En esta actividad que se llevó a cabo el 23 de febrero de 2021, se tuvo como participantes a las siguientes asociaciones de jueces y magistrados: la Asociación Nacional de Magistrados Del Perú, con la participación del Dr. Oswaldo Alberto Ordoñez; la Asociación Panameña de Magistrados y Jueces, con el Juez José Luis Carles Rodríguez; la Corporación de Jueces y Magistrados por Colombia, con el Dr. Jorge Hernán Sánchez; la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia, con el Lic. Haroldo Vásquez; y al Grupo Iberoamericano de la Unión Mundial de Magistrados, con el Dr. Walter Barone. La mayoría de los expositores nos comentaron los retos que tienen en común, como la corrupción, la migración, la desigualdad e impunidad en toda la región, así como los ataques a los jueces y por ende, a la independencia judicial. Reforzaron lo indispensable y básico que es el asociacionismo para lograr la independencia judicial. Las asociaciones mencionaron distintas medidas y procesos que llevan a cabo para garantizar derechos fundamentales de los jueces y fortalecer la independencia del poder judicial, entre las cuales están: las alianzas con otras asociaciones de sus países; han reforzado las comisiones de trabajo que tratan temas como la de independencia judicial,  la carrera judicial, de actualización, capacitación, seguridad y bienestar; han fortalecido la función del juez como agente de cambio, a través de programas de capacitación y promoción de los asociados, vigilando los valores éticos e iniciativas de ayuda para los asociados; han fortalecido los vínculos con instituciones nacionales e internacionales con fines análogos; han mejorado los programas de prestaciones y jubilaciones a que tienen derecho; y mantienen la membresía, en la cual incluyen a todos los magistrados y jueces del organismo judicial, la cual es una cuota anual y es una obligación para todos los socios.

Todd Crider y Antonia Stolper, integrantes del Lawyers Council for Civil and Economic Rights del
Cyrus R. Vance Center for International Justice

Los autores de este artículo somos socios de despachos de abogados internacionales basados en Nueva York y miembros del Lawyers Council for Civil and Economic Rights (Consejo de Abogadas y Abogados para los Derechos Civiles y Económicos), del Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. El Council está compuesto por abogados en el ejercicio privado de la profesión, provenientes de 14 países de las Américas. Entre nuestros principales objetivos está el apoyar esfuerzos de la comunidad jurídica para fortalecer la independencia de jueces en la región, como elemento fundamental del Estado de derecho.

El concepto de Estado de derecho se compone de diversos elementos que generalmente se abordan desde los ámbitos de derecho constitucional, de la seguridad pública y de los derechos humanos, pero menos en relación a su importancia para el desarrollo económico de un país. Como abogadas y abogados en ejercicio privado, el Lawyers Council reconoce la primordial importancia del Estado de derecho para un buen clima de negocios, el fomento de la inversión tanto nacional como extranjera y por lo tanto, para el desarrollo económico de un país. Los países donde no existan garantías de certeza jurídica perderán competitividad entre potenciales destinos de inversión, frente a otros que logran ofrecer más seguridad jurídica. Esta verdad se aplica aún más a países como Guatemala, que deben emprender mayores esfuerzos para atraer inversión, debido a su menor escala.

Esta seguridad jurídica es en la que abogadas y abogados basamos nuestro trabajo, es decir, en la existencia de normas y reglas preestablecidas, que son interpretadas acorde con las leyes y precedentes por quienes imparten justicia, juezas y jueces que tienen (o deben tener) los conocimientos técnicos necesarios y calidad moral suficiente para esta alta responsabilidad. Dada la importancia de esta función, es que debe estar respaldada por normas y políticas públicas que establezcan garantías para la independencia del poder judicial frente a otros poderes y autoridades del Estado, así como garantías para que juezas y jueces designados con atención a sus méritos profesionales, puedan llevar a cabo estas funciones con independencia y libres de presiones e influencias indebidas.

Desafortunadamente, la falta de estas garantías son una problemática regional, y Guatemala, lejos de ser la excepción, en el reciente pasado da evidencias de un poder judicial susceptible tanto de influencias políticas como de influencias indebidas de ciertos actores del sector privado. La independencia de juezas y jueces en Guatemala es una problemática seria que va al corazón del Estado de derecho, y que empieza desde el marco normativo para ejercer la función judicial, hasta la vulnerabilidad política y de seguridad física de quienes imparten justicia.

Es inevitable, y no es necesariamente negativo, que exista una atención política a la selección de jueces. Indudablemente en nuestro país, los Estados Unidos de América, la selección de jueces federales incluidos los de la Corte Suprema ha pasado a ser un proceso extremadamente político. Sin embargo, aun dentro de un contexto con inevitables elementos políticos, el proceso de designación de magistrados de las altas cortes deberá alejarse de intereses personales o gremiales y siempre tener como cualificación necesaria los méritos profesionales y éticos de las personas. En el pasado estos procesos han estado plagados de actos de corrupción, conflictos de intereses y de simulaciones como la creación de facultades de derecho de garaje para asegurar participación en el proceso. A diferencia de la mayoría de los países en la región y de países Europeos en los cuales la carrera de juez es de funcionario público, la carrera judicial en Guatemala es muy limitada y no comprende más que a los jueces de paz y de primera instancia, dejando la última palabra de la mayoría de los asuntos a magistradas y magistrados nombrados en un proceso predominantemente político y de cuestionada integridad.

Sumado a esto, los ataques y la vulnerabilidad de quienes imparten justicia son preocupantes en un contexto en el que a todas las personas les interesa que prevalezca la independencia judicial y el Estado de derecho, sin influencias o amenazas. Solo en el último año, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, se ha pronunciado en aproximadamente diez veces sobre su preocupación por el contexto para las y los jueces en Guatemala. Si bien los desacuerdos sobre los criterios de jueces y magistrados son universales, se deben enfocar los esfuerzos en los perfiles designados como jueces y agotar los mecanismos legales de remediación por la vía institucional, y no recurrir a mecanismos de intimidación, incluidas las acusaciones infundadas, denominada “guerra judicial”.

Las y los integrantes del Lawyers Council estamos convencidos que la comunidad jurídica tiene una responsabilidad y papel fundamental para cuidar la seguridad jurídica y la integridad de la judicatura. A todas las personas en general, y a todas las personas profesionales del derecho, nos debe interesar quienes son nuestros jueces. Las y los abogados tenemos el deber de cerciorarnos que las personas que desempeñan la alta responsabilidad de impartir justicia puedan gozar de las condiciones para juzgar con independencia. Sin embargo, la responsabilidad de la comunidad jurídica no termina ahí, pues ésta también debe fungir como vigilante de que quienes impartan justicia lo hagan con los más estrictos principios de integridad.

En este sentido, celebramos y reconocemos el trabajo que hacen diversos actores en Guatemala, incluida la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad en Guatemala, en pro de la defensa de la institucionalidad de la judicatura y fomentando una labor judicial íntegra.

En conclusión, alentamos a la comunidad jurídica a que se involucre y en la defensa de la independencia judicial y de la certeza jurídica como elementos fundamentales del Estado de derecho para un buen clima de negocios para la inversión, y por consecuencia un mayor desarrollo económico para Guatemala.

Por Embajador Joel Hernández García. Comisionado Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia.

 

La Carta Democrática Interamericana establece que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.[1]

La separación e independencia de los poderes públicos es la piedra angular del sistema de pesos y contrapesos que debe existir en toda sociedad democrática para evitar el exceso del poder en contra de las personas gobernadas. Solo en la medida que haya separación e independencia de los poderes públicos, puede prevalecer un auténtico estado de derecho. Si alguno de estos poderes es coartado al interior de un Estado, se nulifica su función, se genera un riesgo para la comisión de violaciones de derechos humanos y consecuentemente se abren espacios para la impunidad.

Dentro del Estado moderno, la independencia del Poder Judicial tiene especial importancia para la preservación de la democracia. El Poder Judicial puede considerar la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de las decisiones o políticas adoptadas por otros órganos del Estado. Esta función fundamental, que sirve de cortapisa a cualquier acto de autoridad que exceda el marco jurídico, es realizable sólo en la medida que exista y se garantice la independencia judicial. La responsabilidad del Estado de investigar, enjuiciar y sancionar las violaciones a derechos humanos, así como obtener reparación para las víctimas, es realizable en la medida que el Poder Judicial tenga plena garantía de independencia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia (2013)”[2] señaló que el “… principio de independencia del Poder judicial ha sido reconocido como ‘costumbre internacional y principio general de derecho’ y ha sido consagrado en numerosos tratados internacionales.” Para la CIDH, “… la independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso en tanto derecho humano y su ausencia afecta el ejercicio del derecho de acceder a la justicia, aparte de generar desconfianza y hasta temor, que orille a las personas a no recurrir a la los tribunales.”[3]

Siendo claro en el derecho internacional la absoluta independencia que debe guardar el Poder judicial respecto de cualquier otro poder u órgano del Estado, la Comisión observa con preocupación que uno de los más graves riesgos que todavía prevalece en la región es la ausencia de reconocimiento del principio de separación de poderes en el ordenamiento de los Estados y el establecimiento, por el contrario, de la subordinación del Poder judicial al Ejecutivo.[4]

La CIDH entiende la independencia judicial desde dos dimensiones, una institucional y otra funcional. En el ámbito de la dimensión institucional, la Comisión ha establecido que corresponde analizar el grado de independencia que debe guardar la institución respecto de otros poderes públicos como sistema, de tal manera que existan garantías suficientes que permitan que la institución o entidad de justicia no sea sometida a abusos o restricciones indebidas por parte de otros poderes o instituciones del Estado; es decir, la independencia efectiva del poder judicial respecto de la injerencia política por los poderes ejecutivo y legislativo.

Dentro del ámbito de la dimensión funcional o del ejercicio individual corresponde analizar si las y los jueces cuentan con garantías de independencia para ejercer de manera libre sus labores dentro de las entidades de justicia. Estas garantías incluyen los procedimientos y las calificaciones para el nombramiento de los jueces, la permanencia en el cargo hasta la edad de jubilación obligatoria o la expiración de su mandato, las condiciones que rigen los ascensos, los traslados, la suspensión y la cesación en sus funciones.

Para la CIDH la independencia debe quedar establecida en el marco normativo de los Estados, pero también a través del reconocimiento en la práctica del principio de separación de poderes. Por ejemplo, para que existan garantías de una independencia institucional debe evitarse el condicionamiento financiero en las asignaciones presupuestales realizadas por el Parlamento. Para que a nivel individual pueda garantizarse la independencia judicial, los Estados deben contar con procedimientos para una designación oportuna, en propiedad, a través de un adecuado y transparente proceso de elección y nombramiento de los magistrados y magistradas de las Altas Cortes. Correlativamente, los procesos disciplinarios deben contar con todas las garantías del debido proceso. Asimismo, debe prevalecer el respeto de la independencia de magistrados y magistradas en sus procesos de deliberación, decisión y funcionamiento en general del Poder Judicial.

En los próximos meses, se desarrollará en Guatemala el proceso de selección y nombramiento de magistradas y magistrados (cinco titulares y cinco suplentes) que integrarán la Corte Constitucional de Guatemala para el período 2021-2026. Quienes resulten electos deberán tomar posesión el 14 de abril de 2021. Guatemala está llamada a realizar la selección y el nombramiento acorde a los estándares interamericanos, destacadamente porque se trata de la composición de una de las Altas Cortes del país. Bajo esos estándares, la selección y nombramiento debe tener como objetivo elegir a candidatas y candidatos con base a su mérito personal y capacidad profesional, teniendo en cuenta la especificidad de las funciones que van a desempeñar.

La CIDH ha exhortado al Estado guatemalteco para que las entidades que intervienen en los procesos de selección y nombramiento observen los estándares mínimos como mérito, capacidad, idoneidad y honradez, establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política de Guatemala así como por el derecho internacional de los derechos humanos.[5]

Esta es una oportunidad para que Guatemala fortalezca la independencia judicial a través de un procedimiento transparente e idóneo que debe ser plenamente aprovechada.

 


[1] Carta Democrática Interamericana, artículos 3.

[2] Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/Operadores-de-Justicia-2013.pdf

[3] Ibid. parr. 30

[4] Ibid. parr. 32.

[5] Ver comunicado de prensa de la CIDH del 11 de febrero de 2021: “La CIDH insta a Guatemala a garantizar la transparencia y el cumplimiento de estándares internacionales en el proceso de selección de la Corte de Constitucionalidad.” Disponible en: http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/031.asp.

 

POR MANUEL GARCÍA
mgarcia@lahora.com.gt

En apoyo a la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), el Cyrus R. Vance Center for International Justice invita al taller virtual: “Promoción y Defensa de la Independencia Judicial”, el cual busca dotar elementos sobre la relevancia de la legitimidad de la labor judicial para todos los sectores. La actividad se tiene programada para los jueves 18 y 25 de febrero.

 

En el taller podrán participar los distintos actores interesados en conocer experiencias comparadas a otros países sobre la legitimidad de la labor judicial, y cómo esta es relevante para la sociedad.

Según los organizadores, el tema central será “la legitimidad de la labor de jueces y magistrados como garantía de la independencia judicial y el lenguaje de sentencias”.

Además, se tiene contemplada la participación de Laurence Pantin, Coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales de la organización “México Evalúa” y el Juez Edgar Ulises Rentería Cabañez, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, México.

PODER JUDICIAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La sesión de cierre de este taller “Promoción y Defensa de la Independencia Judicial”, se llevará a cabo el jueves 25 de febrero, de 16:00 a 17:15 horas y en estará el magistrado David Ordoñez Solís de la Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea (REDUE) de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, así como Ramiro Álvarez Ugarte, investigador del Centro de Estudios en Libertad de Expresión (CELE) de la Universidad de Palermo.

 

En esa sesión, abordarán la importancia de la comunicación de las actividades y decisiones de los jueces y su relación con la independencia judicial.

Por último, la AGJI indicó que el objetivo del taller es que los participantes comprendan el trabajo de quienes imparten justicia, y no se quede únicamente dentro de la comunidad jurídica, para fortalecer su labor.

Por ello, la sesión final se enfocará en cómo se comunica el trabajo de los jueces y las responsabilidades estos y de los medios de comunicación.

Para registrarse ingrese aquí: Taller AGJI

Fuente: https://lahora.gt/agji-y-vance-center-haran-taller-para-socializar-trabajo-de-jueces-y-magistrados/

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Taller virtual "Promoción y Defensa de la Independencia Judicial"

17 horas de Guatemala (excepto la última sesión que se llevará a cabo a las 4 pm). Cada sesión tiene una duración de 1 hora y 15 minutos.

Taller virtual dirigido a juezas y jueces guatemaltecos interesados en conocer sobre la promoción e independencia judicial. Las sesiones 1 y 2 están cerradas a juzgadores, y las sesiones 3 y 4 serán abiertas a sociedad civil y medios interesados.

Zoom. Se extenderá constancia de participación.

Agenda y biografías de las personas ponentes para las 4 sesiones:

1.Mecanismos internacionales para la protección de la independencia judicial I

  • Bienvenida e introducción al taller. Juez Carlos Ruano, Presidente AGJI, y Jaime Chávez Alor, Vance Center for International Justice
  • Sesión I. Sistema Interamericano. Dr. Douglass Cassel, de King & Spalding LLP. 40 minutos.

Douglass Cassel es un académico, profesional y comentarista del derecho internacional de los derechos humanos, especializado en cuestiones de empresas y derechos humanos, sistemas regionales de derechos humanos y derecho penal internacional e internacional humanitario. Sus artículos académicos en inglés y español se publican en Estados Unidos, América Latina y Europa, y da charlas en universidades y conferencias de todo el mundo. En nombre de diplomáticos estadounidenses retirados y de destacados expertos en derecho internacional, ha presentado varios amicus curiae ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en relación con los derechos de los prisioneros de Guantánamo y la responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos en virtud de la Ley de Reclamaciones por Agravios contra Extranjeros. Ha representado a víctimas de violaciones de los derechos humanos en Colombia, Guatemala, Perú y Venezuela, y ha comparecido como perito en casos ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cassel ha sido consultor del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, de la Fundación Ford, del Presidente de la American Bar Association y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Es también un comentarista premiado y con muchas publicaciones, que imparte varias cátedras.

 Cassel se licenció cum laude en Yale en 1969 y se doctoró cum laude en la Facultad de Derecho de Harvard en 1972. Después de servir durante tres años como teniente en el Cuerpo de Abogados Generales de la Marina, ejerció la abogacía durante 16 años como asesor del personal y, más tarde, como asesor general de Business and Professional People for the Public Interest en Chicago, donde se ocupó de casos de prueba y acciones colectivas relacionadas con los derechos civiles, las libertades civiles, el derecho del consumidor y el medio ambiente.

  • Preguntas y respuestas 

2.Mecanismos internacionales para la protección de la independencia judicial II

  • Bienvenida y recapitulación. Juez Carlos Ruano, Presidente AGJI, y Jaime Chávez Alor, Vance Center for International Justice
  • Mensaje del Sr. Mika Kanervavuori, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala
  • Sesión II. Sistema Universal. Dr. Douglass Cassel, de King & Spalding LLP.

Douglass Cassel es un académico, profesional y comentarista del derecho internacional de los derechos humanos, especializado en cuestiones de empresas y derechos humanos, sistemas regionales de derechos humanos y derecho penal internacional e internacional humanitario. Sus artículos académicos en inglés y español se publican en Estados Unidos, América Latina y Europa, y da charlas en universidades y conferencias de todo el mundo. En nombre de diplomáticos estadounidenses retirados y de destacados expertos en derecho internacional, ha presentado varios amicus curiae ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en relación con los derechos de los prisioneros de Guantánamo y la responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos en virtud de la Ley de Reclamaciones por Agravios contra Extranjeros. Ha representado a víctimas de violaciones de los derechos humanos en Colombia, Guatemala, Perú y Venezuela, y ha comparecido como perito en casos ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cassel ha sido consultor del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, de la Fundación Ford, del Presidente de la American Bar Association y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Es también un comentarista premiado y con muchas publicaciones, que imparte varias cátedras.

 Cassel se licenció cum laude en Yale en 1969 y se doctoró cum laude en la Facultad de Derecho de Harvard en 1972. Después de servir durante tres años como teniente en el Cuerpo de Abogados Generales de la Marina, ejerció la abogacía durante 16 años como asesor del personal y, más tarde, como asesor general de Business and Professional People for the Public Interest en Chicago, donde se ocupó de casos de prueba y acciones colectivas relacionadas con los derechos civiles, las libertades civiles, el derecho del consumidor y el medio ambiente.

  • Estándares que aplican para defender juezas y jueces. Tania Sagastume y María Mujica de OACNUDH
  • Preguntas y respuestas 

3.Legitimidad de las decisiones judiciales como garantía de independencia

  • Bienvenida y recapitulación. Juez Carlos Ruano, Presidente AGJI, y Jaime Chávez Alor, Vance Center for International Justice
  • Legitimidad de la labor judicial. Dra. Laurence Pantin. 20 minutos.

Laurence Pantin es Coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa. Es Doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO – México), Maestra en Periodismo por la Universidad de Nueva York (NYU), y Licenciada en Comunicación por el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po Paris). Sus líneas de investigación son independencia judicial, gobierno judicial, reforma judicial, carrera judicial, transparencia y combate a la corrupción en el Poder Judicial, poderes judiciales estatales y justicia digital.

  • Lenguaje de las sentencias como fuente de legitimidad. Juez Edgar Ulises Renteria Cabañez, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, México. 20 minutos.

Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, Campus Pachuca. Ha tomado diversos cursos tales como la especialidad en Derecho Civil en su alma máter, la especialidad en Secretaría de Juzgado de Distrito y Tribunal de Circuito impartido por el Instituto de la Judicatura del Poder Jud icial de la Federación; el Diplomado en acciones colectivas ; el taller sobre interpretación conforme y Control de Convencionalidad, ambos impartidos por el mismo instituto. Además, tomó el taller sobre protección de los Derechos Fundamentales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; Estándares Internacionales en Derechos Humanos, Migración y Género; y actualmente cursando la Maestría en Justicia Adversarial organizada por el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial.

Como catedrático, ha impartido las materias de “Modalidades de los Juicios de Amparo en Materia Laboral”, “Técnica para la Elaboración de una Sentencia de Amparo Indirecto”, “Argumentación jurisdiccional” para el Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación; asimismo, impartió los módulos “Instrucción” y “Juicio” para el Diplomado de Derecho Penal, organizados por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Desde el año 2002, se ha desempeñado en los diversos puestos que conforman la Carrera Judicial, como Oficial Judicial y Actuario tanto en Tribunal Colegiado como en Juzgados de Distrito; Secretario de los Juzgados Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila y Quinto de Dis trito en el Estado de Michoacán. Secretario de Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México; y en el año 2016 laboró en el Consejo de la Judicatura Federal como Secretario Técnico de Ponencia de Consejero de la Judicatura.

Finalmente, en noviembre de 2017 fue designado Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León.

  • Preguntas y respuestas 

4.Relación entre el poder judicial y medios de comunicación

Esta sesión se llevará a cabo a las 4 pm.

  • Bienvenida y recapitulación. Juez Carlos Ruano, Presidente AGJI, y Jaime Chávez Alor, Vance Center for International Justice
Importancia de la Comunicación de actividades y decisiones de los jueces y su relación con la independencia judicial.
  • Magistrado David Ordoñez Solís Red de Especialista en Derecho de la Unión Europea (REDUE) Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. 20 minutos.

David Ordóñez Solís es magistrado de lo contencioso-administrativo, doctor en Derecho, licenciado especial en Derecho europeo por la Universidad de Bruselas, miembro del Team Europe de la Comisión Europea, de la Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea del Consejo General del Poder Judicial y ha sido miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (2014-2018) y desde 2018 es su Secretario Ejecutivo.

Al mismo tiempo desarrolla una intensa actividad docente e investigadora habiendo pronunciado conferencias y dirigido cursos en España, en Europa -Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Portugal, Bulgaria y Serbia-, en América -Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay-, Asia –Qatar–, y en África –Argelia–. Ha dirigido los cuatro últimos cursos especializados dirigidos a jueces de toda la Unión Europea y realizados en la Escuela Judicial de España de Barcelona sobre el Derecho europeo de la competencia.

Ha sido galardonado con varios premios de ensayo y de investigación en temas sindicales, de control financiero de fondos europeos, de mercado interior europeo, de ética judicial, sobre protección de datos personales; sobre derecho de asilo; en marzo de 2017 recibió el segundo premio del Concurso de Ensayo García Goyena de la Facultad de Derecho de la UNED, en Madrid, por un ensayo sobre el whistlebowing en el Derecho europeo y español; y en noviembre de 2017 le fue otorgado en Lima (Perú) el Premio de Ensayos Jurídicos por la Oficina de la Unesco en América Latina y la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales.

  • Mtro. Ramiro Alvarez Ugarte Investigador de CELE (Centro de Estudios en Libertad de Expresión) de la Universidad de Palermo. 20 minutos.

Ramiro Álvarez Ugarte es profesor de derecho constitucional de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Palermo. Es investigador del CELE y candidato a doctor en derecho por la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Previamente trabajó como abogado de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Asociación por los Derechos Civiles, en Buenos Aires, Argentina. 

Es Abogado graduado en la Universidad Católica Argentina, Master en Periodismo de la Universidad de San Andrés y Master en Derecho de Columbia University School of Law.

Entre sus publicaciones se encuentran las siguientes:

Una Mirada desde los Movimientos Sociales al Pasado, Presente y Futuro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El presidencialismo y sus enfermedades. El constitucionalismo popular y los problemas de la “última palabra”: Apuntes para un contexto Latinoamericano. Dinámicas de acción y reacción en la Corte Suprema: una mirada al caso FAL sobre aborto no punible. El esforzado diálogo de la Sociedad Civil con el Estado. La experiencia de la ADC en torno al acceso a la información. Inteligencia, Democracia y Acceso a la Información. Verdad, justicia y reparación en la jurisprudencia interamericana: estudio de un caso. Viejos Principios, Nuevos Problemas: Una Mirada Amplia Sobre La Libertad de Expresión, La Privacidad Y Los Buscadores de Internet.

  • Preguntas y respuestas 

Mensaje del Sr. Mika Kanervavuori, Representante en Guatemala de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la sesion 2 “Sistema Universal” del taller virtual “Promoción y Defensa de la Independencia Judicial”.

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El día 10 de febrero de 2021, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad participó en la reunión del.grupo Iberoamericano (IBA) de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), de la cual es miembro; reunión coordinada por el presidente del grupo IBA, magistrado Walter Barone; habiendo intervenido: Carlos Ruano, presidente; Haroldo Vasquez, vicepresidente, y Dinora Martínez, vocal uno. La reunión tuvo por objeto tratar temas relacionados con actividades académicas a desarrollarse en los países de las.asociaciones que forman parte de la UIM, así como la realización de monitoreos rutinarios que realizará la agrupación, para velar por el respeto a la independencia judicial en los países miembros.