Todd Crider y Antonia Stolper, integrantes del Lawyers Council for Civil and Economic Rights del
Cyrus R. Vance Center for International Justice
Los autores de este artículo somos socios de despachos de abogados internacionales basados en Nueva York y miembros del Lawyers Council for Civil and Economic Rights (Consejo de Abogadas y Abogados para los Derechos Civiles y Económicos), del Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. El Council está compuesto por abogados en el ejercicio privado de la profesión, provenientes de 14 países de las Américas. Entre nuestros principales objetivos está el apoyar esfuerzos de la comunidad jurídica para fortalecer la independencia de jueces en la región, como elemento fundamental del Estado de derecho.
El concepto de Estado de derecho se compone de diversos elementos que generalmente se abordan desde los ámbitos de derecho constitucional, de la seguridad pública y de los derechos humanos, pero menos en relación a su importancia para el desarrollo económico de un país. Como abogadas y abogados en ejercicio privado, el Lawyers Council reconoce la primordial importancia del Estado de derecho para un buen clima de negocios, el fomento de la inversión tanto nacional como extranjera y por lo tanto, para el desarrollo económico de un país. Los países donde no existan garantías de certeza jurídica perderán competitividad entre potenciales destinos de inversión, frente a otros que logran ofrecer más seguridad jurídica. Esta verdad se aplica aún más a países como Guatemala, que deben emprender mayores esfuerzos para atraer inversión, debido a su menor escala.
Esta seguridad jurídica es en la que abogadas y abogados basamos nuestro trabajo, es decir, en la existencia de normas y reglas preestablecidas, que son interpretadas acorde con las leyes y precedentes por quienes imparten justicia, juezas y jueces que tienen (o deben tener) los conocimientos técnicos necesarios y calidad moral suficiente para esta alta responsabilidad. Dada la importancia de esta función, es que debe estar respaldada por normas y políticas públicas que establezcan garantías para la independencia del poder judicial frente a otros poderes y autoridades del Estado, así como garantías para que juezas y jueces designados con atención a sus méritos profesionales, puedan llevar a cabo estas funciones con independencia y libres de presiones e influencias indebidas.
Desafortunadamente, la falta de estas garantías son una problemática regional, y Guatemala, lejos de ser la excepción, en el reciente pasado da evidencias de un poder judicial susceptible tanto de influencias políticas como de influencias indebidas de ciertos actores del sector privado. La independencia de juezas y jueces en Guatemala es una problemática seria que va al corazón del Estado de derecho, y que empieza desde el marco normativo para ejercer la función judicial, hasta la vulnerabilidad política y de seguridad física de quienes imparten justicia.
Es inevitable, y no es necesariamente negativo, que exista una atención política a la selección de jueces. Indudablemente en nuestro país, los Estados Unidos de América, la selección de jueces federales incluidos los de la Corte Suprema ha pasado a ser un proceso extremadamente político. Sin embargo, aun dentro de un contexto con inevitables elementos políticos, el proceso de designación de magistrados de las altas cortes deberá alejarse de intereses personales o gremiales y siempre tener como cualificación necesaria los méritos profesionales y éticos de las personas. En el pasado estos procesos han estado plagados de actos de corrupción, conflictos de intereses y de simulaciones como la creación de facultades de derecho de garaje para asegurar participación en el proceso. A diferencia de la mayoría de los países en la región y de países Europeos en los cuales la carrera de juez es de funcionario público, la carrera judicial en Guatemala es muy limitada y no comprende más que a los jueces de paz y de primera instancia, dejando la última palabra de la mayoría de los asuntos a magistradas y magistrados nombrados en un proceso predominantemente político y de cuestionada integridad.
Sumado a esto, los ataques y la vulnerabilidad de quienes imparten justicia son preocupantes en un contexto en el que a todas las personas les interesa que prevalezca la independencia judicial y el Estado de derecho, sin influencias o amenazas. Solo en el último año, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, se ha pronunciado en aproximadamente diez veces sobre su preocupación por el contexto para las y los jueces en Guatemala. Si bien los desacuerdos sobre los criterios de jueces y magistrados son universales, se deben enfocar los esfuerzos en los perfiles designados como jueces y agotar los mecanismos legales de remediación por la vía institucional, y no recurrir a mecanismos de intimidación, incluidas las acusaciones infundadas, denominada “guerra judicial”.
Las y los integrantes del Lawyers Council estamos convencidos que la comunidad jurídica tiene una responsabilidad y papel fundamental para cuidar la seguridad jurídica y la integridad de la judicatura. A todas las personas en general, y a todas las personas profesionales del derecho, nos debe interesar quienes son nuestros jueces. Las y los abogados tenemos el deber de cerciorarnos que las personas que desempeñan la alta responsabilidad de impartir justicia puedan gozar de las condiciones para juzgar con independencia. Sin embargo, la responsabilidad de la comunidad jurídica no termina ahí, pues ésta también debe fungir como vigilante de que quienes impartan justicia lo hagan con los más estrictos principios de integridad.
En este sentido, celebramos y reconocemos el trabajo que hacen diversos actores en Guatemala, incluida la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad en Guatemala, en pro de la defensa de la institucionalidad de la judicatura y fomentando una labor judicial íntegra.
En conclusión, alentamos a la comunidad jurídica a que se involucre y en la defensa de la independencia judicial y de la certeza jurídica como elementos fundamentales del Estado de derecho para un buen clima de negocios para la inversión, y por consecuencia un mayor desarrollo económico para Guatemala.