Dra. Erika Aifán Dávila
A los retos derivados de la emergencia sanitaria del Covid-19 y de la naturaleza compleja de procesos de crimen organizado y corrupción que enfrenta el Organismo Judicial en Guatemala, se suma la crisis de la independencia judicial provocada por factores internos y externos. En este contexto es que la independencia judicial en nuestro país es un derecho absoluto pero a la vez es un concepto relativo.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha sostenido que “el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha establecido que si no se cuenta con un juez independiente e imparcial, “se está ante un procedimiento viciado desde su origen”.
La independencia judicial a la vez que se trata de un derecho absoluto del que no podemos prescindir en su integralidad, es un concepto relativo, porque está integrado en diferentes formas de independencia que pueden ser congruentes entre sí o no. Se puede ser un juez independiente, pero no existir independencia institucional, al enfrentar múltiples riesgos y ataques desde la institucionalidad del país, bien sea proveniente de otros poderes del Estado o del propio Poder Judicial.
Es más fácil comprender esa relatividad del concepto de independencia judicial en Guatemala si observamos los ataques a través de medios y redes sociales, campañas de odio y de desprestigio, la instrumentalización de la Supervisión General de Tribunales que ha llegado incluso de manera impune a la sustracción de medios de prueba de descargo presentadas y la implantación de pruebas para obtener la destitución del juez o jueza. Se pueden incluir también amenazas, ataques, discriminación por género, falta de medidas de seguridad físicas, estructurales y digitales, filtración de información, perdida y/o sustracción de actuaciones procesales y evidencia, espionaje, falta de recursos humanos, materiales y financieros, exclusión sistemática de actividades académicas, hostigamiento articulado mediante la presentación simultanea de denuncias infundadas en el ámbito disciplinario y penal, y la falta de investigación y sanción de los hechos cometidos en contra de jueces. Así, la existencia de un juez independiente no es sinónimo de una justicia independiente.
Conscientes de que la protección efectiva de los derechos humanos y de un orden constitucional libre y democrático parte de la existencia de jueces independientes, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) ha realizado acciones concretas para la defensa y fortalecimiento de la independencia judicial, trascendiendo internacionalmente al ser la única asociación guatemalteca que forma parte de la Federación Centroamericana de Jueces, en la que ostenta la presidencia, de la Unión Internacional de Magistrados y tener en curso un proyecto de colaboración con el Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York.
Seguiremos trabajando para que la independencia de jueces no quede solamente como un concepto relativo, sino que se convierta en una realidad absoluta, con un sistema de justicia independiente que garantice condiciones institucionales de protección y capacidad a quienes impartimos justicia.