A través de un pronunciamiento, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), manifestó su preocupación por los hechos denunciados por el Juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien denunció haber sido seguido en vehículos sin placas.
Según la AGJI, los actos señalados afectan la integridad de Gálvez y socavan la independencia judicial depositada en la función que ejerce. A la vez, se solidarizan con el juzgador y ofrecen apoyo y acompañamiento ante lo expuesto. “Estamos conscientes que todo ataque y persecución ilegítima contra un juez independiente, es una afrenta contra todo el Organismo Judicial”, puntualiza el comunicado.
En esa línea, piden actuar al Ministerio Público y Ministerio de Gobernación, “exigimos públicamente al Ministerio Público y al Ministerio de Gobernación la inmediata investigación de tales hechos e identifiquen a los actores materiales e intelectuales para evitar que dichas prácticas se constituyan en un mecanismo de intimidación o venganza en contra de jueces independientes”, se lee en el documento.
La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, mostró su preocupación ante la denuncia del Juez Miguel Ángel Gálvez de ser perseguido por vehículos sin placas y exigió al MP una inmediata investigación. pic.twitter.com/ummN7meGrP
— Diario La Hora (@lahoragt) June 16, 2021
DE DÓNDE SURGE LA DENUNCIA DE GÁLVEZ?
Durante la audiencia de primera declaración de los seis implicados en el caso Diario Militar, Gálvez, denunció que vehículos sin placas le han estado dando seguimiento. Dichas declaraciones se evidenciaron en un video del noticiero Canal Antigua, en donde el juzgador deja ver su preocupación al respecto.
Además, el juzgador indica que espera que este seguimiento no tenga que ver con el proceso en el cual los detenidos por el caso Diario Militar fueron ligados a proceso penal la semana pasada.
ESTO ARGUMENTA EL OJ En respuesta, el OJ aseguró que Gálvez no ha reportado ni a la Dirección Institucional, ni a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobre alguna persecución o seguimiento de vehículos sin placas. Agregan que el hecho tampoco fue reportado por el personal asignado a la seguridad del juzgador, sumado a que él se encuentra de vacaciones. Además, refieren las medidas cautelares y aseguran que “en todo momento” se encuentra resguardado y con un “alto esquema de seguridad correspondiente al cargo que ostenta”. En el pronunciamiento el OJ y la CSJ destacan que “lamentan y repudian cualquier hecho que atente contra la seguridad de jueces y magistrados, en su función de administrar justicia”. Sobre lo expuesto por el OJ, la AGJI señala que, “esas declaraciones que pretenden restarle importancia a la gravedad de los hechos denunciados”, aseveran. Asimismo, recuerdan que, si bien es cierto, el Juez Gálvez cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cumplimiento de las mismas, implica que el Estado actúe con debida diligencia para garantizar la seguridad del juzgador y de su familia.Finalmente citan al abogado Eduardo J. Couture con la frase “el día que los jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo”.
FuenteSegunda jornada de la Conferencia: “La Justicia en Guatemala. Desafíos y oportunidades” dirigida a estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas de distintas universidades del país.
Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo del juez Carlos Ruano, Presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad –AGJI-, quien agradeció la participación de las y los estudiantes, incentivándolos a participar e informarse del sistema de justicia, para exigir sus derechos. Que este tipo de actividades tienen como fin que la AGJI se acerque a la ciudadanía y que los jueces y juezas interactúen con estudiantes de Derechos y Ciencias Políticas, para compartir experiencias y desafíos del quehacer jurisdiccional, toda vez que serán ellos quienes en el futuro formarán parte del Organismo Judicial
Asimismo, en su intervención la licenciada Patricia García de Eskenazy, Directora del Fondo de Reformas Estructurales de la Cooperación Técnica GIZ alemana, resaltó la importancia de este tipo de eventos para discutir y aprender del sistema judicial guatemalteco. Y que la actividad se desarrolló dentro del proyecto: “Reforma del Sector Justicia en Materia de Independencia Judicial” para promover y fortalecer la independencia judicial, a través de este tipo de actividades académicas y de grupos de debate.
El evento se desarrolló con la moderación de la jueza Dinora Martínez Rodas, quien expuso como objetivos de la actividad, la discusión y análisis de temas muy importantes para la integración del Organismo Judicial y en garantía de la independencia judicial. Asimismo, resaltó la importancia de la integración de altas cortes con base en procedimientos alejados de grupos de poder, políticos o económicos; sino que, deben basarse en méritos de capacidad, idoneidad y honorabilidad, para que sean los mejores profesionales quienes desempeñen esta función tan importante y fortalezcan el estado de Derecho.
Las exposiciones estuvieron a cargo del abogado constitucionalista Alejandro Balsells conde, egresado de la Universidad Rafael Landívar, con amplia experiencia en temas de derechos humanos, Derecho Constitucional y Electoral, columnista en un medio de comunicación y catedrático universitario. El licenciado en Historia José Alfredo Calderón, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, analista y consultor, columnista de un medio de comunicación, quien expuso sobre el contexto político de base para la elección de cortes, la cooptación del Estado y el sistema de justicia, los desafíos y oportunidades para la integración de las cortes de justicia.
Finalizó la actividad con la participación activa de las y los estudiantes, quienes demostraron mucho interés en el tema.
La próxima semana, finalizará la serie de conferencias, donde representantes de organizaciones de sociedad civil, tendrán la oportunidad de discutir y analizar el contexto actual e histórico, que generan desafíos y oportunidades para la administración de justicia en Guatemala.
Expertos discuten proceso de selección, nombramiento y designación de magistrados en el Organismo Judicial.
El abogado constitucionalista Alejandro Balsells y el historiador José Alfredo Calderón presentaron sus análisis, en un evento organizado por la Asociación de Jueces por la Integridad para debatir los retos y desafíos del sistema de justicia en Guatemala.
La discusión permitió el intercambio entre jueces y juezas del Organismo Judicial sobre sus experiencias personales y sus ideas sobre posibles soluciones y enfoques para fortalecer la justicia guatemalteca. Estuvo a cargo de moderar la Jueza de Mayor Riesgo B e integrante de AGJI, Erika Aifán. Además, se contó con la participación de la Licda. Paola Hidalgo, en representación de la Agencia de Cooperación Alemana en Guatemala y de Rolando Barrera, Presidente del Consejo de la Carrera Judicial.
Como parte de la discusión, se abordaron elementos como el contexto político de la actual elección de cortes, el interés e impacto de distintos grupos que inciden sobre el proceso de designación de jueces y magistrados, así como el proceso histórico por medio del cual ha evolucionado la gradual cooptación del Sistema de Justicia.
En este sentido, se abordaron también las oportunidades para fortalecer la independencia judicial, enfatizando el elemento de la independencia y protección de las y los jueces que actúan en estricto apego a derecho. Para ello, se analizaron las ventanas de oportunidad que existen en la actual coyuntura nacional y en el marco de la nueva administración de gobierno en Estados Unidos.
La actividad contó con el apoyo de la Agencia de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit –GIZ– en Guatemala, que brinda apoyo técnico a la AGJI en el marco del Proyecto “Reforma del Sector Justicia en Materia de Independencia Judicial”. Este tiene el objetivo de promover y fortalecer la independencia judicial, a través de actividades académicas y grupos de debate sobre la necesidad de la creación de una carrera judicial que asegure, transparencia y objetividad en la selección y nombramiento de magistrados de las altas Cortes del Poder Judicial.
Tras este evento inicial, la temática se abordará con estudiantes de ciencias jurídicas y ciencias políticas el próximo 1 de junio, así como con representantes de la sociedad civil el 8 de junio. Si desea participar, escriba a agjiguate@gmail.com
Dra. Erika Aifán Dávila
A los retos derivados de la emergencia sanitaria del Covid-19 y de la naturaleza compleja de procesos de crimen organizado y corrupción que enfrenta el Organismo Judicial en Guatemala, se suma la crisis de la independencia judicial provocada por factores internos y externos. En este contexto es que la independencia judicial en nuestro país es un derecho absoluto pero a la vez es un concepto relativo.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha sostenido que “el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha establecido que si no se cuenta con un juez independiente e imparcial, “se está ante un procedimiento viciado desde su origen”.
La independencia judicial a la vez que se trata de un derecho absoluto del que no podemos prescindir en su integralidad, es un concepto relativo, porque está integrado en diferentes formas de independencia que pueden ser congruentes entre sí o no. Se puede ser un juez independiente, pero no existir independencia institucional, al enfrentar múltiples riesgos y ataques desde la institucionalidad del país, bien sea proveniente de otros poderes del Estado o del propio Poder Judicial.
Es más fácil comprender esa relatividad del concepto de independencia judicial en Guatemala si observamos los ataques a través de medios y redes sociales, campañas de odio y de desprestigio, la instrumentalización de la Supervisión General de Tribunales que ha llegado incluso de manera impune a la sustracción de medios de prueba de descargo presentadas y la implantación de pruebas para obtener la destitución del juez o jueza. Se pueden incluir también amenazas, ataques, discriminación por género, falta de medidas de seguridad físicas, estructurales y digitales, filtración de información, perdida y/o sustracción de actuaciones procesales y evidencia, espionaje, falta de recursos humanos, materiales y financieros, exclusión sistemática de actividades académicas, hostigamiento articulado mediante la presentación simultanea de denuncias infundadas en el ámbito disciplinario y penal, y la falta de investigación y sanción de los hechos cometidos en contra de jueces. Así, la existencia de un juez independiente no es sinónimo de una justicia independiente.
Conscientes de que la protección efectiva de los derechos humanos y de un orden constitucional libre y democrático parte de la existencia de jueces independientes, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) ha realizado acciones concretas para la defensa y fortalecimiento de la independencia judicial, trascendiendo internacionalmente al ser la única asociación guatemalteca que forma parte de la Federación Centroamericana de Jueces, en la que ostenta la presidencia, de la Unión Internacional de Magistrados y tener en curso un proyecto de colaboración con el Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York.
Seguiremos trabajando para que la independencia de jueces no quede solamente como un concepto relativo, sino que se convierta en una realidad absoluta, con un sistema de justicia independiente que garantice condiciones institucionales de protección y capacidad a quienes impartimos justicia.
Ted Mayer, Integrante del Comité del Vance Center for International Justice, Hughes Hubbard & Reed
Existen estudios que demuestran la relación entre un poder judicial estable e independiente, la inversión extranjera directa y el crecimiento económico. Como el socio director de un bufete internacional de abogados en la ciudad de Nueva York con más de un siglo de antigüedad, y como alguien que ha ejercido durante más de cuarenta años representando a clientes corporativos de todo el país y el mundo, esto no me sorprende.
En Nueva York somos muy conscientes que las empresas tienen la libertad de elegir dónde invertir y dónde establecer su domicilio. Nosotros competimos con otras ciudades del país y con otros centros financieros del mundo. Por esta razón, ha sido una prioridad para los tribunales, la abogacía organizada y la legislatura establecer a Nueva York como una jurisdicción donde prevalece el Estado de derecho en disputas comerciales, independientemente de la identidad de las partes.
La reputación para ser un lugar donde prevalece el Estado de derecho y la independencia judicial no se obtiene sin mucho trabajo. La historia nos recuerda que los tribunales de la ciudad de Nueva York tenían fama por sujetarse a influencia política, ser corruptos y politizados. Sin embargo, a través de la reforma en la selección de jueces y varios otros pasos a lo largo de los años, los tribunales se ganaron una reputación fuerte por su sofisticación, independencia, previsibilidad y equidad. Hoy en día, los tribunales de Nueva York son un ejemplo. Incluso, hay una ley en el estado de Nueva York (G.O.L. § 5-1401) que permite que las partes no residentes en Nueva York de una transacción comercial, elijan la legislación de Nueva York y sus tribunales para resolver controversias.
Algunos ejemplos de medidas que se han tomado incluyen que los candidatos judiciales son evaluados por colegios de abogados que representan una diversidad de especialidades y clientes. Hemos establecido una División Comercial con jueces que tienen experiencia en derecho comercial y son respetados por sus colegas. Por otro lado, para mantener a los jueces en altos estándares, contamos con un fiscal de distrito que es elegido popularmente que investiga activamente casos de corrupción. A finales de este año, una ex jueza presidenta de la División Comercial de uno de los distritos de la ciudad será juzgada por obstrucción de la justicia por recibir miles de dólares en beneficios, incluido un viaje a Las Vegas, durante la investigación a una directora ejecutiva con quien fue amiga íntima.
Estos esfuerzos han tenido un papel muy importante para mantener a Nueva York como centro financiero y de negocios. Sin un sistema judicial justo, sería muy fácil que los bancos y otras empresas trasladen sus sedes a otras ciudades o países, con menos impuestos.
En mi experiencia personal como abogado, he confirmado las ventajas de trabajar en una jurisdicción que tiene una buena reputación de tener una judicatura independiente. Aunque hay mucha discusión acerca de la selección del derecho aplicable y la jurisdicción en una transacción, las contrapartes saben que cuando proponemos la ley y los tribunales de Nueva York, proponemos una jurisdicción predecible y justa. A su vez, cuando empresas que son nuestros clientes, consideran que los tribunales de otro estado de los Estados Unidos o de otro lugar del mundo están bajo la influencia de algún grupo en particular, inmediatamente hay un efecto en la voluntad de reconsiderar tener sus negocios en esa jurisdicción.
Lo que es cierto en Nueva York, que un poder judicial estable e independiente con autoridad real nos ha ayudado a prosperar, es cierto para otros lugares vecinos en el hemisferio. Expertos han verificado empíricamente la fuerte relación entre la integridad judicial y la Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina. Por ejemplo, un estudio de 2012 publicado por Joseph L. Staats y Glen Biglaiser en la revista académica International Studies Quarterly probó la hipótesis de que los países latinoamericanos con niveles más altos de independencia judicial y adherencia al Estado de derecho atraen una mayor cantidad de IED en comparación con los países que carecen de tales protecciones legales (p.194). El análisis de los autores, que incluyó 17 países de América Latina, incluyendo a Guatemala, midió la independencia judicial utilizando el puntaje de Estructura Legal y Seguridad de los Derechos de Propiedad del Instituto Fraser, que incorpora la independencia judicial, la imparcialidad de los tribunales, y la protección de los derechos de propiedad (p. 194 n.3, 195). Después de tomar en cuenta una serie de factores como el crecimiento del PIB, la apertura comercial, y la corrupción, los autores encontraron que la independencia judicial está sumamente correlacionada con la cantidad de IED, que viene de los Estados Unidos y de otras partes del mundo (p. 195-96).
Adicionalmente, una encuesta hecha por estos mismos autores a 66 directores ejecutivos de empresas estadounidenses con inversiones en América Latina encontró que la adherencia al Estado de derecho y la presencia de un sistema judicial eficiente y efectivo fueron elegidos como el primer y el cuarto factor, respectivamente, más importante entre 23 factores en total que se consideran al momento de decidir si se debe aumentar una inversión actual o comenzar una nueva (p. 196-200). Staats y Biglaiser demuestran que la independencia judicial respalda la confianza de los inversores porque una judicatura independiente puede evitar que actores gubernamentales expropien arbitrariamente la propiedad privada (p. 193). Además, un sistema judicial justo y eficiente proporciona un mecanismo eficaz para hacer cumplir los derechos contractuales sin tener que recurrir al arbitraje, y también apoya el crecimiento económico al aumentar la confianza en el Estado de derecho (p. 194). Como muestran estos estudios, la solidez e independencia del poder judicial guatemalteco es fundamental para la prosperidad futura de Guatemala.
Como solía decir mi viejo profesor de física que gozaba las demostraciones físicas: “Tener datos es bueno, pero tener datos más la experiencia es mucho mejor.” En mi experiencia, la importancia y el beneficio económico de un poder judicial independiente es imprescindible e innegable.
Agneta Johansson, Directora Ejecutiva, Consorcio Internacional de Asistencia Legal (ILAC)
El Congreso Guatemalteco recientemente bloqueó la juramentación de la magistrada Gloria Porras a la Corte de Constitucionalidad donde ejercería su tercer período como magistrada. En los últimos diez años como jueza en la Corte de Constitucionalidad, Porras ha ganado una reputación positiva debido a sus decisiones en materia de protección y garantía de los derechos humanos y el Estado de derecho. Sin embargo, la decisión del Congreso no es una sorpresa para nosotros que hemos observado la lucha guatemalteca por la independencia judicial. A lo largo de los años, la magistrada también se ha enfrentado a una serie de demandas, intentos de manchar su reputación y esfuerzos de despojarla de su inmunidad como jueza.
Pero la magistrada Porras no es la única que está siendo perseguida por simplemente hacer su trabajo como juzgadora. El Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados ha señalado que muchos jueces guatemaltecos están sujetos a “acoso judicial” – el abuso de la responsabilidad disciplinaria, civil y penal de los jueces va mucho más allá de lo que significa mantener a raya al poder judicial de manera justa.
El ILAC, junto con sus organizaciones miembros, ha observado con preocupación los repetidos ataques a la independencia judicial de Guatemala y la situación apremiante para los operadores de justicia del país. Antes del cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ILAC ya había alertado en su informe[i], publicado en 2018, que el Congreso de Guatemala necesitaba tomar medidas para afirmar su compromiso con el Estado de derecho y respetar plenamente la separación de poderes.
Los jueces son responsables de decidir sobre asuntos relacionados con la vida de los acusados y demandantes, enviar a las personas a la cárcel y aplicar multas. Deciden sobre asuntos familiares delicados y una variedad de cuestiones que afectan la vida y los derechos de las personas. Los jueces deben defender la seguridad jurídica, la imparcialidad, la independencia y, en última instancia, el Estado de derecho. Por lo tanto, queda claro que es necesario que los jueces rindan cuentas cuando se excedan en sus mandatos o si amenazan la independencia judicial. Sin embargo, ILAC ha recibido denuncias, a través de su red global, de ejemplos inquietantes de jueces y juezas quienes ven abusos de los mecanismos para rendir cuentas o han sido objeto de sanciones ‘encubiertas’ por el simple cumplimiento de su mandato profesional o el ejercicio de su libertad de expresión. Una tendencia preocupante descrita en el reciente resumen de políticas de ILAC[ii].
Guatemala es, lamentablemente, un excelente ejemplo del abuso de los mecanismos para la rendición de cuentas judiciales y de las sanciones “encubiertas” contra los jueces y juezas del país. Incluso las amenazas a la seguridad personal de los jueces son utilizadas sistemáticamente como táctica para intimidarlos y evitar que hagan su trabajo. Adicionalmente, como en muchos países del mundo, la pandemia de COVID-19 ha socavado aún más el Estado de derecho democrático en Guatemala, que ya se encontraba bajo una gran presión.
Esto apela la magistrada Porras a la comunidad internacional en su carta abierta: “Si no se respeta la autoridad de la Corte de Constitucionalidad, hay un riesgo real de consecuencias autoritarias que amenacen la democracia y los derechos de los ciudadanos. Para los observadores internacionales, la solidaridad con los problemas de nuestra nación también está en consonancia con el interés de garantizar la estabilidad de la región. Guatemala solo puede superar sus desafíos más apremiantes – combatir la pobreza y el hambre, crear oportunidades económicas para todos y reducir la migración irregular – si susinstituciones mantienen las aspiraciones y objetivos contenidos en la Constitución”[iii].
Además de afectar directamente a jueces, las sanciones indebidas tienen un efecto paralizador sobre el poder judicial en su conjunto, su capacidad para ejercer libremente su profesión y, consecuentemente, sobre el Estado de derecho y la estabilidad de Guatemala. Para ayudar a los jueces a repeler estos ataques, la comunidad internacional debe prestar más atención a la creciente vulnerabilidad de los jueces[iv] y su papel vital como guardianes del Estado de derecho.
Un esfuerzo de ILAC es que junto con nuestra organización miembro, el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional del Colegio de la Abogados de la Ciudad de Nueva York, estamos desarrollando una herramienta de seguimiento que monitoreará las quejas penales, administrativas, civiles y éticas en curso presentadas contra jueces, fiscales y defensores de los derechos humanos en Guatemala. El objetivo es aumentar la independencia y la transparencia judiciales y mejorar la confianza pública en las instituciones del sector justicia. Un documento de análisis también se publicará en 2021 y y brindará recomendaciones para evitar que las denuncias contra los operadores de justicia y otros se utilicen como una forma de intimidar a la administración de justicia.
Un poder judicial independiente y profesional y una sociedad basada en el respeto por el Estado de derecho democrático son partes indispensables de toda sociedad que aspira ser democrática y, por eso, debemos apoyar a los jueces, juezas y asociaciones como la AGJI que están al frente de esta lucha tan fundamental para la protección la independencia judicial y el Estado de derecho democrático.
[i] ILAC, Informe de Evaluación sobre el Estado de Derecho en Guatemala, 2018,
https://newilac.wpengine.com/wp-content/uploads/2018/08/GuatemalaWebb.pdf, (accedido el 28 de
abril de 2021).
[ii] ILAC, Jueces en la primera línea – ¿es posible que el Estado de derecho pierda a sus guardianes?,
2021, http://ilacnet.org/wp-content/uploads/2021/02/Los-jueces-en-la-primera-linea-.pdf (accedido el
28 de abril de 2021).
[iii] American Quartely, Guatemala’s Justice System Is at a Breaking Point, 2021,
https://www.americasquarterly.org/article/guatemalas-justice-system-is-at-a-breaking-point/ (accedido
el 28 de abril de 2021). – Traducción libre.
[iv] ILAC, Informe de la Evaluación de ILAC sobre el Estado de Derecho: Una ventana de oportunidad
Apoyo al Estado de Derecho en Guatemala, 2020, http://ilacnet.org/wpcontent/
uploads/2020/05/ILAC-Guatemala-informe-2020.pdf (accedido el 28 de abril de 2021).
Alberto Mora, Director Ejecutivo Asociado, American Bar Association
Guatemala ha estado a la vanguardia en América Latina en hacer un esfuerzo institucional para combatir la corrupción y la captura de instituciones gubernamentales por redes ilícitas. Me he sentido inspirado por el trabajo valiente y ejemplar de los jueces de los tribunales de alto riesgo, la fiscalía contra la impunidad (FECI) y los magistrados de la Corte Constitucional que han defendido la Constitución guatemalteca para enfrentar estos desafíos, incluso frente a amenazas graves en contra de su integridad.
Hace unos meses decía que era un momento crucial en Guatemala, el proceso que avanzaba en la selección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema iba a determinar si los avances de la última década continuarían o se estancarían. Después de un proceso cuestionado en la selección de siete magistrados/as de la nueva corte de constitucionalidad y a más de un año sin que el congreso de Guatemala seleccione a la nueva Corte de Justicia, puedo afirmar que esos avances están bajo seria amenaza. En este momento, el Congreso se niega a sentar a una magistrada que fue legítimamente seleccionada.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala es la última línea de defensa en la lucha contra la impunidad. Sin un tribunal independiente, la capacidad para procesar al crimen organizado y a los corruptores del sistema y así brindar la certeza judicial necesaria para asegurar el desarrollo económico, colapsará. Entre otras cuestiones importantes, el desarrollo económico depende de la capacidad de los tribunales para resolver disputas de manera equitativa y brindar certeza judicial. ¿Una empresa transnacional invertirá en Guatemala si sabe que necesita obtener una licencia de un ministerio local donde dichas licencias se otorgan de manera rutinaria, no a los más calificados, sino a los que están dispuestos a pagar el mayor soborno? Las empresas ciertamente lo pensarán dos veces antes de invertir en un país caracterizado por tal corrupción.
Mis amigos de la comunidad empresarial de Guatemala me han dicho que uno de los principales problemas en los tribunales son las demoras y los cuellos de botella. Es cierto que esto es parte del problema, pero no es el problema real. Hay varios problemas: a algunos jueces y fiscales se les da la opción de omitir acciones criminales o de ser acosados hasta muchas veces tener que dejar el país. Ante tal presión, no puede haber independencia ni certeza judiciales. Otros jueces son partes de redes de tráfico de influencias y otros que sirven los intereses de algunos pocos. Un sistema sólido requiere jueces competentes, probos, honestos, honorables e independientes.
Durante los últimos 150 años, la organización a la que represento, el Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA) ha trabajado para promover el estado de derecho en los Estados Unidos y en todo el mundo. Es la asociación profesional más grande de los Estados Unidos y tiene miembros de todo el mundo, incluidos abogados, fiscales y jueces. La Iniciativa de Estado de Derecho de la ABA y el Centro de Derechos Humanos, que trabajan fortalecer la capacidad del sector de la justicia y la sociedad civil en otros países y proteger a los defensores/as de los derechos humanos en situación de riesgo, han apoyado durante los últimos diez años los esfuerzos del sector justicia y la sociedad civil en Guatemala.
En Guatemala hemos brindado capacitación forense al personal del sector justicia guatemalteco y hemos monitoreado los procedimientos para seleccionar nuevos Fiscales Generales y jueces de los tribunales superiores durante los últimos seis años. Además de promover el estado de derecho en otros países, el ABA aboga por el estado de derecho en los Estados Unidos. Durante los últimos 65 años, el ABA ha participado en la selección de candidatos judiciales para los tribunales federales de los Estados Unidos.
Es por esto por lo que tenemos la experiencia para afirmar que solo hay una forma de abordar los desafíos que atraviesa Guatemala. El tráfico de influencias en la elección de jueces debe terminar.
Si bien es difícil exagerar la gravedad del problema, no quiero sugerir que sea insuperable. De hecho, la solución era bastante sencilla. Transparencia y recolección de la información idónea y adecuada para hacer una apropiada evaluación. Transparencia real. No procedimientos elaborados para la recolección de información irrelevante, como vimos en la comisión de postulación de la Corte Suprema de Guatemala, sino la recolección de información debe ser sustantiva sobre los candidatos – desde información sobre todas las decisiones judiciales y participación en actividades económicas para determinar conflictos de interés, hasta audiencias publicas que dieran la oportunidad de cuestionar el perfil de los candidatos.
Es una gran responsabilidad la que tienen las entidades que eligen a los Magistrados, tienen una gran responsabilidad ante todos los guatemaltecos y la comunidad empresarial de buscar, identificar a los abogados más competentes del país, que sean honestos, intachables, e independientes. La Convención Americana requiere que Guatemala garantice la independencia e imparcialidad de sus tribunales. También requiere que todas las instituciones guatemaltecas se aseguren de que cualquier proceso de contratación de funcionarios públicos, incluidos los jueces, sea transparente, objetivo y no discriminatorio.
Además de las obligaciones de los tratados internacionales de los Guatemala hace parte, la Constitución guatemalteca establece los requisitos básicos para los jueces de los tribunales superiores. Los más importantes son los requisitos de méritos de capacidad, idoneidad, honestidad y honorabilidad. Requisitos que los siete magistrados posesionados no parecen haber demostrado durante el proceso de selección.
El ABA seguirá dando apoyo a las organizaciones de sociedad civil, instituciones del Estado de Guatemala y a la comunidad empresarial; siempre con el único objetivo de garantizar un sólido Estado de Derecho en Guatemala que sea atractivo para la inversión extranjera y que también sea respetuosa de los derechos humanos. Sin embargo, para esto es necesario tribunales independientes y jueces libres de presiones u obstáculos para ejercer su labor o ser posesionados después de un proceso que haya cumplido los estándares que he mencionado.
Ana Cárdenas, Investigadora, World Justice Project México
En la ceremonia de juramentación de las y los integrantes de la Corte Constitucional de Guatemala el 13 de abril de 2021, el presidente del Congreso de la República sostuvo, “ya no más a la impunidad constitucional”[1]. Su discurso fue el preámbulo de una juramentación interrumpida por una serie de impugnaciones que cuestionan el proceso de designación de dos magistrados titulares y un magistrado suplente[2].
La decisión repentina del Congreso de la República de no juramentar a esos magistrados ha generado preocupación entre académicos, especialistas y la comunidad internacional, por constituir una intromisión de los otros poderes del Estado en la independencia de la Corte Constitucional. En particular, la no juramentación de la magistrada presidenta ocurre en un contexto de encono institucional en el cual diversos operadores de justicia, incluyéndola a ella, enfrentan antejuicios y otras estrategias que obstaculizan el ejercicio de su función, a raíz de haber resuelto asuntos de alto impacto con respecto al tema de la corrupción. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, el procedimiento del antejuicio en Guatemala ha servido para amedrentar, interferir y remover a magistradas y magistrados, en represalia al sentido de sus decisiones[3].
La tensión entre poderes es lo esperado y, hasta cierto punto, deseable en todo Estado democrático, pues uno es contrapeso de los otros. Sin embargo, la injerencia y las presiones desmedidas en la judicatura se traducen en una afectación en la independencia judicial y en la sustentabilidad del Estado de derecho, puesto que son condiciones indispensables para asegurar la existencia de un contrapeso efectivo del poder gubernamental. Además, son elementos necesarios para el ejercicio pleno del acceso a la justicia y del debido proceso[4].
Las decisiones en torno a la integración de las cortes y tribunales pueden implicar una estrategia de los otros poderes para incidir en su funcionamiento. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentado un cuerpo robusto de jurisprudencia sobre las distintas estrategias para proteger la independencia judicial y, concretamente, sobre el nombramiento y la remoción de jueces[5]. Por una parte, todo nombramiento debe realizarse con base en méritos y en un contexto de igualdad de oportunidades. Con esto se busca evitar la discrecionalidad y la presión política en la selección del personal judicial.
Por otra parte, la estabilidad en el cargo para emitir resoluciones imparciales e independientes es indispensable, pues las decisiones judiciales no pueden ser motivo para que las juezas o jueces sean removidos. Por esto, la separación de una jueza o juez debe ocurrir con base en normas que prevean el comportamiento judicial y mediante un procedimiento imparcial e independiente que permita el ejercicio del derecho de defensa y limite las presiones externas. Si bien, la inamovilidad de las juezas y los jueces no es absoluta, la destitución debe obedecer a conductas consideradas graves y acorde a procedimientos que se apegan a las debidas garantías. Cualquier decisión estatal que afecte arbitrariamente el periodo del nombramiento de un juez o jueza debe analizarse a través de los parámetros de inamovilidad y estabilidad del cargo.
En suma, las garantías de independencia judicial buscan que las juezas y jueces emitan sentencias sin temor a las represalias que pudieran darse por las coyunturas políticas, por las otras dos ramas de gobierno o por agentes externos para ejercer presión sobre las y los magistrados o para incidir en el ejercicio de la función jurisdiccional.
La judicatura constituye un contrapeso relevante para los Poderes Ejecutivos y Legislativos, puesto que revisan la legalidad y constitucionalidad de sus actos. La legitimidad de la judicatura, a diferencia del componente democrático que caracteriza a los otros dos poderes, deriva directamente de su carácter de intérprete constitucional. En ese sentido, la legitimidad de sus decisiones dependerá no solo de su rectitud técnica, sino sobre todo de la independencia para emitirlas. Por lo tanto, cualquier asomo a una independencia judicial mermada por intromisiones ilegítimas o estrategias de presión por parte de los otros poderes pone en tela de juicio las decisiones que toma ese tribunal y la legitimidad del órgano como contrapeso efectivo[6].
[1] Consúltese la Sesión Solemne del 13 de abril de 2021, en: Escobar, I. (13 abril 2021). CC: Juramentan a magistrados pero amparo e impugnaciones bloquean tres investiduras. Prensa Libre. Guatemala.
Consultable en:
[2] Las razones para no juramentar a la magistrada presidenta consistieron en la omisión por parte del Consejo Superior Universitario (CSU) de enviar copias certificadas de las actas de notificación a los participantes del evento y la designación del CSU, y por no ser docente universitaria.
[3] CIDH (18 marzo 2021). La CIDH expresa preocupación por diligencias de antejuicio promovidas contra integrantes de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Comunicado de prensa 065. Washington. Consultable en:
http://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/065.asp. ACNUD (19 abril 2021). Guatemala: Experto de la ONU profundamente preocupado por la negativa del Congreso a volver a nombrar magistrada de alta Corte. ACNUD. Consultable en:
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27006&LangID=S
A su vez, distintos miembros de la judicatura han recibido el cobijo de la CIDH a través de medidas cautelares, por agresiones y hostigamientos. Véase por ejemplo: CIDH (29 agosto 2017). Resolución No. 34/17 MC 431-17 – Gloria Patricia Porras Escobar y familia, Guatemala. Consultable en:
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27006&LangID=S
[4] El Estado de Derecho implica principios como la rendición de cuentas, la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia imparcial y expedita y un gobierno abierto. Véanse: 1) World Justice Project. What is the Rule of Law? Recuperado de: https://worldjusticeproject.org/about-us/overview/what-rule-law. 2) United Nations. UN System and the Rule of Law. Recuperado de: https://www.un.org/ruleoflaw/what-is-the-rule-of-law/.
[5] Véase CEJIL. (2019). Compendio de Estándares Internacionales para la Protección de la Independencia Judicial. Costa Rica.
[6] Gibson J. et al. (1998). On the Legitimacy of National High Courts. American Political Science Review, Vol. 92-2, págs. 343-358.
Dr. Peter Kornicker, Director de funciones corporativas legales, Novartis International AG[1]
Los fabricantes de productos farmacéuticos basados en investigación están haciendo una contribución significativa a la salud pública. Invierten continuamente importantes recursos en la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de nuevos tratamientos que mejoran y prolongan la vida. La pandemia de Covid-19 está demostrando drásticamente la importancia de la salud pública para todos nosotros individualmente, pero también para nuestras sociedades.
Considero que el Estado de derecho es un presupuesto importante y, de hecho, un requisito previo indispensable para que las empresas farmacéuticas cumplan con éxito su misión. Comparto un par de razones clave para mi opinión:
- Por lo general, el desarrollo de un nuevo medicamento lleva entre 10 y 15 años y un costo promedio de más de mil millones de dólares. De 5000 a 10000 compuestos en la fase inicial de investigación, solo uno pasará finalmente por las diversas etapas de las pruebas preclínicas y clínicas y la revisión por parte de las autoridades sanitarias que necesitan aprobar el medicamento antes de que pueda comercializarse.[2] Sin leyes de patentes sólidas y tribunales competentes e independientes que protejan la innovación resultante de estas inversiones masivas durante el período limitado de vida de la patente, se socavaría el incentivo para una mayor investigación farmacéutica.
- Las grandes empresas farmacéuticas se basan en una multitud de relaciones contractuales importantes con socios de investigación, empresas emergentes de biotecnología, fabricantes por contrato, organizaciones de ensayos clínicos, socios de comercialización, etc. Estos contratos suelen ser acuerdos a largo plazo con inversiones considerables de ambas partes. Por lo tanto, la capacidad de acudir a tribunales competentes e independientes para hacer cumplir estos importantes contratos, si es necesario, es de gran importancia.
- La alta calidad de los medicamentos es de vital importancia para la seguridad y eficacia de los mismos. La falsificación de medicamentos plantea, por tanto, un riesgo significativo para la salud y la seguridad públicas. Desafortunadamente, la delincuencia explota activa y despiadadamente el lucrativo mercado ilegal de medicamentos falsos, provocando decenas de miles de muertes (si no es que más) cada año[3]. La lucha contra la falsificación requiere leyes estrictas, pero también autoridades aduaneras, policiales y de procuración de justicia competentes.
- Las empresas farmacéuticas operan en un entorno complejo que involucra a muchas partes interesadas. Además de los socios contractuales que ya he mencionado, se incluyen los pacientes, los cuidadores, los médicos, los hospitales, el mundo académico, las autoridades sanitarias, etc. Dado que la salud del paciente está en juego, la industria farmacéutica está muy regulada. Para tener éxito, las empresas farmacéuticas deben cumplir estrictamente con todas las leyes y regulaciones aplicables, pero también deben ganarse la confianza de todas las partes interesadas. Esto requiere programas efectivos de ética y cumplimiento así como fuertes compromisos para encontrar soluciones para desafíos difíciles, como el acceso a una atención médica asequible. Sin embargo, estos esfuerzos solo pueden tener éxito si también existe un sistema de salud sólido en general. Creo que un sistema de salud solo puede ser fuerte si se basa en leyes y reglamentos claros y si estos son aplicados y cumplidos por órganos reguladores y tribunales que sean competentes y estén libres de corrupción.
Como expliqué anteriormente, el Estado de derecho es muy importante para las empresas farmacéuticas. Al mismo tiempo, el Estado de derecho también se correlaciona positivamente con la salud pública, como lo demuestra una publicación reciente del World Justice Project.[4] Por lo tanto, defender el Estado de derecho se ha vuelto aún más importante frente a la crisis de salud derivada del Covid-19.
[1] Las opiniones expresadas aquí son únicamente mías y no expresan la opinión de mi empleador. Este artículo fue traducido al español de la versión original en idioma inglés.
[2] IPFMA, “The New Frontiers of Biopharmaceutical Innovation”, 2012, https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/IFPMA_New_Frontiers_Biopharma_Innovation_2012_Web.pdf (accessed 28 March 2021).
[3] OECD, “Trade in Counterfeit Pharmaceutical Products, OECD, 2020”, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/a7c7e054-en/index.html?itemId=/content/publication/a7c7e054-en (accessed 28 March 2021).
[4] World Justice Project, “The Twin Crises of Public Health and the Rule of Law”, 2020, https://worldjusticeproject.org/news/twin-crises-public-health-and-rule-law, accessed 28 March 2021.