La independencia judicial en Guatemala se defiende con esfuerzos como el de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad

Diego García-Sayán
Relator Especial de Naciones Unidas Sobre Independencia de Jueces y Abogados

El trabajo que realiza la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) es de enorme significación y relevancia para la independencia judicial y la integridad en la labor jurisdiccional en Guatemala. Debo expresar, por ello, mi especial reconocimiento al liderazgo de valientes juezas y jueces que integran la Asociación para continuar sus esfuerzos con una perspectiva internacional. Reconozco también el impulso decisivo del Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York.

Las actividades planeadas este año por la Asociación, con apoyo del Vance Center, tienen especial importancia. Implican la reafirmación de los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura de 1985 cuyo contenido va al eje toral de las preocupaciones que generaron estos esfuerzos. Estos son criterios fundamentales que a estas alturas tienen categoría de jus cogens en el derecho internacional y que el Estado guatemalteco debe garantizar.

Entre los 20 principios rectores destacan los siguientes para la realidad en Guatemala: (i) cuestiones generales sobre la independencia de la judicatura; (ii) garantías de los jueces a la libertad de expresión, creencia, asociación y reunión; (iii) estándares para determinar sus competencias profesionales, de selección y de formación para ocupar el cargo; (iv) condiciones de servicio e inamovilidad; (v) el deber de guardar el secreto profesional y la garantía de inmunidad, y; (vi) medidas disciplinarias, de suspensión y remoción del cargo.

Dentro de estos principios, quiero abordar tres temas fundamentales en este corto espacio.

Primero, este año es de especial relevancia para la protección de la independencia judicial en Guatemala y debe ser parte de atento seguimiento por la ciudadanía del país y por la comunidad internacional. Tremendos asuntos postergados. De un lado, sigue pendiente desde 2018 la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones, y por el otro, este año se debe renovar la composición de la Corte de Constitucionalidad.

Observo con preocupación los retrasos reiterados y que no hay esfuerzos por parte del Congreso de la República para avanzar en el proceso de selección que ha diferido la decisión casi indefinidamente. En reiteradas ocasiones he llamado públicamente a las autoridades competentes a culminar el nombramiento, de manera transparente y objetiva, de los magistrados de Altas Cortes de acuerdo a los estándares de transparencia y participación dispuestos por la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2020.

Las debilidades identificadas en el actual proceso de elección de jueces y magistrados confirma la crisis del modelo de nombramientos. Aunque esfuerzos para reformar el proceso fueron mencionados el año pasado, lo crucial ahora es que se pueda llevar a cabo un proceso amplio que involucre a todos los sectores interesados, respetando los estándares internacionales para el nombramiento adecuado de jueces y magistrados.

En particular, es muy importante que este año, y como lo he mencionado con anterioridad, no se utilice el proceso de selección de jueces de altas cortes para fines políticos y como medio de algunos pocos de procurarse impunidad. Como lo he expresado, me preocupa el permanente asedio de autoridades estatales para influenciar procesos de designación de magistrados e interferir en ellos. Aprovecho este espacio para reiterar el llamado a abstenerse de imponer agendas políticas o personales que afectan la institucionalidad y el Estado de Derecho.

Como segundo aspecto crucial debo resaltar la obligación internacional del Estado de prevenir los ataques contra quienes imparten justicia. He mencionado mi preocupación por los continuos ataques y acciones arbitrarias e indebidas contra juezas y jueces, incluyendo integrantes de la AGJI, al igual que Magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Es gravísimo el ejercicio del amedrentamiento o la violencia contra funcionarios judiciales por el desempeño de sus funciones. Debe evitarse la interferencia política en el sistema judicial, incluyendo el máximo tribunal.

Reitero que las diligencias de antejuicio a jueces y magistrados por sus resoluciones, llevadas a cabo en los últimos meses, violan estándares internacionales; la garantía de independencia se hace efectiva a través del respeto al proceso de deliberación y funcionamiento del sistema judicial.

Juezas y jueces, magistradas y magistrados, en particular aquellos que han permanecido independientes y que han contribuido a la lucha contra la impunidad y corrupción en Guatemala, deben ser protegidos y su labor garantizada para que puedan continuar con sus labores. A los órganos del Estado, incluyendo la Corte Suprema, le corresponde velar por esa protección y no admitir solicitudes de antejuicio infundadas que buscan presionar a quienes imparten justicia.

En un Estado de Derecho es vital garantizar que quienes imparten justicia realicen sus funciones libres de influencias, amenazas o intromisiones indebidas en la adopción de sus decisiones conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Celebro los esfuerzos que la AGJI, en ejercicio de la libertad de asociación, realiza para proteger a sus integrantes.

Un tercer tema tiene que ver con la integridad y la ética judicial, así como el indispensable enfoque meritocrático que debe regir, en general, para el ingreso y ascensos dentro de la carrera judicial. He insistido en que los Principios Básicos y los derechos que ellos protegen deben leerse e interpretarse en concordancia con los principios de integridad, corrección, igualdad, competencia y diligencia contenidos en los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial. La Red Global de Integridad Judicial, impulsada por el UNODC, y en cuyo Consejo Asesor me honro en pertenecer, promueve principios de ética y transparencia que son armónicos y complementarios con los Principios Básicos de 1985.

En este sentido, celebro los esfuerzos que la AGJI realizará en los siguientes meses para fortalecer la transparencia y las medidas de integridad dentro de la judicatura.

En mi calidad de Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Jueces y Abogados, continuaré pendiente de las actividades de la AGJI y de los esfuerzos para frenar el constante menoscabo de la independencia judicial en Guatemala en fortalecimiento del Estado de Derecho.