Mtro. Jaime Chávez Alor
Director de Políticas para América Latina del Vance Center for International Justice

El Cyrus R. Vance Center for International Justice (Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional) es un programa sin fines de lucro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York que reúne a los principales estudios jurídicos y a otros colaboradores en todo el mundo para promover iniciativas de justicia internacional y proporcionar representación legal gratuita a organizaciones de sociedad civil que luchan por la justicia social.

La administración de una justicia imparcial e independiente, que salvaguarde el estado de derecho es el fundamento de una democracia efectiva y duradera. Las autoridades del Estado son responsables en cualquier país de asegurar una administración de justicia igualitaria, independiente y libre de influencias indebidas, basada en las leyes que el mismo estado promulga, así como que esta administración sea compatible con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

Elemento fundamental de una justicia independiente es el contar con jueces independientes e íntegros, elegidos de entre los mejores perfiles, con las garantías propias de una carrera judicial, y libre de influencias externas. El continuo interés del Vance Center en la situación de Guatemala se enmarca en la vulnerabilidad de la independencia judicial como una problemática regional. Si bien todo proceso de cambio debe iniciar motivado por el convencimiento de los actores nacionales, la comunidad jurídica internacional juega un rol de apoyo respetuoso muy importante en estos esfuerzos, para la prevalencia de la institucionalidad y el estado de derecho.

El Vance Center reconoce la primordial importancia del estado de derecho para el desarrollo económico y para atraer inversión extrajera. Aunque relevante también para actores nacionales, el estado de derecho es particularmente importante cuando las empresas consideran invertir fuera de su país a nivel internacional. Cualquier análisis para invertir pasa por una evaluación comparativa entre potenciales destinos de inversiones sobre las garantías jurídicas existentes, del grado de fiabilidad del estado de derecho, si es un país que asegura seguridad ciudadana, así como la capacidad de resolver controversias con razonable seguridad que no habría influencias indebidas.

En este sentido es que el Vance Center apoya el trabajo de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, y sus esfuerzos para proteger al poder judicial como uno de los bastiones del poder judicial y del estado de Derecho. Este año 2021 el Vance Center refrenda su apoyo concreto a través de un nuevo proyecto con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad y promover la independencia judicial en Guatemala. El Vance Center agradece a la Fundación Nacional para la Democracia el financiamiento del proyecto.

Este proyecto, que busca reforzar la capacidad administrativa y el perfil internacional de la AGJI, se apoyará en la capacidad desarrollada del Vance Center y en las redes desarrolladas para trabajar en la región en pro del Estado de Derecho, incluyendo firmas de abogados alrededor del mundo, empresas multinacionales, el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos, la Red Pro Bono de las Américas y el Programa del Vance Center “Mujeres en la Profesión”. El Vance Center también coordinará trabajo con representantes de organismos internacionales y otras organizaciones internacionales apoyando la independencia judicial en Guatemala.

Este proyecto desarrollará una serie de actividades que brinden herramientas, capacitaciones, investigaciones y diálogos con actores relevantes en la región. Este año se renovará en Guatemala la Corte de Constitucionalidad y se espera que también la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones, por lo que la protección de la independencia se vuelve cada vez más urgente.

El Vance Center ha trabajado con actores guatemaltecos desde 2013, y más activamente a partir de 2019 con diversos actores de la sociedad civil, y con la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad. En 2019 se organizó con la AGJI un Taller sobre Transacciones Internacionales en el que participaron 50 juezas y jueces, y en el que las personas que impartieron el taller fueron abogadas y abogados de empresas y firmas internacionales, incluyendo Chubb, Chevron, General Electric, Novartis, Walmart, Winston & Strawn, Cleary Gottlieb, Dentons, y Simpson Thacher. En 2019 con el apoyo de la firma Winston & Strawn, publicamos junto con la AGJI el estudio “Reglas y procedimientos que rigen la profesión y conducta judicial. Una revisión comparativa de Argentina, Brasil, Colombia, España y México.”

Desde 2019, el Consejo de Abogados para los Derechos Civiles y Económicos, un programa del Vance Center, ha llevado a cabo también un seguimiento al proceso de nombramiento de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones de Guatemala, ofreciendo recomendaciones al proceso y expresando preocupación por la importancia de designar los mejores perfiles como magistradas y magistrados.

En 2020, junto con el Consorcio Internacional de Asistencia Legal (ILAC por sus siglas en inglés), publicamos el informe “Una Ventana de Oportunidad: Apoyo al Estado de Derecho en Guatemala” con la finalidad de hacer una evaluación de las condiciones del sector judicial del país después del cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que tuvo lugar en septiembre de 2019. Adicionalmente, se publicaron una serie de documentos sobre el proceso de nombramiento de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones de Guatemala.

Adicionalmente, durante el 2020 la AGJI participó en el evento virtual organizado por el Vance Center “Independencia Judicial y la Participación de las Mujeres en la Judicatura: una Mirada Internacional” y proveyó información para el reporte “Justicia en los tiempos de COVID-19: Desafíos del Poder Judicial en América Latina y el Caribe”.

Diego García-Sayán

Relator Especial de Naciones Unidas
 Sobre Independencia de Jueces y Abogados

El trabajo que realiza la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) es de enorme significación y relevancia para la independencia judicial y la integridad en la labor jurisdiccional en Guatemala. Debo expresar, por ello, mi especial reconocimiento al liderazgo de valientes juezas y jueces que integran la Asociación para continuar sus esfuerzos con una perspectiva internacional. Reconozco también el impulso decisivo del Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York.

Las actividades planeadas este año por la Asociación, con apoyo del Vance Center, tienen especial importancia. Implican la reafirmación de los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura de 1985 cuyo contenido va al eje toral de las preocupaciones que generaron estos esfuerzos. Estos son criterios fundamentales que a estas alturas tienen categoría de jus cogens en el derecho internacional y que el Estado guatemalteco debe garantizar.

Entre los 20 principios rectores destacan los siguientes para la realidad en Guatemala: (i) cuestiones generales sobre la independencia de la judicatura; (ii) garantías de los jueces a la libertad de expresión, creencia, asociación y reunión; (iii) estándares para determinar sus competencias profesionales, de selección y de formación para ocupar el cargo; (iv) condiciones de servicio e inamovilidad; (v) el deber de guardar el secreto profesional y la garantía de inmunidad, y; (vi) medidas disciplinarias, de suspensión y remoción del cargo.

Dentro de estos principios, quiero abordar tres temas fundamentales en este corto espacio.

Primero, este año es de especial relevancia para la protección de la independencia judicial en Guatemala y debe ser parte de atento seguimiento por la ciudadanía del país y por la comunidad internacional. Tremendos asuntos postergados. De un lado, sigue pendiente desde 2018 la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones, y por el otro, este año se debe renovar la composición de la Corte de Constitucionalidad.

Observo con preocupación los retrasos reiterados y que no hay esfuerzos por parte del Congreso de la República para avanzar en el proceso de selección que ha diferido la decisión casi indefinidamente. En reiteradas ocasiones he llamado públicamente a las autoridades competentes a culminar el nombramiento, de manera transparente y objetiva, de los magistrados de Altas Cortes de acuerdo a los estándares de transparencia y participación dispuestos por la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2020.

Las debilidades identificadas en el actual proceso de elección de jueces y magistrados confirma la crisis del modelo de nombramientos. Aunque esfuerzos para reformar el proceso fueron mencionados el año pasado, lo crucial ahora es que se pueda llevar a cabo un proceso amplio que involucre a todos los sectores interesados, respetando los estándares internacionales para el nombramiento adecuado de jueces y magistrados.

En particular, es muy importante que este año, y como lo he mencionado con anterioridad, no se utilice el proceso de selección de jueces de altas cortes para fines políticos y como medio de algunos pocos de procurarse impunidad. Como lo he expresado, me preocupa el permanente asedio de autoridades estatales para influenciar procesos de designación de magistrados e interferir en ellos. Aprovecho este espacio para reiterar el llamado a abstenerse de imponer agendas políticas o personales que afectan la institucionalidad y el Estado de Derecho.

Como segundo aspecto crucial debo resaltar la obligación internacional del Estado de prevenir los ataques contra quienes imparten justicia. He mencionado mi preocupación por los continuos ataques y acciones arbitrarias e indebidas contra juezas y jueces, incluyendo integrantes de la AGJI, al igual que Magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Es gravísimo el ejercicio del amedrentamiento o la violencia contra funcionarios judiciales por el desempeño de sus funciones. Debe evitarse la interferencia política en el sistema judicial, incluyendo el máximo tribunal.

Reitero que las diligencias de antejuicio a jueces y magistrados por sus resoluciones, llevadas a cabo en los últimos meses, violan estándares internacionales; la garantía de independencia se hace efectiva a través del respeto al proceso de deliberación y funcionamiento del sistema judicial.

Juezas y jueces, magistradas y magistrados, en particular aquellos que han permanecido independientes y que han contribuido a la lucha contra la impunidad y corrupción en Guatemala, deben ser protegidos y su labor garantizada para que puedan continuar con sus labores. A los órganos del Estado, incluyendo la Corte Suprema, le corresponde velar por esa protección y no admitir solicitudes de antejuicio infundadas que buscan presionar a quienes imparten justicia.

En un Estado de Derecho es vital garantizar que quienes imparten justicia realicen sus funciones libres de influencias, amenazas o intromisiones indebidas en la adopción de sus decisiones conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Celebro los esfuerzos que la AGJI, en ejercicio de la libertad de asociación, realiza para proteger a sus integrantes.

Un tercer tema tiene que ver con la integridad y la ética judicial, así como el indispensable enfoque meritocrático que debe regir, en general, para el ingreso y ascensos dentro de la carrera judicial. He insistido en que los Principios Básicos y los derechos que ellos protegen deben leerse e interpretarse en concordancia con los principios de integridad, corrección, igualdad, competencia y diligencia contenidos en los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial. La Red Global de Integridad Judicial, impulsada por el UNODC, y en cuyo Consejo Asesor me honro en pertenecer, promueve principios de ética y transparencia que son armónicos y complementarios con los Principios Básicos de 1985.

En este sentido, celebro los esfuerzos que la AGJI realizará en los siguientes meses para fortalecer la transparencia y las medidas de integridad dentro de la judicatura.

En mi calidad de Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Jueces y Abogados, continuaré pendiente de las actividades de la AGJI y de los esfuerzos para frenar el constante menoscabo de la independencia judicial en Guatemala en fortalecimiento del Estado de Derecho.