Jaime Trujillo, Integrante del Comité del Vance Center for International Justice, socio de Baker McKenzie

Para que un país tenga un clima de inversión próspero, debe garantizar certeza jurídica. La certeza jurídica se logra cuando el sistema jurídico de un país tiene un marco claro y estable para regular la conducta de las personas y las empresas y cuando aplica sus normas de manera justa y consistente. La previsibilidad que se deriva de la buena gobernanza ayuda a impulsar el crecimiento y la innovación, lo cual tiene un efecto positivo en diversos sectores de la sociedad.

La buena gobernanza implica responsabilidad y transparencia. La responsabilidad pública, un principio democrático fundamental, requiere que el gobierno y las instituciones asuman las consecuencias  de sus acciones y omisiones. También implica una sana interacción entre el gobierno y el público al que sirve, en la cual los ciudadanos participan en el proceso oficial de toma de decisiones por sí mismos o por medio de instituciones, lo cual requiere que la información sobre procesos e instituciones gubernamentales debe estar disponible a través de un sistema transparente y abierto. Estos elementos ayudan a asegurar a los inversionistas que sus inversiones estarán protegidas por el marco legal vigente.

La certeza jurídica es indispensable para el estado de derecho porque los ciudadanos estarán más dispuestos a adherirse a las leyes si las perciben como justas y estables. Esto crea un ciclo virtuoso de ciudadanos y empresas respetuosos de la ley, en el que se pueden predecir los resultados legales y se asume que la justicia es transparente. Por ejemplo, las decisiones legales no deben variar mucho entre jueces y distritos pues la consistencia judicial es imprescindible para crear certeza jurídica.  La falta de consistencia judicial es un indicador de que los tribunales podrían  estar politizados.

 Un sistema legal opaco e impredecible hace que las empresas sean cautelosas en sus decisiones de inversión porque les impide predecir cómo los tribunales interpretar las leyes existentes,  y cuándo y cómo cambiarán dichas leyes. Por esa razón, los inversionistas buscan países que cuenten con marcos legales que incluyan: un proceso transparente de creación de leyes y regulaciones, el derecho a apelar fallos; supervisión exhaustiva de los jueces; procedimientos que están disponibles en el registro público; independencia judicial; y que las nuevas normas no se apliquen retroactivamente, entre muchos otros factores. Por esto, no es sorprendente que el Índice 2020 de Confianza en la Inversión Extranjera Directa de Kearney calificara a los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón y Francia, algunos de los países que mayor certeza jurídica ofrecen,  como los mercados que probablemente atraerán la mayor cantidad de inversiones en el [corto y mediano plazo/futuro previsible].^[1].

La certeza jurídica también favorece una sana cultura empresarial nacional. Las empresas deben saber que se respetarán los contratos que celebraron; que sus activos  no serán confiscados arbitrariamente; y que los jueces serán imparciales. Sin un marco legal sólido, estable y predecible habrá una fuga masiva de capitales extranjeros y nacionales, lo que tiene un efecto perjudicial sobre los demás aspectos de la sociedad: si la cultura empresarial entra en declive se perderán oportunidades de crecimiento e ingresos fiscales que se destinan a la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas educativo, sanitario y social, entre otros.

Como integrante del Comité del Vance Center for International Justice, pido a la comunidad legal en Guatemala que promueva el cambio para fortalecer el marco legal y exigir que las leyes y los procesos sean justos y estables y sean aplicados de manera consistente y predecible. Un país con certeza jurídica tiene un futuro prometedor.

[1] Top 25, Kearney 2020 Foreign Direct Investment Confidence Index, available online at: https://www.kearney.com/documents/20152/17723905/The+2020+Kearney+Foreign+Direct+Investment+Confidence+Index-2+pager.pdf/43de25af-01e1-8b48-4f7e-7575e34730f7?t=1591940119683.

Mike Fitzgerald y Verónica Rodríguez, Integrantes del Comité del  Vance Center for International Justice, abogados de la firma internacional Paul Hastings

De acuerdo con estándares regionales e internacionales en materia de derechos humanos, la seguridad de los jueces es uno de los aspectos muy importantes de la independencia judicial.

No puede haber jueces independientes si los mismos temen por su seguridad física y no tienen condiciones de protección necesarias para llevar a cabo su trabajo sin intimidaciones o amenazas externas. Simplemente por cumplir con su deber de hacer cumplir la ley, los jueces son vulnerables a ataques infundados y extraordinarios.

Si bien hay casos extremos como el del ataque a la Jueza Federal de los Estados Unidos Esther Salas en el que su esposo fue gravemente herido y su hijo perdió la vida, y el del Juez Federal mexicano Uriel Villegas Ortiz y su esposa que perdieron la vida a manos de un grupo armado, ambos en 2020, en la región hay jueces y juezas que diariamente reciben amenazas por el trabajo que realizan. Actualmente, las comunicaciones digitales y las redes sociales han permitido una amplia difusión de que estas amenazas e intimidaciones, así como que puedan llegar de manera directa, y sin identificación del autor. Además, es preocupante que en muchos casos, estas amenazas a mujeres juezas se hacen con motivo de la identidad de género.

Tan solo en Guatemala, hay varios jueces, fiscales y defensores de derechos humanos que cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues su vida o integridad personal se han visto amenazadas por las funciones que realizan. Es especialmente grave cuando este riesgo es creado por autoridades del propio Estado. La toma de decisiones judiciales nunca debe estar influenciada, ni siquiera parecer influida, por presiones políticas externas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su documento Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de derecho en las Américas ha establecido que “La protección a la vida e integridad de las y los operadores de justicia es una obligación del Estado que deriva de dichos derechos reconocidos por la Convención y la Declaración Americanas para todas las personas en las jurisdicciones de los Estados de América”. De acuerdo con la CIDH, si los Estados no garantizan la seguridad de sus jueces contra toda clase de presiones externas, incluyendo las represalias directamente dirigidas a atacar su persona y familia, el ejercicio de la función jurisdiccional se puede ser gravemente afectada y frustrar el acceso a la justicia. Los jueces no deben estar sujetos a presiones e influencias, y deben tener libertad para tomar decisiones imparciales basadas únicamente en los hechos y el derecho. La independencia judicial es la garantía del público de que un juez será imparcial.

Por su parte, el Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados Diego García Sayán ha condenado en repetidas ocasiones las amenazas y los actos de violencia en contra de quienes imparten justicia. El Relator Especial ha mencionado que la “delincuencia organizada transnacional plantea una amenaza significativa y creciente para la seguridad nacional e internacional, con graves consecuencias para la seguridad pública, la salud pública, las instituciones democráticas y la estabilidad económica en todo el mundo”[i] debilitando a las instituciones del Estado. Por esto ha llamado a revisar los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de Naciones Unidas, para incluir este tema como uno prioritario.

Esta protección que brindan los estándares e instituciones internacionales deben de tener un equivalente muy concreto en los marcos jurídicos internos, y esfuerzos del Estado para proteger a sus jueces. Las denuncias que hagan jueces por amenazas o intimidaciones deben ser prioritarias y expeditas en su atención, proveyendo de mecanismos de protección adecuados.

Como integrantes del Comité del Vance Center for International Justice hacemos un llamado a la comunidad jurídica internacional para exigir el cumplimiento de los estándares para la protección de quienes imparten justicia. Es en el mejor interés de todas las personas que deseen vivir en sociedades respetuosas de la ley tener jueces independientes, por lo que es tarea de todos velar porque su independencia no se vea vulnerada por ataques a su seguridad.

[i] https://independence-judges-lawyers.org/es/complementar-los-principios-basicos-relativos-a-la-independencia-de-la-judicatura/

Alejandro Balsells Conde

Nuestra actual constitución es catalogada como legítima. Lo anterior no es poca cosa cuando tanto la constitución de 1956 y de 1965 fueron catalogadas como ilegítimas por haber sido producto de Asambleas Constituyentes electas en planillas únicas y sin garantías para voces opositoras, además debemos agregar que fue bajo el gobierno de Enrique Peralta Azurdia que el Estado, como tal, inició la política para desaparecer a presos políticos.

Durante el enfrentamiento armado el gran testigo mudo fue el sistema judicial. La violencia selectiva urbana llevada a cabo por el Estado dentro de la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional y los masivos actos de aniquilamiento de población civil que fueron ya dispuestos, algunos de ellos, como prácticas genocidas muestran un aparato de justicia cómplice de las atrocidades. De hecho, ningún crimen político o perpetrado por agentes estatales fue juzgado de 1956 a 1986 (año en que entra en vigencia nuestra Constitución).

“En Guatemala ha existido una larga tradición de dictadura, entendida como el poder total concentrado en un hombre o un pequeño grupo y que se ejerce sin controles legales o institucionales. Todas las constituciones formalmente han establecido un modelo republicano de gobierno, con un sistema democrático de elecciones, alternancia en el poder, control de poderes. Sin embargo, la experiencia nacional ha estado marcada por formas autoritarias de gobierno ejercidas fundamentalmente por militares mediante dictaduras, juntas militares, etc.”, señala el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

Una administración de justicia independiente del poder, sobre todo del poder central, es el mejor instituto republicano para ejercer controles de poder. Ante la inexistencia de controles, el poder se desboca y actúa fuera de su margen de competencia para generar violaciones a los derechos humanos. La ecuación es clara, si existe control de poder hay libertad ciudadana, si no existe dicho control, la libertad o es una quimera o está amenazada de manera constante.

El segundo párrafo del artículo 203 constitucional encierra todo un plan de acción para los poderes constituidos en Guatemala, “Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público”, en otros preceptos señala la no remoción de jueces y magistrados y en el artículo 209 se ordena “se establece la carrera judicial. Los ingresos, promociones y ascensos se harán mediante oposición. Una ley regulará esta materia”.

La carrera judicial es una garantía para la independencia del juez y magistrado. No había posibilidad de que el sistema judicial ejerza funciones como contrapeso del poder, si sus jueces y magistrados, están a disposición de órdenes administrativas para traslados de sede o cesación de funciones, de hecho, hasta la garantía del juez natural se ve seriamente limitada sin la existencia de una carrera judicial.

Nuestra actual constitución dentro del catálogo de derechos, pero sobre todo dentro de sus mandatos programáticos pretende garantizar la continuidad del buen juez y buen magistrado, esto en un país donde el sistema judicial no ha sido contrapeso efectivo de poder a lo largo de sus 200 años de vida republicana significa mucho.

En la actualidad vemos detractores significativos de la carrera judicial, y la verdad hay que decirla, boicoteadores desde grandes grupos de poder. Un juez independiente es una garantía de control y ello no es algo del agrado de muchos porque en nuestra historia es la excepción, recordemos la terrible decisión de la Corte de Constitucionalidad por la cual señaló que la única carrera judicial en el país era de Juez de Paz a Juez de Primera Instancia. Esos criterios hay que erradicarlos si aspiramos a la República, al respeto de los Derechos Humanos, la democracia y la paz.