Alberto Mora, Director Ejecutivo Asociado, American Bar Association

Guatemala ha estado a la vanguardia en América Latina en hacer un esfuerzo institucional para combatir la corrupción y la captura de instituciones gubernamentales por redes ilícitas. Me he sentido inspirado por el trabajo valiente y ejemplar de los jueces de los tribunales de alto riesgo, la fiscalía contra la impunidad (FECI) y los magistrados de la Corte Constitucional que han defendido la Constitución guatemalteca para enfrentar estos desafíos, incluso frente a amenazas graves en contra de su integridad.

Hace unos meses decía que era un momento crucial en Guatemala, el proceso que avanzaba en la selección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema iba a determinar si los avances de la última década continuarían o se estancarían. Después de un proceso cuestionado en la selección de siete magistrados/as de la nueva corte de constitucionalidad y a más de un año sin que el congreso de Guatemala seleccione a la nueva Corte de Justicia, puedo afirmar que esos avances están bajo seria amenaza. En este momento, el Congreso se niega a sentar a una magistrada que fue legítimamente seleccionada.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala es la última línea de defensa en la lucha contra la impunidad. Sin un tribunal independiente, la capacidad para procesar al crimen organizado y a los corruptores del sistema y así brindar la certeza judicial necesaria para asegurar el desarrollo económico, colapsará.  Entre otras cuestiones importantes, el desarrollo económico depende de la capacidad de los tribunales para resolver disputas de manera equitativa y brindar certeza judicial. ¿Una empresa transnacional invertirá en Guatemala si sabe que necesita obtener una licencia de un ministerio local donde dichas licencias se otorgan de manera rutinaria, no a los más calificados, sino a los que están dispuestos a pagar el mayor soborno? Las empresas ciertamente lo pensarán dos veces antes de invertir en un país caracterizado por tal corrupción.

Mis amigos de la comunidad empresarial de Guatemala me han dicho que uno de los principales problemas en los tribunales son las demoras y los cuellos de botella. Es cierto que esto es parte del problema, pero no es el problema real. Hay varios problemas: a algunos jueces y fiscales se les da la opción de omitir acciones criminales o de ser acosados hasta muchas veces tener que dejar el país. Ante tal presión, no puede haber independencia ni certeza judiciales.  Otros jueces son partes de redes de tráfico de influencias y otros que sirven los intereses de algunos pocos. Un sistema sólido requiere jueces competentes, probos, honestos, honorables e independientes.

Durante los últimos 150 años, la organización a la que represento, el Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA) ha trabajado para promover el estado de derecho en los Estados Unidos y en todo el mundo. Es la asociación profesional más grande de los Estados Unidos y tiene miembros de todo el mundo, incluidos abogados, fiscales y jueces. La Iniciativa de Estado de Derecho de la ABA y el Centro de Derechos Humanos, que trabajan fortalecer la capacidad del sector de la justicia y la sociedad civil en otros países y proteger a los defensores/as de los derechos humanos en situación de riesgo, han apoyado durante los últimos diez años los esfuerzos del sector justicia y la sociedad civil en Guatemala.

En Guatemala hemos brindado capacitación forense al personal del sector justicia guatemalteco y hemos monitoreado los procedimientos para seleccionar nuevos Fiscales Generales y jueces de los tribunales superiores durante los últimos seis años. Además de promover el estado de derecho en otros países, el ABA aboga por el estado de derecho en los Estados Unidos. Durante los últimos 65 años, el ABA ha participado en la selección de candidatos judiciales para los tribunales federales de los Estados Unidos.

Es por esto por lo que tenemos la experiencia para afirmar que solo hay una forma de abordar los desafíos que atraviesa Guatemala. El tráfico de influencias en la elección de jueces debe terminar.

Si bien es difícil exagerar la gravedad del problema, no quiero sugerir que sea insuperable. De hecho, la solución era bastante sencilla. Transparencia y recolección de la información idónea y adecuada para hacer una apropiada evaluación. Transparencia real. No procedimientos elaborados para la recolección de información irrelevante, como vimos en la comisión de postulación de la Corte Suprema de Guatemala, sino la recolección de información debe ser sustantiva sobre los candidatos – desde información sobre todas las decisiones judiciales y participación en actividades económicas para determinar conflictos de interés, hasta audiencias publicas que dieran la oportunidad de cuestionar el perfil de los candidatos.

Es una gran responsabilidad la que tienen las entidades que eligen a los Magistrados, tienen una gran responsabilidad ante todos los guatemaltecos y la comunidad empresarial de buscar, identificar a los abogados más competentes del país, que sean honestos, intachables, e independientes. La Convención Americana requiere que Guatemala garantice la independencia e imparcialidad de sus tribunales. También requiere que todas las instituciones guatemaltecas se aseguren de que cualquier proceso de contratación de funcionarios públicos, incluidos los jueces, sea transparente, objetivo y no discriminatorio.

Además de las obligaciones de los tratados internacionales de los Guatemala hace parte, la Constitución guatemalteca establece los requisitos básicos para los jueces de los tribunales superiores. Los más importantes son los requisitos de méritos de capacidad, idoneidad, honestidad y honorabilidad. Requisitos que los siete magistrados posesionados no parecen haber demostrado durante el proceso de selección.

El ABA seguirá dando apoyo a las organizaciones de sociedad civil, instituciones del Estado de Guatemala y a la comunidad empresarial; siempre con el único objetivo de garantizar un sólido Estado de Derecho en Guatemala que sea atractivo para la inversión extranjera y que también sea respetuosa de los derechos humanos.  Sin embargo, para esto es necesario tribunales independientes y jueces libres de presiones u obstáculos para ejercer su labor o ser posesionados después de un proceso que haya cumplido los estándares que he mencionado.

Ana Cárdenas, Investigadora, World Justice Project México

En la ceremonia de juramentación de las y los integrantes de la Corte Constitucional de Guatemala el 13 de abril de 2021, el presidente del Congreso de la República sostuvo, “ya no más a la impunidad constitucional”[1]. Su discurso fue el preámbulo de una juramentación interrumpida por una serie de impugnaciones que cuestionan el proceso de designación de dos magistrados titulares y un magistrado suplente[2].

La decisión repentina del Congreso de la República de no juramentar a esos magistrados ha generado preocupación entre académicos, especialistas y la comunidad internacional, por constituir una intromisión de los otros poderes del Estado en la independencia de la Corte Constitucional. En particular, la no juramentación de la magistrada presidenta ocurre en un contexto de encono institucional en el cual diversos operadores de justicia, incluyéndola a ella, enfrentan antejuicios y otras estrategias que obstaculizan el ejercicio de su función, a raíz de haber resuelto asuntos de alto impacto con respecto al tema de la corrupción. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, el procedimiento del antejuicio en Guatemala ha servido para amedrentar, interferir y remover a magistradas y magistrados, en represalia al sentido de sus decisiones[3].

La tensión entre poderes es lo esperado y, hasta cierto punto, deseable en todo Estado democrático, pues uno es contrapeso de los otros. Sin embargo, la injerencia y las presiones desmedidas en la judicatura se traducen en una afectación en la independencia judicial y en la sustentabilidad del Estado de derecho, puesto que son condiciones indispensables para asegurar la existencia de un contrapeso efectivo del poder gubernamental. Además, son elementos necesarios para el ejercicio pleno del acceso a la justicia y del debido proceso[4].

Las decisiones en torno a la integración de las cortes y tribunales pueden implicar una estrategia de los otros poderes para incidir en su funcionamiento. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentado un cuerpo robusto de jurisprudencia sobre las distintas estrategias para proteger la independencia judicial y, concretamente, sobre el nombramiento y la remoción de jueces[5]. Por una parte, todo nombramiento debe realizarse con base en méritos y en un contexto de igualdad de oportunidades. Con esto se busca evitar la discrecionalidad y la presión política en la selección del personal judicial.

Por otra parte, la estabilidad en el cargo para emitir resoluciones imparciales e independientes es indispensable, pues las decisiones judiciales no pueden ser motivo para que las juezas o jueces sean removidos. Por esto, la separación de una jueza o juez debe ocurrir con base en normas que prevean el comportamiento judicial y mediante un procedimiento imparcial e independiente que permita el ejercicio del derecho de defensa y limite las presiones externas. Si bien, la inamovilidad de las juezas y los jueces no es absoluta, la destitución debe obedecer a conductas consideradas graves y acorde a procedimientos que se apegan a las debidas garantías. Cualquier decisión estatal que afecte arbitrariamente el periodo del nombramiento de un juez o jueza debe analizarse a través de los parámetros de inamovilidad y estabilidad del cargo.

En suma, las garantías de independencia judicial buscan que las juezas y jueces emitan sentencias sin temor a las represalias que pudieran darse por las coyunturas políticas, por las otras dos ramas de gobierno o por agentes externos para ejercer presión sobre las y los magistrados o para incidir en el ejercicio de la función jurisdiccional.

La judicatura constituye un contrapeso relevante para los Poderes Ejecutivos y Legislativos, puesto que revisan la legalidad y constitucionalidad de sus actos. La legitimidad de la judicatura, a diferencia del componente democrático que caracteriza a los otros dos poderes, deriva directamente de su carácter de intérprete constitucional. En ese sentido, la legitimidad de sus decisiones dependerá no solo de su rectitud técnica, sino sobre todo de la independencia para emitirlas. Por lo tanto, cualquier asomo a una independencia judicial mermada por intromisiones ilegítimas o estrategias de presión por parte de los otros poderes pone en tela de juicio las decisiones que toma ese tribunal y la legitimidad del órgano como contrapeso efectivo[6].

[1] Consúltese la Sesión Solemne del 13 de abril de 2021, en: Escobar, I. (13 abril 2021). CC: Juramentan a magistrados pero amparo e impugnaciones bloquean tres investiduras. Prensa Libre. Guatemala.

Consultable en:

https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/cc-juramentan-a-magistrados-pero-amparo-e-impugnaciones-bloquean-tres-investiduras breaking/?utm_source=Alertas&utm_medium=PrensaLibre&utm_campaign=Nacionales

[2] Las razones para no juramentar a la magistrada presidenta consistieron en la omisión por parte del Consejo Superior Universitario (CSU) de enviar copias certificadas de las actas de notificación a los participantes del evento y la designación del CSU, y por no ser docente universitaria.

[3] CIDH (18 marzo 2021). La CIDH expresa preocupación por diligencias de antejuicio promovidas contra integrantes de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Comunicado de prensa 065. Washington. Consultable en:

 http://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/065.asp. ACNUD (19 abril 2021). Guatemala: Experto de la ONU profundamente preocupado por la negativa del Congreso a volver a nombrar magistrada de alta Corte. ACNUD. Consultable en:

 https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27006&LangID=S

A su vez, distintos miembros de la judicatura han recibido el cobijo de la CIDH a través de medidas cautelares, por agresiones y hostigamientos. Véase por ejemplo: CIDH (29 agosto 2017). Resolución No. 34/17 MC 431-17 – Gloria Patricia Porras Escobar y familia, Guatemala. Consultable en:

 https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27006&LangID=S

[4] El Estado de Derecho implica principios como la rendición de cuentas, la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia imparcial y expedita y un gobierno abierto. Véanse: 1) World Justice Project. What is the Rule of Law? Recuperado de: https://worldjusticeproject.org/about-us/overview/what-rule-law. 2) United Nations. UN System and the Rule of Law. Recuperado de: https://www.un.org/ruleoflaw/what-is-the-rule-of-law/.

[5] Véase CEJIL. (2019). Compendio de Estándares Internacionales para la Protección de la Independencia Judicial. Costa Rica.

[6] Gibson J. et al. (1998). On the Legitimacy of National High Courts. American Political Science Review, Vol. 92-2, págs. 343-358.

Dr. Peter Kornicker, Director de funciones corporativas legales, Novartis International AG[1]

Los fabricantes de productos farmacéuticos basados ​​en investigación están haciendo una contribución significativa a la salud pública. Invierten continuamente importantes recursos en la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de nuevos tratamientos que mejoran y prolongan la vida. La pandemia de Covid-19 está demostrando drásticamente la importancia de la salud pública para todos nosotros individualmente, pero también para nuestras sociedades.

Considero que el Estado de derecho es un presupuesto importante y, de hecho, un requisito previo indispensable para que las empresas farmacéuticas cumplan con éxito su misión. Comparto un par de razones clave para mi opinión:

• Por lo general, el desarrollo de un nuevo medicamento lleva entre 10 y 15 años y un costo promedio de más de mil millones de dólares. De 5000 a 10000 compuestos en la fase inicial de investigación, solo uno pasará finalmente por las diversas etapas de las pruebas preclínicas y clínicas y la revisión por parte de las autoridades sanitarias que necesitan aprobar el medicamento antes de que pueda comercializarse.[2] Sin leyes de patentes sólidas y tribunales competentes e independientes que protejan la innovación resultante de estas inversiones masivas durante el período limitado de vida de la patente, se socavaría el incentivo para una mayor investigación farmacéutica.
• Las grandes empresas farmacéuticas se basan en una multitud de relaciones contractuales importantes con socios de investigación, empresas emergentes de biotecnología, fabricantes por contrato, organizaciones de ensayos clínicos, socios de comercialización, etc. Estos contratos suelen ser acuerdos a largo plazo con inversiones considerables de ambas partes. Por lo tanto, la capacidad de acudir a tribunales competentes e independientes para hacer cumplir estos importantes contratos, si es necesario, es de gran importancia.
• La alta calidad de los medicamentos es de vital importancia para la seguridad y eficacia de los mismos. La falsificación de medicamentos plantea, por tanto, un riesgo significativo para la salud y la seguridad públicas. Desafortunadamente, la delincuencia explota activa y despiadadamente el lucrativo mercado ilegal de medicamentos falsos, provocando decenas de miles de muertes (si no es que más) cada año[3]. La lucha contra la falsificación requiere leyes estrictas, pero también autoridades aduaneras, policiales y de procuración de justicia competentes.
• Las empresas farmacéuticas operan en un entorno complejo que involucra a muchas partes interesadas. Además de los socios contractuales que ya he mencionado, se incluyen los pacientes, los cuidadores, los médicos, los hospitales, el mundo académico, las autoridades sanitarias, etc. Dado que la salud del paciente está en juego, la industria farmacéutica está muy regulada. Para tener éxito, las empresas farmacéuticas deben cumplir estrictamente con todas las leyes y regulaciones aplicables, pero también deben ganarse la confianza de todas las partes interesadas. Esto requiere programas efectivos de ética y cumplimiento así como fuertes compromisos para encontrar soluciones para desafíos difíciles, como el acceso a una atención médica asequible. Sin embargo, estos esfuerzos solo pueden tener éxito si también existe un sistema de salud sólido en general. Creo que un sistema de salud solo puede ser fuerte si se basa en leyes y reglamentos claros y si estos son aplicados y cumplidos por órganos reguladores y tribunales que sean competentes y estén libres de corrupción.

Como expliqué anteriormente, el Estado de derecho es muy importante para las empresas farmacéuticas. Al mismo tiempo, el Estado de derecho también se correlaciona positivamente con la salud pública, como lo demuestra una publicación reciente del World Justice Project.[4] Por lo tanto, defender el Estado de derecho se ha vuelto aún más importante frente a la crisis de salud derivada del Covid-19.

[1] Las opiniones expresadas aquí son únicamente mías y no expresan la opinión de mi empleador. Este artículo fue traducido al español de la versión original en idioma inglés.

[2] IPFMA, “The New Frontiers of Biopharmaceutical Innovation”, 2012, https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/IFPMA_New_Frontiers_Biopharma_Innovation_2012_Web.pdf (accessed 28 March 2021).

[3] OECD, “Trade in Counterfeit Pharmaceutical Products, OECD, 2020”, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/a7c7e054-en/index.html?itemId=/content/publication/a7c7e054-en (accessed 28 March 2021).

[4] World Justice Project, “The Twin Crises of Public Health and the Rule of Law”, 2020, https://worldjusticeproject.org/news/twin-crises-public-health-and-rule-law, accessed 28 March 2021.