La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad se pronuncia por el proceso de integración de la Corte de Constitucionalidad período 2021-2026. Específicamente por el proceso que le corresponde a la CSJ. pic.twitter.com/a6Wqsm6hgL
— Diario La Hora (@lahoragt) February 2, 2021
#NACIONALES La designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad despierta el interés en varios sectores.https://t.co/349DJokY3X
— PublinewsGT (@PublinewsGT) February 3, 2021
La designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad despierta el interés en varios sectores.
La convocatoria para postulación para magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC) hizo que varios grupos de abogados se pronuncien para elegir a las personas más adecuadas para el cargo que desempañarán por cinco años.
La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad le recordó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en que el proceso de selección sea transparente y legal.
Además, de que se busque fortalecer la independencia judicial y la correcta administración de la justicia para promover confianza en la población y garantizar el bien común.
“Se nombren a magistrados más idóneos, honorables, íntegros, honestos, provenientes de la carrera judicial. Para cumplir con el espíritu de la integración que dispone la Constitución para tan importante función en el sistema de justicia. Consolidándose el sistema republicano, democrático y constitucional de Derecho”, resaltaron los integrantes de la asociación.
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2021/01/21/gremio-de-abogados-agiliza-cabildeos-para-elegir-a-magistrados-a-la-cc.html
¿Quiénes designan magistrados?
Las cinco instituciones que nombran a magistrados al máximo tribunal son los organismo Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
Cada institución designa a un magistrado titular y un suplente. El pleno de la CC para la discusión de temas ordinarios se integra con cinco magistrados. Mientras que en casos de rango constitucional debe integrarse con siete.
Los actuales magistrados de la CC deberán de dejar el cargo el 13 de abril y los sucesores tomarán posesión el 14 de ese mismo mes.
La nueva elección de magistrados activó la alerta de organizaciones civiles. Y de gobiernos de países cooperantes para que se elijan a las personas más preparadas para el cargo.
La independencia judicial en Guatemala se defiende con esfuerzos como el de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad https://t.co/t0CmUaubcm via @lahoragt
— Diego García-Sayán (@UNIndepJudges) January 21, 2021
Diego García-Sayán
Relator Especial de Naciones Unidas Sobre Independencia de Jueces y Abogados
El trabajo que realiza la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) es de enorme significación y relevancia para la independencia judicial y la integridad en la labor jurisdiccional en Guatemala. Debo expresar, por ello, mi especial reconocimiento al liderazgo de valientes juezas y jueces que integran la Asociación para continuar sus esfuerzos con una perspectiva internacional. Reconozco también el impulso decisivo del Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York.
Las actividades planeadas este año por la Asociación, con apoyo del Vance Center, tienen especial importancia. Implican la reafirmación de los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura de 1985 cuyo contenido va al eje toral de las preocupaciones que generaron estos esfuerzos. Estos son criterios fundamentales que a estas alturas tienen categoría de jus cogens en el derecho internacional y que el Estado guatemalteco debe garantizar.
Entre los 20 principios rectores destacan los siguientes para la realidad en Guatemala: (i) cuestiones generales sobre la independencia de la judicatura; (ii) garantías de los jueces a la libertad de expresión, creencia, asociación y reunión; (iii) estándares para determinar sus competencias profesionales, de selección y de formación para ocupar el cargo; (iv) condiciones de servicio e inamovilidad; (v) el deber de guardar el secreto profesional y la garantía de inmunidad, y; (vi) medidas disciplinarias, de suspensión y remoción del cargo.
Dentro de estos principios, quiero abordar tres temas fundamentales en este corto espacio.
Primero, este año es de especial relevancia para la protección de la independencia judicial en Guatemala y debe ser parte de atento seguimiento por la ciudadanía del país y por la comunidad internacional. Tremendos asuntos postergados. De un lado, sigue pendiente desde 2018 la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones, y por el otro, este año se debe renovar la composición de la Corte de Constitucionalidad.
Observo con preocupación los retrasos reiterados y que no hay esfuerzos por parte del Congreso de la República para avanzar en el proceso de selección que ha diferido la decisión casi indefinidamente. En reiteradas ocasiones he llamado públicamente a las autoridades competentes a culminar el nombramiento, de manera transparente y objetiva, de los magistrados de Altas Cortes de acuerdo a los estándares de transparencia y participación dispuestos por la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2020.
Las debilidades identificadas en el actual proceso de elección de jueces y magistrados confirma la crisis del modelo de nombramientos. Aunque esfuerzos para reformar el proceso fueron mencionados el año pasado, lo crucial ahora es que se pueda llevar a cabo un proceso amplio que involucre a todos los sectores interesados, respetando los estándares internacionales para el nombramiento adecuado de jueces y magistrados.
En particular, es muy importante que este año, y como lo he mencionado con anterioridad, no se utilice el proceso de selección de jueces de altas cortes para fines políticos y como medio de algunos pocos de procurarse impunidad. Como lo he expresado, me preocupa el permanente asedio de autoridades estatales para influenciar procesos de designación de magistrados e interferir en ellos. Aprovecho este espacio para reiterar el llamado a abstenerse de imponer agendas políticas o personales que afectan la institucionalidad y el Estado de Derecho.
Como segundo aspecto crucial debo resaltar la obligación internacional del Estado de prevenir los ataques contra quienes imparten justicia. He mencionado mi preocupación por los continuos ataques y acciones arbitrarias e indebidas contra juezas y jueces, incluyendo integrantes de la AGJI, al igual que Magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Es gravísimo el ejercicio del amedrentamiento o la violencia contra funcionarios judiciales por el desempeño de sus funciones. Debe evitarse la interferencia política en el sistema judicial, incluyendo el máximo tribunal.
Reitero que las diligencias de antejuicio a jueces y magistrados por sus resoluciones, llevadas a cabo en los últimos meses, violan estándares internacionales; la garantía de independencia se hace efectiva a través del respeto al proceso de deliberación y funcionamiento del sistema judicial.
Juezas y jueces, magistradas y magistrados, en particular aquellos que han permanecido independientes y que han contribuido a la lucha contra la impunidad y corrupción en Guatemala, deben ser protegidos y su labor garantizada para que puedan continuar con sus labores. A los órganos del Estado, incluyendo la Corte Suprema, le corresponde velar por esa protección y no admitir solicitudes de antejuicio infundadas que buscan presionar a quienes imparten justicia.
En un Estado de Derecho es vital garantizar que quienes imparten justicia realicen sus funciones libres de influencias, amenazas o intromisiones indebidas en la adopción de sus decisiones conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Celebro los esfuerzos que la AGJI, en ejercicio de la libertad de asociación, realiza para proteger a sus integrantes.
Un tercer tema tiene que ver con la integridad y la ética judicial, así como el indispensable enfoque meritocrático que debe regir, en general, para el ingreso y ascensos dentro de la carrera judicial. He insistido en que los Principios Básicos y los derechos que ellos protegen deben leerse e interpretarse en concordancia con los principios de integridad, corrección, igualdad, competencia y diligencia contenidos en los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial. La Red Global de Integridad Judicial, impulsada por el UNODC, y en cuyo Consejo Asesor me honro en pertenecer, promueve principios de ética y transparencia que son armónicos y complementarios con los Principios Básicos de 1985.
En este sentido, celebro los esfuerzos que la AGJI realizará en los siguientes meses para fortalecer la transparencia y las medidas de integridad dentro de la judicatura.
En mi calidad de Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Jueces y Abogados, continuaré pendiente de las actividades de la AGJI y de los esfuerzos para frenar el constante menoscabo de la independencia judicial en Guatemala en fortalecimiento del Estado de Derecho.
Y es que aunque seamos un país pequeño, los ojos de muchos en el mundo están puestos en el escándalo que significa esa voracidad del Pacto de Corruptos por controlar de manera absoluta todo el sistema de justicia e impresiona a los expertos cómo es posible que en una sociedad supuestamente democrática esas alianzas perversas sean capaces de lograr el control de toda la institucionalidad púbica, pero especialmente de lo relacionado con la administración de la justicia que es el pilar de la convivencia social. Sin la correcta aplicación de la ley se cae prácticamente en la ley de la selva porque cualquiera puede pisotear derechos ajenos, hasta el derecho a la vida, sabiendo que hay garantía de impunidad porque todos los jueces son designados para servir a ese objetivo que se convierte en el meollo de lo relacionado con la administración de justicia.
Entender cómo un prisionero señalado por corrupción es quien está realizando el proceso de selección de todos los magistrados de Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia y que el Congreso, con una mayoría suficiente conformada a base de prebendas, negocios y hasta de dinero en efectivo entregado a los diputados, será el que hará la designación de los encargados de llevar todos los casos criminales y de instancias civiles que se diriman en el país. Pero todos y cada uno de los que serán designados pasaron por el filtro de Gustavo Alejos, el prisionero de marras, quien es el que califica quién sí y quién no es de fiar para garantizar que nunca más los corruptos tengan que vivir sobresaltos como los que les provocó la ya desaparecida CICIG y el Ministerio Público bajo la administración de Thelma Aldana.
Los periodistas y las organizaciones sociales preocupadas por el tema de la verdadera certeza jurídica, de la que deriva de la ley y no la que deriva de licencias o concesiones otorgadas a cambio de mordidas, podemos y debemos decir mucho al respecto. Pero el hecho de que una valiente Asociación de Jueces por la Integridad sean los que expresen en un webinar, contando con participación de personalidades extranjeras vinculadas al tema de la justicia, es un extraordinario aporte para que la comunidad internacional pueda entender lo que parece increíble, es decir que todos los juzgadores encargados de conocer acusaciones criminales estén de entrada comprometidos con los corruptos y dedicados a velar por su inmediata libertad. Un país que llega tan bajo, que con tanto descaro muestra al mundo el cínico y podrido poder de los políticos y sus socios del sector privado, sin duda provoca asco.
Fuente https://lahora.gt/un-extraordinario-aporte/
POR MANUEL GARCÍA
mgarcia@lahora.com.gt
La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), desarrolló un panel en línea para abordar el tema: “Integridad Judicial para el Fortalecimiento de la Independencia Judicial”, en el cual participó la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán.
También participó el relator Especial de Naciones Unidas Sobre Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán y la doctora Lizzette Robleto de Howarth, en un evento que contó con el apoyo del Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de Nueva York.
MOMENTO APROPIADO PARA ABORDAR EL TEMA
Para la (AGJI), este es un momento propicio para reiterar el compromiso de administrar justicia independiente en garantía de la igualdad para todos ante la ley, a la vez agregaron que el Estado de Guatemala tiene una deuda pendiente en este tema.
“Porque derivado de los Acuerdos de Paz, suscritos hace 24 años, se estableció la necesidad de reformar y adecuar el modelo constitucional de administrar justicia; siendo importante avanzar hacia la meritocracia de los cargos, efectiva independencia de criterio, estabilidad y excelencia profesional, reconocimiento del pluralismo jurídico. Hoy, ese compromiso de Estado ha quedado en intentos fallidos”, es uno de los mensajes que se dieron durante la actividad.
La jueza Aifán se refirió a los retos que conlleva tener independencia judicial, entre estos, la criminalidad de alto impacto, el tráfico de drogas, así como los esfuerzos que las estructuras criminales hacen para implantar sistemas corruptos bajo una apariencia de legalidad, la cooptación de los estados y de los sistemas de administración de justicia, así como las constantes amenazas contra jueces y magistrados.
Para la defensa de la integridad y de la independencia judicial la jueza observa dos dimensiones importantes:
“La primera que va dirigida al interior del propio juez y que se refleja a la sociedad a través de sus fallos, fallos que deben demostrar correlación necesaria entre las pruebas, los argumentos, las bases legales y los dictámenes que puedan producirse dentro de los casos, para que los fallos sean resultados de análisis lógicos”.
“La otra dimensión es el reflejo que se da en la sociedad, para lo cual coadyuvan los medios de comunicación, para que pueda llegar a la población el conocimiento de cuáles son las decisiones de los jueces y que la fundamentación de esas decisiones puede ser comprensible para cualquier ciudadano, de las motivaciones de judiciales”, explicó.
IMPARCIALIDAD SIN PRESIONES, SIN INTERESES O AMENAZAS
Diego García-Sayán, relator Especial de Naciones Unidas Sobre Independencia de Jueces y Abogados, que también fungió como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dos periodos consecutivos, se refirió a la importancia de la independencia judicial.
“La independencia es una cara de la moneda, y la otra es la integridad, cosa que no siempre se entendió así. La riqueza de esa complementación hace que pueda avanzarse en manera sustancial y efectiva en la independencia de jueces y en la imparcialidad, sin presiones, sin intereses o amenazas” expresó.
Añadió que no puede haber independencia, si no se actúa con integridad y expreso que es “la principal arma que tiene una sociedad civilizada para enfrentar estas grandes formas de criminalidad, de pensar puede hacerlo con eficiencia y contundencia como componente esencial en una sociedad en la que hoy en día los temas judiciales no tienen fronteras”.
El número de amenazas y tácticas de intimidación en contra de jueces independientes, especialmente en contra de quienes conocen los casos de corrupción en los tribunales de mayor riesgo a incrementado en cantidad y en seriedad, afirmó
Además, advirtió que han encontrado una serie de actividades en contra de los jueces que consideran un riesgo a su seguridad física y mental, como arbitrariedad en la carga de trabajo y la utilización de recursos legales como tácticas de intimidación
CRECIENTE AMENAZA CONTRA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
La doctora Lizzette Robleto de Howarth, directora de Programas Internacionales en la Sociedad de Derecho de Inglaterra y Gales, donde es encargada de los asuntos de interés público internacional de la sociedad relacionados con asistencia para el desarrollo jurídico, Estado de derecho y derechos humanos, hizo énfasis en la creciente amenaza contra jueces independientes.
“El número de amenazas y tácticas de actos de intimidación en contra de jueces independientes, especialmente en contra de quienes conocen los casos de corrupción en los tribunales de mayor riesgo ha incrementado en cantidad y en seriedad”, expresó.
Fuente
https://lahora.gt/agji-jueces-y-expertos-destacan-importancia-de-la-independencia-judicial/
Por María España
mespana@lahora.com.gt En un momento clave en el cual el sistema de justicia guatemalteco se ha visto deteriorado por la falta de independencia judicial, aunado al retraso de más de un año de la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, y el reciente nombramiento del juez Tercero Penal, Mynor Moto, señalado de su posible vinculación al caso Comisiones Paralelas 2020, como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), el Relator Especial de Naciones Unidas Sobre Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, se refirió a la situación de Guatemala. Esto en una columna elaborada en el marco de un evento que se realizará hoy por el programa de apoyo del Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de Nueva York a la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI). García-Sayán destacó el trabajo de la AGJI para la transparencia dentro de la judicatura. Además, hace un llamado a las autoridades para evitar imponer agendas políticas y personales.
“El trabajo que realiza la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) es de enorme significación y relevancia para la independencia judicial y la integridad en la labor jurisdiccional en Guatemala. Debo expresar, por ello, mi especial reconocimiento al liderazgo de valientes juezas y jueces que integran la Asociación para continuar sus esfuerzos con una perspectiva internacional.”, indicó. Asimismo, reconoció el apoyo del Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, con el que han planificado actividades que reafirman los Principios Básicos de la ONU en Independencia de la Judicatura, los cuales considera que el país debe garantizar.
“En mi calidad de Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Jueces y Abogados, continuaré pendiente de las actividades de la AGJI y de los esfuerzos para frenar el constante menoscabo de la independencia judicial en Guatemala en fortalecimiento del Estado de Derecho.”, puntualizó.
Por Juez Carlos Ruano / Presidente Asociación Guatemalteca de Jueces.
para la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad –AGJI-, este es un momento propicio para reiterar nuestro compromiso de administrar justicia independiente en garantía de igualdad de todos ante la ley. Agradecemos a quienes hacen posible este espacio de comunicación entre nuestra asociación y la sociedad guatemalteca, a quienes nos debemos.
El Estado de Guatemala tiene una deuda pendiente, respecto al tema de la justicia, porque derivado de los Acuerdos de paz, suscritos hace 24 años, se estableció la necesidad de reformar y adecuar el modelo constitucional de administrar justicia; siendo importante avanzar hacia la meritocracia de los cargos, efectiva independencia de criterio, estabilidad y excelencia profesional, reconocimiento del pluralismo jurídico. Al día de hoy, ese compromiso de Estado ha quedado en intentos fallidos, porque se anteponen intereses particulares o de grupo, por encima del bien común. No sería viable una reforma o rediseño para que el poder político se divida las magistraturas, como si fuera un pastel; sino que, debe tenerse como objetivo fundamental la garantía de la independencia funcional del poder judicial.
Y es que en Guatemala la justicia permanece en constante crisis, diversas situaciones o hechos la ponen a prueba, procesos judiciales contra la corrupción y la impunidad desde los más altos poderes del Estado, hasta la más pequeña oficina pública o privada; justicia transicional, conflictos sobre tenencia de la tierra y proyectos extractivos de empresas internacionales, innumerables actos de violencia contra grupos vulnerables de la sociedad, criminalidad organizada y delincuencia común; sin olvidar, las desiguales condiciones económicas que tienen en la pobreza a la gran mayoría de la población.
Sumado a los asuntos que a diario se ventilan en las judicaturas y magistraturas, están las denuncias, persecución penal y disciplinaria espuria en contra de jueces independientes, litigio y retardo malicioso de las causas, obstaculización de la acción penal, hostigamiento en redes sociales, entre otros hechos o circunstancias que dañan a las y los juzgadores, generando desconfianza ciudadana en la administración de justicia. Por lo que el Estado en su conjunto debe proteger la garantía de independencia de la justicia. Y los jueces asumir el compromiso de actuar con integridad, honestidad y legalidad en la función judicial.
Los jueces y juezas, a través del asociacionismo judicial, creamos el espacio de apoyo y fortaleza para enfrentar juntos las difíciles situaciones por las que atraviesa la justicia en Guatemala. No faltan aquellas voces que critican y cuestionan de manera malintencionada el derecho que tenemos los jueces de asociarnos libremente para la defensa de los intereses comunes gremiales, llamándole de manera despectiva “activismo judicial”. La asociación de jueces nos permite ser más fuertes y formar un frente común contra esas malas acciones que impiden el fortalecimiento de la judicatura independiente y que el juez pueda libremente ser garante de las libertades ciudadanas y de los derechos humanos.
La AGJI dentro de sus actividades gremiales, con la ayuda de instituciones nacionales e internacionales, dentro de las cuales se pueden mencionar: Acción Ciudadana, Impunity Watch, Comisión Internacional de Juristas, Movimiento Pro Justicia, Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de América, JOTAY Guatemala, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial; con quienes hemos desarrollado programas de capacitación y formación, respecto de temas relevantes para la justicia e incidencia en reformas legales y políticas internas del Organismo Judicial, para que ello se traduzca en la dignificación y el fortalecimiento del quehacer jurisdiccional.
Iniciamos con las actividades académicas para este año 2021, que aportarán conocimientos para resolver de mejor manera los diversos asuntos de la judicatura y garantizar una justicia de calidad para los usuarios del sistema. Se hace el lanzamiento de nuestra página Web, como resultado del proyecto para el “Fortalecimiento de la capacidad institucional de la AGJI y de la independencia judicial en Guatemala” que se ha suscrito en conjunto con Cyrus R. Vance Center for Internacional Justice. Además, desarrollaremos una serie de actividades y eventos formativos, que sin lugar a dudas, fortalecerán nuestras capacidades y contribuirán al fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala.
Además, durante este año 2021, la AGJI con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit -GIZ- en Guatemala, por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) a través del Fondo de Reformas Estructurales, presentaremos la segunda parte del Proyecto denominado “Reforma del Sector de Justicia en Materia de Independencia Judicial”, el que ha permitido analizar y proponer reformas a la Constitución en materia de elección de magistrados del Organismo Judicial, propuesta presentada el año recién pasado y que durante este 2021, presentaremos el informe final del análisis y discusión sobre la necesidad de reformas a la Ley de la Carrera Judicial y sus reglamentos, para generar con ambos aportes, los cambios necesarios que fortalezcan ese pilar importante de la independencia judicial y del estado democrático de derecho en Guatemala.
Esa propuesta de reforma constitucional, discutida y avalada por los jueces de la AGJI, jueces de Centroamérica, estudiantes de derecho y de la consultoría de un profesional del Derecho, permitiría tomar como base la meritocracia en la carrera judicial como método de ascenso a las magistraturas, que previamente bajo la evaluación del comportamiento profesional y disciplinario, seleccionaría a los mejores jueces, con experiencia, trayectoria, idoneidad y honorabilidad, para integrar las cortes, dejándose por un lado las muy cuestionadas comisiones de postulación y listados “consensuados” por el poder político en el legislativo. Hay jueces de primera instancia con más de veinte años de ejercicio profesional, íntegros e independientes de criterio, que por no favorecer con sus decisiones a personas o grupos delictivos, no son ascendidos, quedando claro que son incómodos y no útiles para el sistema actual.
Los retos y desafíos que enfrenta la justicia en Guatemala son muchos, faltan compromisos serios de diversos sectores públicos y privados para generar los cambios que el sistema necesita, porque a través de instituciones democráticas y legítimas, se fortalece el Estado de Derecho y la justicia se constituye en una herramienta para la paz.
Fuente https://f4gt.com/2021/01/18/asociacion-de-jueces-renueva-compromiso-por-una-justicia-independiente/