas, limpias, nombrando a las personas capaces e idóneas con suficiente experiencia sujetas a los mandatos constitucionales, capaces de resolver conflictos sometidos a su jurisdicción con  razonamientos  apegados a derecho, realizando los valores de justicia y certeza jurídica.

Es tiempo de terminar con esa mala práctica política, con injerencias personales que se lleva a cabo cada vez que se elige a un funcionario público.   Debemos promover los cambios necesarios para una evolución en ello, para que los procesos sean transparentes, por méritos, de los candidatos y candidatas.  Que no sean nombrados con los procesos de elección actuales,  excluyentes, direccionados, y opacos, donde se evidencia que hay gente capaz, con mucha experiencia sin alcanzar los votos suficientes  por no tener vínculos políticos.

De lo anterior, podemos inferir que resulta indispensable  que cuanto antes, los propios jueces comprendamos que deben haber cambios, para lograr una evolución que nos conducirá a superar rápidamente la etapa de desconfianza para lo  cual  se debe divulgar y compartir públicamente, a fin de discutir y analizarlos con todos los operadores de justicia para lograr su involucramiento y sin  lugar a dudas la Asociación de Jueces por la Integridad puede ser líder de esta iniciativa que debe partir de la propia judicatura, y dar muestras de vitalidad, flexibilidad, adaptación a los tiempos, con el genuino  protagonismo en este tema desde hace muchos años, para logar centrar nuestra atención en que el momento es una gran oportunidad de converger en una causa común:  buscar acercarnos al ideal de justicia  con normas, órganos y procedimientos que den transparencia a todas las actuaciones; que se alejen  las dudas del  compromiso de los juzgadores en sus decisiones y estas estén fundamentadas en ley, ética y sobre todo, orientadas a favorecer a la población, a la que se deben como servidores públicos, sin distinción de clase, poder político, económico u otra naturaleza, tomando como punto de partida el derecho constitucional que a cada uno corresponde y que debe respetarse como parte esencial del sistema de justicia, para alcanzar los objetivos propuestos de fortalecimiento al Estado de Derecho.

La independencia judicial es un deber del ejercicio de la función jurisdiccional y una garantía para la ciudadanía, es un elemento intrínseco del derecho al acceso a la justicia, por lo que los jueces y las juezas deben impartir justicia con absoluta independencia, lo que significa que deben emitir sus resoluciones libres de presiones, libres de cualquier injerencia de los poderes del Estado o grupos de presión. En ese sentido, es importante resaltar que las resoluciones judiciales son vinculantes y de obligatorio cumplimiento, por lo tanto se cumplen, no se discuten y solo son impugnables por los medios legalmente establecidos, lo que conlleva el ataque a las resoluciones, pero no a los jueces.

Arbitrariamente se utilizan acciones legales para atacar a jueces y juezas de parte de algunos sujetos procesales, como mecanismos de presión, de intimidación, de desprestigio, de afectación a la independencia judicial, pretendiendo criminalizar la función jurisdiccional con las consecuencias graves que afectan la independencia judicial, y que conforme a nuestra Constitución conlleva responsabilidades.

En ese sentido, el doctor Alirio Abreu en su obra “Independencia Judicial (Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)”, expone: “La independencia del Poder Judicial, como consecuencia de la separación de poderes en un sistema democrático, y la independencia de los jueces, como un derecho de éstos en el ejercicio de sus funciones, y de los ciudadanos en relación con el acceso a la justicia y a las garantías judiciales, ha sido materia reiteradamente tratada y decidida por la Corte, tanto en sus opiniones consultivas como en sus sentencias.”…“La falta de independencia judicial, que conlleva necesariamente la falta de imparcialidad, y, por ende, la violación del artículo 8 de la Convención, constituye una evidente carencia de igualdad para uno de los litigantes.”
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De tal manera que según el autor cuando no se aplica la justicia con independencia judicial, se anula la tutela judicial efectiva y viola el debido proceso, sumado a otros derechos y garantías del acceso a la justicia.

Respecto a la independencia judicial, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, por sus siglas “AGJI”, ha tenido una importante proyección nacional e internacional, destacando su labor en la defensa de los derechos humanos y de la independencia judicial, denunciando de forma pública y frontal los ataques en contra  de jueces y juezas de gran trayectoria, que han sido víctimas de estos ataques, mediante múltiples denuncias administrativas disciplinarias, todas declaradas sin lugar, lo que evidencia que no tienen fundamento y que el único propósito ha sido afectarles en su integridad, de la misma manera y de mayor gravedad han planteado antejuicios en contra de algunos de sus integrantes, los que en su mayoría han sido rechazados y en los que les han dado trámite, la Corte de Constitucionalidad ha dejado sin efecto, ordenando la protección constitucional mediante recursos de amparo, pues la mayoría de estos han sido planteados por personas sindicadas por casos de corrupción, lo que ha conllevado a elevar las denuncias de parte de la referida asociación, incluso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre las que destaca la petición para  audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que se realizó durante su 172 periodo de sesiones en Jamaica, denunciando no solamente el ataque a la independencia de jueces y juezas, por su función jurisdiccional en casos concretos, sino también por hechos que consideraron atentan en contra de la independencia del Organismo Judicial, por la injerencia de otros organismos de Estado en la función jurisdiccional y la independencia judicial, logrando que se discutiera con representantes del Estado y se atendieran las recomendaciones para respetar la independencia judicial. Asimismo, algunos de sus integrantes cuentan con medidas cautelares ordenadas por la CIDH, quienes han considerado que los jueces y juezas deben llevar a cabo sus labores sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o amedrentamientos en el ejercicio de sus funciones, destacando a la vez pronunciamientos del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Magistrados, Doctor Diego Garcia Sayan.

Sumado a estas acciones, la AGJI, ha realizado esfuerzos con asociaciones gremiales a nivel internacional como la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia, con gran liderazgo, al elegir como presidente de dicha organización al juez guatemalteco, Jorge Haroldo Vásquez Flores, también integran la Unión Mundial de Magistrados y la Federación Latinoamericana de Magistrados, destacando alianzas para compartir experiencias jurisdiccionales y fortalecimiento de capacidades. Por lo que su labor ha sido reconocida y apoyada por la cooperación internacional de varios países, como Estados Unidos, Noruega, Suecia, Alemania, Canadá, y organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Abogados sin Fronteras Canadá y el Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados y Notarios de la Ciudad de Nueva York, lo que les ha permitido realizar tres Congresos Internacionales y ser parte del proyecto de reformas estructurales que impulsa la cooperación Alemana, teniendo participación activa también como docentes en la Escuela de Estudios Judiciales.

Deseo resaltar que el trabajo de los integrantes de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, ha sido reconocido por organizaciones de la sociedad civil, por diferentes sectores e instituciones, por citar algunas: la designación  del Juez Miguel Angel Gálvez, como personaje del año por parte del diario Prensa Libre;  galardón “Mujer Destacada del Organismo Judicial” otorgado a la Jueza Erika Aifan por el Organismo Judicial;  reconocimiento otorgado al Juez Haroldo Vásquez y al juez Carlos Ruano, por su aporte en favor de la justicia y la democracia, otorgado por el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia.  Concluyo  reconociendo el trabajo y el aporte de jueces y juezas en todas las materias, valientes e independientes que actúan con probidad y principios éticos que fortalecen el sistema de justicia en Guatemala, como pilar fundamental del desarrollo, del Estado de derecho y la paz.

[1] Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2007, Tomo II. Abreu Burelli, Alirio.”Independencia Judicial (Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).www.juridicas.unam.mx.Pag.641.