Expresa su preocupación por el impacto de la reforma constitucional impulsada por el Presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Legislativo, sobre la independencia judicial en México. Entre las medidas destacadas se incluyen la elección popular de jueces y juezas, y la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia.
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El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI) condena los procedimientos preliminares iniciados contra el juez guatemalteco Carlos Giovanni Ruano Pineda por la Fundación contra el Terrorismo , descrito en los informes como un grupo de extrema derecha con un historial de atacar a jueces y anticorrupción. fiscales
El grupo busca eliminar la inmunidad judicial del juez Ruano, una herramienta diseñada para facultar a los jueces para que dicten sentencias imparciales y equitativas, libres de presiones o manipulaciones externas injustificadas. Si la Fundación contra el Terrorismo tiene éxito en su empeño, el juez Ruano estará expuesto a represalias por ejercer sus funciones judiciales.
El 27 de octubre de 2022, la Fundación contra el Terrorismo presentó una denuncia contra el juez Ruano por los delitos de usurpación de poderes, resoluciones violatorias de la Constitución de Guatemala, abuso de autoridad, simulación de delito e incumplimiento del deber. El proceso iniciado contra el juez Ruano parece de naturaleza vengativa, ya que está vinculado a sus funciones oficiales en el manejo de un caso relacionado con la corrupción en el que expuso a un magistrado de la Corte Suprema que intentó presionarlo con respecto a un juicio que involucraba a su hijo. La Corte Constitucional guatemalteca debe decidir si puede avanzar el proceso previo al juicio contra el juez Ruano.
La copresidenta de la IBAHRI y exsecretaria general inmediata del Colegio de Abogados de Suecia, Anne Ramberg Dr. Jur hc, comentó: “La IBAHRI está muy preocupada y condena cualquier acción que penalice a los actores judiciales simplemente por cumplir con sus deberes. Las medidas que está tomando la Fundación contra el Terrorismo contradicen flagrantemente los principios de independencia judicial enunciados en los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de Naciones Unidas. Las inmunidades judiciales son fundamentales para el funcionamiento eficaz y autónomo de un sistema judicial que, a su vez, es clave para mantener el estado de derecho en una sociedad equitativa. Aparentemente, el mensaje que se envía a los jueces, fiscales anticorrupción y en general a todos los ciudadanos de Guatemala es que los poderosos están por encima de la ley y los casos de corrupción no deben investigarse ni llevarse a juicio. No se puede permitir que esto se mantenga. La justicia es demasiado importante para ser secuestrada por unos pocos.
El Copresidente de IBAHRI, Mark Stephens CBE, declaró:‘Es imperativo que la comunidad internacional denuncie el uso poco ético de la ley en Guatemala como herramienta de retribución contra los jueces del país. El juez Ruano y sus pares deben contar con el apoyo internacional en el desempeño de sus funciones de acuerdo a juramentos. El proceso en curso contra el juez Ruano tiene por objeto despojar a los jueces de la garantía contra el enjuiciamiento injusto que otorga la inmunidad judicial, un principio fundamental de la independencia judicial. Revocarla ilegalmente es un movimiento muy peligroso. Esta trayectoria debe ser detenida. Hacemos un llamado a las autoridades guatemaltecas para proteger a los jueces y fiscales de represalias en forma de acciones legales por sus esfuerzos en combatir la corrupción y defender los derechos humanos para todos.Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos . ‘
Se informa que más de 12 jueces y fiscales han huido de Guatemala en espera de órdenes de arresto o cargos. La acción legal contra el juez Ruano es sintomática de que los jueces y fiscales se encuentran cada vez más en el punto de mira por su trabajo en casos delicados de corrupción y derechos humanos en Guatemala.
Pronunciamiento de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), de la cual AGJI es miembro , emitido en su asamblea general ordinaria llevada a cabo el 14 de abril de 2023, el cual , en su parte considerativa, manifiesta preocupación ante la actual crisis del sistema de justicia en Guatemala y la criminalización de la cual son víctimas jueces independientes por el solo hecho de ejercer sus funciones jurisdiccionales , presentándose denuncias espurias e iniciándose diligencias de antejuicio con base en esas denuncias, y en su parte resolutiva, numeral VIII, expresa el rechazo a esa criminalización de los jueces por tomar determinaciones, y que se le conceda el debido proceso de ley cuando se radiqurn cargos.
FLAMInforme anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,* que expone, en el capítulo IV b, el seguimiento realizado por la CIDH a la situación de los derechos humanos en Guatemala,, y hace énfasis en los graves retrocesos en la lucha contra la impunidad y corrupción en los últimos años; y en la intensificación de la persecución judicial, y criminalización a personas operadoras de justicia, conteniendo un apartado específico respecto a la criminalización de jueces y juezas , expresándose en el informe que
“…La Comisión Interamericana urge a Guatemala a tomar medidas para impedir que se haga uso indebido del derecho penal y de diligencias de antejuicio como forma de restringir la labor independiente de las personas operadoras de justicia y en particular, de juezas y jueces…”