Dra. Erika Aifán Dávila

A los retos derivados de la emergencia sanitaria del Covid-19 y de la naturaleza compleja de procesos de crimen organizado y corrupción que enfrenta el Organismo Judicial en Guatemala, se suma la crisis de la independencia judicial provocada por factores internos y externos. En este contexto es que la independencia judicial en nuestro país es un derecho absoluto pero a la vez es un concepto relativo.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha sostenido que “el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha establecido que si no se cuenta con un juez independiente e imparcial, “se está ante un procedimiento viciado desde su origen”.

La independencia judicial a la vez que se trata de un derecho absoluto del que no podemos prescindir en su integralidad, es un concepto relativo, porque está integrado en diferentes formas de independencia que pueden ser congruentes entre sí o no. Se puede ser un juez independiente, pero no existir independencia institucional, al enfrentar múltiples riesgos y ataques desde la institucionalidad del país, bien sea proveniente de otros poderes del Estado o del propio Poder Judicial.

Es más fácil comprender esa relatividad del concepto de independencia judicial en Guatemala si observamos los ataques a través de medios y redes sociales, campañas de odio y de desprestigio, la instrumentalización de la Supervisión General de Tribunales que ha llegado incluso de manera impune a la sustracción de medios de prueba de descargo presentadas y la implantación de pruebas para obtener la destitución del juez o jueza. Se pueden incluir también amenazas, ataques, discriminación por género, falta de medidas de seguridad físicas, estructurales y digitales, filtración de información, perdida y/o sustracción de actuaciones procesales y evidencia, espionaje, falta de recursos humanos, materiales y financieros, exclusión sistemática de actividades académicas, hostigamiento articulado mediante la presentación simultanea de denuncias infundadas en el ámbito disciplinario y penal, y la falta de investigación y sanción de los hechos cometidos en contra de jueces. Así, la existencia de un juez independiente no es sinónimo de una justicia independiente.

Conscientes de que la protección efectiva de los derechos humanos y de un orden constitucional libre y democrático parte de la existencia de jueces independientes, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) ha realizado acciones concretas para la defensa y fortalecimiento de la independencia judicial, trascendiendo internacionalmente al ser la única asociación guatemalteca que forma parte de la Federación Centroamericana de Jueces, en la que ostenta la presidencia, de la Unión Internacional de Magistrados y tener en curso un proyecto de colaboración con el Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York.

Seguiremos trabajando para que la independencia de jueces no quede solamente como un concepto relativo, sino que se convierta en una realidad absoluta, con un sistema de justicia independiente que garantice condiciones institucionales de protección y capacidad a quienes impartimos justicia.

Ted Mayer, Integrante del Comité del Vance Center for International Justice, Hughes Hubbard & Reed 

Existen estudios que demuestran la relación entre un poder judicial estable e independiente, la inversión extranjera directa y el crecimiento económico. Como el socio director de un bufete internacional de abogados en la ciudad de Nueva York con más de un siglo de antigüedad, y como alguien que ha ejercido durante más de cuarenta años representando a clientes corporativos de todo el país y el mundo, esto no me sorprende.

En Nueva York somos muy conscientes que las empresas tienen la libertad de elegir dónde invertir y dónde establecer su domicilio. Nosotros competimos con otras ciudades del país y con otros centros financieros del mundo. Por esta razón, ha sido una prioridad para los tribunales, la abogacía organizada y la legislatura establecer a Nueva York como una jurisdicción donde prevalece el Estado de derecho en disputas comerciales, independientemente de la identidad de las partes.

La reputación para ser un lugar donde prevalece el Estado de derecho y la independencia judicial no se obtiene sin mucho trabajo. La historia nos recuerda que los tribunales de la ciudad de Nueva York tenían fama por sujetarse a influencia política, ser corruptos y politizados. Sin embargo, a través de la reforma en la selección de jueces y varios otros pasos a lo largo de los años, los tribunales se ganaron una reputación fuerte por su sofisticación, independencia, previsibilidad y equidad. Hoy en día, los tribunales de Nueva York son un ejemplo. Incluso, hay una ley en el estado de Nueva York (G.O.L. § 5-1401) que permite que las partes no residentes en Nueva York de una transacción comercial, elijan la legislación de Nueva York y sus tribunales para resolver controversias.

Algunos ejemplos de medidas que se han tomado incluyen que los candidatos judiciales son evaluados por colegios de abogados que representan una diversidad de especialidades y clientes. Hemos establecido una División Comercial con jueces que tienen experiencia en derecho comercial y son respetados por sus colegas. Por otro lado, para mantener a los jueces en altos estándares, contamos con un fiscal de distrito que es elegido popularmente que investiga activamente casos de corrupción. A finales de este año, una ex jueza presidenta de la División Comercial de uno de los distritos de la ciudad será juzgada por obstrucción de la justicia por  recibir miles de dólares en beneficios, incluido un viaje a Las Vegas, durante la investigación a una directora ejecutiva con quien fue amiga íntima.

Estos esfuerzos han tenido un papel muy importante para mantener a Nueva York como centro financiero y de negocios. Sin un sistema judicial justo, sería muy fácil que los bancos y otras empresas trasladen sus sedes a otras ciudades o países, con menos impuestos.

En mi experiencia personal como abogado, he confirmado las ventajas de trabajar en una jurisdicción que tiene una buena reputación de tener una judicatura independiente. Aunque hay mucha discusión acerca de la selección del derecho aplicable y la jurisdicción en una transacción, las contrapartes saben que cuando proponemos la ley y los tribunales de Nueva York, proponemos una jurisdicción predecible y justa. A su vez, cuando empresas que son nuestros clientes, consideran que los tribunales de otro estado de los Estados Unidos o de otro lugar del mundo están bajo la influencia de algún grupo en particular, inmediatamente hay un efecto en la voluntad de reconsiderar tener sus negocios en esa jurisdicción.

Lo que es cierto en Nueva York, que un poder judicial estable e independiente con autoridad real nos ha ayudado a prosperar, es cierto para otros lugares vecinos en el hemisferio. Expertos han verificado empíricamente la fuerte relación entre la integridad judicial y la Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina. Por ejemplo, un estudio de 2012 publicado por Joseph L. Staats y Glen Biglaiser en la revista académica International Studies Quarterly probó la hipótesis de que los países latinoamericanos con niveles más altos de independencia judicial y adherencia al Estado de derecho atraen una mayor cantidad de IED en comparación con los países que carecen de tales protecciones legales (p.194). El análisis de los autores, que incluyó 17 países de América Latina, incluyendo a Guatemala, midió la independencia judicial utilizando el puntaje de Estructura Legal y Seguridad de los Derechos de Propiedad del Instituto Fraser, que incorpora la independencia judicial, la imparcialidad de los tribunales, y la protección de los derechos de propiedad (p. 194 n.3, 195). Después de tomar en cuenta una serie de factores como el crecimiento del PIB, la apertura comercial, y la corrupción, los autores encontraron que la independencia judicial está sumamente correlacionada con la cantidad de IED, que viene de los Estados Unidos y de otras partes del mundo (p. 195-96).

Adicionalmente, una encuesta hecha por estos mismos autores a 66 directores ejecutivos de empresas estadounidenses con inversiones en América Latina encontró que la adherencia al Estado de derecho y la presencia de un sistema judicial eficiente y efectivo fueron elegidos como el primer y el cuarto factor, respectivamente, más importante entre 23 factores en total que se consideran al momento de decidir si se debe aumentar una inversión actual o comenzar una nueva (p. 196-200). Staats y Biglaiser demuestran que la independencia judicial respalda la confianza de los inversores porque una judicatura independiente puede evitar que actores gubernamentales expropien arbitrariamente la propiedad privada (p. 193). Además, un sistema judicial justo y eficiente proporciona un mecanismo eficaz para hacer cumplir los derechos contractuales sin tener que recurrir al arbitraje, y también apoya el crecimiento económico al aumentar la confianza en el Estado de derecho (p. 194). Como muestran estos estudios, la solidez e independencia del poder judicial guatemalteco es fundamental para la prosperidad futura de Guatemala.

Como solía decir mi viejo profesor de física que gozaba las demostraciones físicas: “Tener datos es bueno, pero tener datos más la experiencia es mucho mejor.” En mi experiencia, la importancia y el beneficio económico de un poder judicial independiente es imprescindible e innegable.

Agneta Johansson, Directora Ejecutiva, Consorcio Internacional de Asistencia Legal (ILAC)

El Congreso Guatemalteco recientemente bloqueó la juramentación de la magistrada Gloria Porras a la Corte de Constitucionalidad donde ejercería su tercer período como magistrada. En los últimos diez años como jueza en la Corte de Constitucionalidad, Porras ha ganado una reputación positiva debido a sus decisiones en materia de protección y garantía de los derechos humanos y el Estado de derecho. Sin embargo, la decisión del Congreso no es una sorpresa para nosotros que hemos observado la lucha guatemalteca por la independencia judicial. A lo largo de los años, la magistrada también se ha enfrentado a una serie de demandas, intentos de manchar su reputación y esfuerzos de despojarla de su inmunidad como jueza.

Pero la magistrada Porras no es la única que está siendo perseguida por simplemente hacer su trabajo como juzgadora. El Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados ha señalado que muchos jueces guatemaltecos están sujetos a “acoso judicial” – el abuso de la responsabilidad disciplinaria, civil y penal de los jueces va mucho más allá de lo que significa mantener a raya al poder judicial de manera justa.

El ILAC, junto con sus organizaciones miembros, ha observado con preocupación los repetidos ataques a la independencia judicial de Guatemala y la situación apremiante para los operadores de justicia del país. Antes del cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ILAC ya había alertado en su informe[i], publicado en 2018, que el Congreso de Guatemala necesitaba tomar medidas para afirmar su compromiso con el Estado de derecho y respetar plenamente la separación de poderes.

Los jueces son responsables de decidir sobre asuntos relacionados con la vida de los acusados y demandantes, enviar a las personas a la cárcel y aplicar multas. Deciden sobre asuntos familiares delicados y una variedad de cuestiones que afectan la vida y los derechos de las personas. Los jueces deben defender la seguridad jurídica, la imparcialidad, la independencia y, en última instancia, el Estado de derecho. Por lo tanto, queda claro que es necesario que los jueces rindan cuentas cuando se excedan en sus mandatos o si amenazan la independencia judicial. Sin embargo, ILAC ha recibido denuncias, a través de su red global, de ejemplos inquietantes de jueces y juezas quienes ven abusos de los mecanismos para rendir cuentas o han sido objeto de sanciones ‘encubiertas’ por el simple cumplimiento de su mandato profesional o el ejercicio de su libertad de expresión. Una tendencia preocupante descrita en el reciente resumen de políticas de ILAC[ii].

Guatemala es, lamentablemente, un excelente ejemplo del abuso de los mecanismos para la rendición de cuentas judiciales y de las sanciones “encubiertas” contra los jueces y juezas del país. Incluso las amenazas a la seguridad personal de los jueces son utilizadas sistemáticamente como táctica para intimidarlos y evitar que hagan su trabajo. Adicionalmente, como en muchos países del mundo, la pandemia de COVID-19 ha socavado aún más el Estado de derecho democrático en Guatemala, que ya se encontraba bajo una gran presión.

Esto apela la magistrada Porras a la comunidad internacional en su carta abierta: “Si no se respeta la autoridad de la Corte de Constitucionalidad, hay un riesgo real de consecuencias autoritarias que amenacen la democracia y los derechos de los ciudadanos. Para los observadores internacionales, la solidaridad con los problemas de nuestra nación también está en consonancia con el interés de garantizar la estabilidad de la región. Guatemala solo puede superar sus desafíos más apremiantes – combatir la pobreza y el hambre, crear oportunidades económicas para todos y reducir la migración irregular – si susinstituciones mantienen las aspiraciones y objetivos contenidos en la Constitución”[iii].

Además de afectar directamente a jueces, las sanciones indebidas tienen un efecto paralizador sobre el poder judicial en su conjunto, su capacidad para ejercer libremente su profesión y, consecuentemente, sobre el Estado de derecho y la estabilidad de Guatemala. Para ayudar a los jueces a repeler estos ataques, la comunidad internacional debe prestar más atención a la creciente vulnerabilidad de los jueces[iv] y su papel vital como guardianes del Estado de derecho.

Un esfuerzo de ILAC es que junto con nuestra organización miembro, el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional del Colegio de la Abogados de la Ciudad de Nueva York, estamos desarrollando una herramienta de seguimiento que monitoreará las quejas penales, administrativas, civiles y éticas en curso presentadas contra jueces, fiscales y defensores de los derechos humanos en Guatemala. El objetivo es aumentar la independencia y la transparencia judiciales y mejorar la confianza pública en las instituciones del sector justicia. Un documento de análisis también se publicará en 2021 y y brindará recomendaciones para evitar que las denuncias contra los operadores de justicia y otros se utilicen como una forma de intimidar a la administración de justicia.

Un poder judicial independiente y profesional y una sociedad basada en el respeto por el Estado de derecho democrático son partes indispensables de toda sociedad que aspira ser democrática y, por eso, debemos apoyar a los jueces, juezas y asociaciones como la AGJI que están al frente de esta lucha tan fundamental para la protección la independencia judicial y el Estado de derecho democrático.

[i] ILAC, Informe de Evaluación sobre el Estado de Derecho en Guatemala, 2018,

https://newilac.wpengine.com/wp-content/uploads/2018/08/GuatemalaWebb.pdf, (accedido el 28 de

abril de 2021).

[ii] ILAC, Jueces en la primera línea – ¿es posible que el Estado de derecho pierda a sus guardianes?,

2021, http://ilacnet.org/wp-content/uploads/2021/02/Los-jueces-en-la-primera-linea-.pdf (accedido el

28 de abril de 2021).

[iii] American Quartely, Guatemala’s Justice System Is at a Breaking Point, 2021,

https://www.americasquarterly.org/article/guatemalas-justice-system-is-at-a-breaking-point/ (accedido

el 28 de abril de 2021). – Traducción libre.

[iv] ILAC, Informe de la Evaluación de ILAC sobre el Estado de Derecho: Una ventana de oportunidad

Apoyo al Estado de Derecho en Guatemala, 2020, http://ilacnet.org/wpcontent/

uploads/2020/05/ILAC-Guatemala-informe-2020.pdf (accedido el 28 de abril de 2021).