Manfredo Marroquín.

La alianza en el poder y sus aliados tienen una agenda muy clara y decidida que incluye dos prioridades: restaurar la impunidad total que garantice el saqueo de las arcas y los recursos nacionales y perseguir y expulsar de sus puestos a todos los funcionarios de justicia que acompañaron la cruzada anticorrupción de los últimos 7 años.

Es un proyecto de país por medio del cual las élites políticas y económicas buscar borrar del mapa cualquier vestigio del legado que dejó la experiencia anticorrupción de CICIG que expuso ante toda la población, el esquema de poder basado en negociados corruptos y extorsiones que facilitan un sistema de acumulación de capital fácil y renovable cada cuatro años.

El acaso contra el fiscal jefe de la FECI Juan Francisco Sandoval y jueces independientes como Erika Aifan, Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xitumul y Yassmín Barrios, Gloria Porras y otros, comienza en las mismas instituciones a las que sirven. Se completa con ataques e intimidación en redes sociales pagadas por los aliados de gobierno afectados por las investigaciones y casos de corrupción y corona en el MP, donde acumulan una serie de denuncias espurias que no son desestimadas como corresponde, con el fin de mantenerlos en zozobra.

Dejar que esta política de Estado de acoso continúe hasta lograr su objetivo, es abandonar cualquier expectativa de cambio para el país. Daría lugar a que adquiera realidad el famoso dicho “el último que salga, que apague la luz” comúnmente usado para aquellos países donde la crisis parece no tocar fondo.

Guatemala es un país de gran potencial limitado desde hace muchas décadas por la captura que desarrollan grupos de poder de las instituciones que ponen a su servicio asegurando negocios y mercados altamente concentradores de la riqueza nacional.

Cualquier plan de desarrollo y crecimiento a futuro pasa inevitablemente por desmantelar el fenómeno de captura del Estado a fin que este pueda desempeñar sus funciones constitucionales sin ataduras y liberar todo el potencial que está adormecido por no tener las condiciones para su desarrollo.

La inversión extranjera es quizá uno de los indicadores más elocuentes para conocer la percepción qué hay sobre un país y en el caso de Guatemala está sigue estancada pese a un contexto Internacional favorable dado el interés de empresas norteamericanas por mover sus inversiones de China a lugares más cercanos a su territorio y así asegurar la cadena de suministros.

Pero minando y socavando el Estado de Derecho porque el sistema elitista no tolera a jueces independientes es un mensaje matador que ahuyenta no solo la inversión potencial por venir, sino la que ya tiene presencia en el país y observa como la justicia es una moneda de cambio entre políticos y élites.

Los jueces, juezas y fiscales bajo acoso merecen el apoyo y acompañamiento de la sociedad y la población pues representan la reserva moral y ética para acabar con el sistema depredador y corrupto que nos gobierna. Dejar que los linchen y expulsen de las posiciones que dignamente han desempeñado es entregar nuestro propio futuro a los designios de mafias que pretender legitimar su poder por medio de la cooptación de las instituciones del Estado.

Álvaro Castellanos Howell.

Al parecer, los guatemaltecos entendemos que la independencia, tanto la del Organismo Judicial como un todo, así como la de cada uno de los jueces de la República, es algo muy importante.

Se ha profundizado en la comprensión que este es un requisito infaltable del Estado de Derecho.

Pero, ¿qué tanto existe una verdadera determinación por parte de la ciudadanía de exigir y defender a toda costa dicha independencia?

Debo confesar, con pena, que me parece que a los guatemaltecos aún nos falta alcanzar ese grado de determinación. Quizás se deba a que nunca antes se había puesto en evidencia, como hasta ahora, el rol fundamental que tienen los jueces en nuestra sociedad para alcanzar aspiraciones comunes, como la de combatir la impunidad y otros flagelos sociales y a su vez, vivir en una sociedad más justa y equitativa.

Estamos ante un proceso de concienciación donde a un juez o a una jueza ya no los veamos como las “simples bocas inanimadas de la ley” (una noción decimonónica) sino como funcionarios de la más alta relevancia dentro de la institucionalidad del país.

Lo que deseo plantear brevemente, como punto de partida, es que la independencia judicial debe custodiarse tanto alrededor del poder judicial, como desde dentro del poder judicial (tutela exógena y tutela endógena). Y aunque ambas son igualmente importantes, si tuviera que escoger la que considero prioritaria, sería la de la tutela endógena.

Ciertamente, en la exógena, los primeros llamados en no afrontar este elemento esencial de la administración de justicia, son los otros poderes del Estado.

Por algo existen delitos como el de Violación a la Constitución (numeral 2º para ser más específico). No se puede olvidar que la propia Constitución establece en su artículo 203, segundo párrafo que “a quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público”.

Pero volviendo a la que denomino “tutela endógena”, a mi parecer, no hay forma de lograr verdadera independencia judicial, si la misma no se exige desde dentro. De poco sirve que los ciudadanos velen por ella, si los propios jueces no la reclaman vigorosamente.

Si dentro del propio Organismo Judicial se claudica en la tarea de vigilar celosamente por la independencia como garantía de funcionamiento constitucional a favor de los ciudadanos del país, estamos en presencia de una falla estructural de perniciosas consecuencias.

En ese sentido, es interesante tener presentes dos documentos que están llenos de contenidos deontológicos y principios fundamentales de derecho.

Me refiero al Código Modelo de Conducta Judicial de la American Bar Association (ABA)  de los Estados Unidos de América y al Estatuto del Juez Iberoamericano.

El primero lo cito como una especie de referencia comparativa de cómo se estima la conducta judicial en uno de los países que, en mi opinión, ha alcanzado una observancia real de la independencia judicial.

En el mencionado Código, cuya lectura recomiendo ampliamente, se establecen 4 cánones de conducta que deben cuidarse celosamente por los propios jueces.

Los dejo enunciados acá, pues son bastante elocuentes, aunque el texto en referencia los desarrolla ampliamente:

1.- Un Juez deberá mantener y promover la independencia, la integridad y la imparcialidad del Poder Judicial, y deberá evitar irregularidades y la apariencia de irregularidades.

2.- Un Juez deberá llevar a cabo las tareas de la función judicial de forma imparcial, competente y diligente.

3.- Un Juez deberá llevar a cabo las actividades personales y extrajudiciales de manera que minimice el riesgo de conflicto con las obligaciones de la función judicial.

4.- Un Juez o un candidato a ocupar una función judicial no deberá involucrarse en actividades políticas o de campaña que no concuerden con la independencia, la integridad o la imparcialidad del Poder Judicial.

Estas pautas de conducta judicial me parecen realmente de alcance universal, y la ciudadanía lo que debe hacer es apoyar y respaldar todo aquello que hagan los jueces para observar tales pautas. No hacerlo, sería una grave omisión.

Pero indudablemente, los jueces también tienen que contar con apoyo interno del poder al que pertenecen, y unirse lo más graníticamente posible para poder hacer realidad cánones de conducta como los antes mencionados.

Y eso me lleva al otro documento, el Estatuto del Juez Iberoamericano (suscrito oportunamente por el Organismo Judicial de Guatemala).

En este Estatuto, hay aspectos que coinciden mucho con los cánones antes referidos. Pero la razón principal por la que me parece relevante mencionarlo, es porque precisamente, para poder materializar la obligación interna o endógena de independencia, los jueces tienen reconocido el derecho de asociación profesional (art. 36). Más allá de velar por intereses comunes legítimos, el derecho de asociación tiene como pináculo de sus objetivos, el unir esfuerzos para defender su independencia, pues como lo dice con meridiana claridad el primer Considerando del Estatuto, “el Poder Judicial debe evolucionar hacia la consecuencia o consolidación de su independencia, no como privilegio de los jueces, sino como derecho de los ciudadanos y garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de Derecho que asegure una justicia accesible, eficiente y previsible”. Esto es algo que ha comprendido a cabalidad la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, y por ello, debe recibir todo el apoyo tanto endógeno como exógeno. El acompañamiento ciudadano a la misma es una obligación inclusive de dimensión constitucional.

No desaprovechemos esta luz que alumbra desde adentro.

Dr. Rolando Escobar Menaldo

La administración de justicia en un Estado libre y democrático, reviste notable importancia, tomando en cuenta que la justicia ha permanecido siempre estrechamente unida a la libertad humana, hasta el punto de afirmar que ningún pueblo en la tierra ha gozado de verdadera libertad, mientras no ha tenido asegurada la justicia.  Bien lo decía Harold Laski, cuando sostenía que si conocemos la forma en que actúa la administración de justicia de un Estado, conoceremos también su nivel moral.

La función jurisdiccional en el Estado debe desarrollarse con una emancipación directa, distinta e independiente de las funciones de los otros órganos del mismo, los que solamente deberán prestar el auxilio que se requiera para el cumplimiento de sus resoluciones, así lo establecen tanto los tratados internacionales como nuestra propia Carta Magna, cuando hace referencia a la independencia del Organismo Judicial y la potestad de juzgar.

No obstante, la destacada relevancia que todos los Estados civilizados y libres del mundo han asignado a la función jurisdiccional, es en épocas relativamente recientes cuando surge la concepción de una verdadera administración de justicia independiente, basada en el principio de la división de poderes y de la especialidad técnica que dicha función reclama.

Esta función del Estado, debe tener la concepción de una absoluta independencia respecto a las otras funciones y de los mismos sectores del entorno social, que en muchos casos presionan, menoscabando esa independencia, razón por la cual, como indicamos, el propio texto constitucional garantiza esa exclusividad.

La independencia judicial es una condición indispensable para la existencia de un Estado democrático de Derecho, como reiteradamente se ha expresado, así también lo han determinado varios instrumentos internacionales, como la jurisprudencia interamericana, que establecen la importancia de la misma para garantizar el respeto de los derechos humanos en nuestras sociedades.

De acuerdo a lo expresado, ¿Qué entendemos por Independencia Judicial? Hay varias definiciones sobre ello, pero resumiendo éstas, concebimos la independencia judicial, como la garantía instituida para que, quienes tienen a su cargo la tarea de impartir justicia de los hechos sometidos a su examen, lo hagan razonablemente, racionalmente y, sobre todo, libres de influencias externas; significa, asimismo, un límite concreto a los demás poderes del Estado, frenando toda intromisión indebida por cualquier medio, en las decisiones judiciales. La podemos entender, por lo tanto, en tres sentidos: el primero en relación a la independencia del Poder Judicial frente a los otros poderes; el segundo en relación a la independencia judicial como valor; y el tercero la independencia judicial como atributo de la propia jurisdicción.

Respecto a la importancia de esta garantía constitucional, cabe destacar que no solamente está dirigida a los jueces y magistrados, sino que se encuentra establecida en resguardo de todo el Poder judicial, y de la propia sociedad que se beneficia de esa garantía, pues contribuye a dar seguridad jurídica y preservar el estado de derecho y el sistema republicano de gobierno. Adicionalmente, estando bien definida y aplicada esa independencia, se minimiza el riesgo de cualquier intromisión, sea de algún otro poder o de particulares, que pretenda presionar para que las decisiones judiciales se tomen atendiendo a otro tipo de interés y no a los que le corresponde, y, por tanto, se garantiza la aplicación de la justicia de acuerdo a la ley.

El Poder Judicial tiene una función tan importante, como encargado de juzgar los casos concretos sometidos a su examen y ser un contrapeso para los demás poderes del Estado, jamás puede recibir directivas de los demás acerca de cómo deberán ser sus decisiones, ni hallarse indirectamente compelido o determinado a dilucidar una cuestión en sentido direccionado, por amenazas latentes o cualquier interés de otra naturaleza. Otro elemento importante en la independencia judicial, es que tiene una función de control respecto a los casos sometidos a la jurisdicción, relacionada con las acciones de los otros organismos del Estado para que éstas se realicen de conformidad a la Constitución y la ley.

El valor de esta garantía de independencia judicial constituye también una custodia a la ciudadanía, asegurándole una recta administración de justicia, imparcial, ecuánime, equitativa, apolítica; si no fuere así, sería imposible realizar el valor justicia con esas características. Por ello, reiteramos, que la independencia judicial, constituye un baluarte que goza un ciudadano común frente a los abusos del poder o de sus semejantes, que hacen posible el derecho a la tutela judicial efectiva.

La independencia judicial en nuestro país, presenta los siguientes desafíos:

Mecanismo de nombramiento de los juzgadores: es una realidad que el actual procedimiento de selección de quienes imparten justicia ha dejado de tener imparcialidad y se ha convertido en la oportunidad para que algunos sectores influyan en las Comisiones de Postulación y en el propio Congreso de la República, a efecto de que ciertos integrantes de estas instancias, atiendan requerimientos que no son acordes a los principios que la propia Ley de Comisiones de Postulación establece como: transparencia, excelencia profesional, objetividad, publicidad. Si estos entes no actúan de acuerdo a la ley y están proclives a las presiones de los lobbies políticos, sociales y económicos, incidirá directamente en la independencia judicial, pues al ocupar los cargos las personas elegidas, estarán condicionadas, no atenderán su función constitucional como debe ser, sino a otros intereses.  Por tales razones, en nuestra opinión, se hace necesaria una reforma constitucional respecto a esa forma de selección.

La falta de carrera judicial: otro elemento que incide en la independencia judicial, es que no existe una verdadera carrera judicial en Guatemala, pues la normativa al respecto, solamente aplica para los jueces de paz y de instancia, no a los otros que tienen jerarquía distinta y que son electos de otra forma. Cabe indicar que la propia Ley de la Carrera Judicial cuando hace referencia a los principios que rigen la misma, señala como el primero, la independencia, que constituye un elemento básico e importante, a efecto que no haya una manipulación de la justicia.

La falta de estabilidad: La existencia de una carrera judicial, facilitaría, además, la estabilidad de los administradores de justicia, donde la evaluación de su desempeño resultaría fundamental. La movilidad constante y la inexistencia de una evaluación periódica del desempeño, las capacidades, experiencia, estudios, etc., inciden de manera negativa en que se dé una verdadera independencia judicial.

La limitada independencia económica: El organismo judicial tiene un porcentaje del presupuesto de la Nación constitucionalmente asignado que no le permite cubrir todas sus necesidades, por lo que, en la independencia judicial en nuestro país, también incide la parte económica, la cual no puede seguir condicionada a la voluntad del ejecutivo y legislativo que puede derivar como dijimos, en una sutil forma de condicionamiento de esa independencia. Fondos que también deben ser bien utilizados, para que los administradores de justicia cumplan eficientemente sus obligaciones, por la modernización de la justicia, para procurar que ésta sea pronta y eficaz.

La independencia judicial no solo debe quedar plasmada en los textos legales, debe también la sociedad misma procurar porque ésta se cumpla, ya que al final, somos sus integrantes los beneficiados de que la justicia sea independiente. Esa labor nos corresponde a todos los guatemaltecos a través de diferentes instancias, ejemplo que encuentro de ello, es la labor que realiza la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, que tienen como misión y visión, promover la democratización e independencia de la función judicial y el fortalecimiento de la dignidad e imparcialidad. Es una asociación reconocida a nivel nacional e internacional que procura generar confianza en la población guatemalteca de que sus agremiadas y agremiados, que son juezas y jueces, que están administrando correctamente la justicia en búsqueda de la paz social. Sus distintas acciones permiten no solamente fortalecer las capacidades de sus integrantes, sino también concientizar a la población en la importancia que tiene esta garantía constitucional en la vida misma del Estado.

Por consiguiente, es nuestro deber consumar una profunda transformación en la manera en que concebimos la independencia judicial, la enseñamos, interpretamos, y aplicamos, es un desafío ambicioso, pero urgente, teniendo en cuenta el requerimiento de justicia imparcial, expedita, sin influencias, que clama la colectividad. Una democracia sobrevive si una nación logra identificar un fin colectivo, y, en los tiempos actuales, la independencia de la justicia, figura entre los de especial relevancia, para lograr la paz y un verdadero Estado de Derecho, debiendo ser un instrumento del progreso, que responda a las necesidades y expectativas comunes.