Por Dra. María Eugenia Morales Aceña
El tema, no ha sido elegido al azar, sino que es producto del diagnóstico de prioridades que han de ser abordadas para fortalecer al Organismo Judicial en el país. Al empezar a reflexionar sobre el mismo, de inmediato me hizo rememorar el juramento hecho al asumir el cargo, puesto que claramente condiciona a tener la capacidad de proceder sin injerencia alguna que limite la toma de decisiones basadas en sus .propios conceptos sobre las pruebas del derecho y de la justicia; lo cual resulta acorde al principio general de independencia que, según el Estatuto del Juez Iberoamericano, regula «… los jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y se encuentran tan sólo sometidos a la Constitución y a la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa» .
En el ámbito judicial, como en todos los organismos de Estado, esta libertad debe ser irrestrictamente reconocida, impulsada, respetada, ejercida, aplicada y defendida, de tal manera que cada actuación sea completamente ajena a influencias o intervenciones que provengan de otros poderes políticos, y no políticos; tal es el caso de intereses privados, partidistas, de cualquier otro grupo social, organización o persona poderosa. Estas influencias pueden ser ejercidas externa e internamente.
La importancia de la independencia es tal, que la legitimidad de la justicia gira en torno a ella, pues la paz proviene precisamente de desarticular los conflictos sometidos a su conocimiento, y ser impartida por profesionales honestos, capaces, de reconocida trayectoria, electos por un equipo igualmente intachable, bajo principios de igualdad, mérito, capacidad a través de mecanismos incluyentes, públicos, transparentes, respetando normas y procedimientos legales. Resulta tan oportuno que nuevamente la Asociación de Jueces por la Integridad, impulse la reflexión acerca del tema, en un momento coyunturalmente decisivo para Guatemala, propicio para recapacitar, dada la cooptación del sistema, la degradación política y moral, y la gran cantidad de procesos de elección que se están dando, los cuales tienen una interconexión directa con las debilidades que enfrentamos por los ineficaces métodos de formación en valores, vinculados a las universidades, y unidades institucionales responsables de capacitación, especialización, evaluación, selección, y promoción de personal administrativo y jurisdiccional; evaluación del comportamiento, y desempeño, así como las sanciones, y su debido registro.
Es por ello que, a pesar de tener más de veinte años de estarse impulsando una verdadera carrera judicial, con algunos logros, estos se minimizan, ante la realidad de la corrupción y el crimen organizado.
No pretendo ser exhaustiva, pero sí considero que se requiere la reforma constitucional, y demás leyes pertinentes, para lograr cambios en la estructura del Poder Judicial, dado que el Pleno de la Corte Suprema continúa teniendo la doble carga de diligenciar lo administrativo y jurisdiccional, y debe ser revisada la eficacia de la entidad nominadora, esta continúa siendo la responsable del nombramiento de jueces y el Congreso de la Republica de magistrados. La temporalidad de los cargos, debe cesar, si se toma en cuenta que el período más largo, va a diluir la dependencia que podría darse entre juez y elector. Es necesario también modificar la renovación del total de magistrados optando por la alternabilidad, revisión del perfil requerido para juez del Siglo Veintiuno, y mejorar los procesos de elección, ya que los juzgadores muchas veces se ven limitados en su ejercicio derivado de los compromisos que asumen ante las instancias, o porque se deba a una decisión personalísima del jerarca. Deben terminar los abusos de parte de los “superiores”, dado que nuestro sistema es eminentemente jerárquico, y con el gran poder concentrado que ostenta la Corte Suprema, puede ejercer influencia sobre los magistrados de Salas de Apelaciones, jueces de Primera Instancia y de Paz. También es necesario, garantizar las condiciones de su servicio, seguridad, protección y asistencia de todo tipo de amenaza, hostigamiento, presión, denuncias falsas, supervisiones que interfieran con el ejercicio libre e independiente de la judicatura, retiro y jubilación.
Nos cuestionamos entonces ¿Cómo se podría promover realmente un cambio en estas tradiciones políticas que actualmente se llevan a cabo? En primer lugar, cumplir con el propósito de las leyes de la Carrera Judicial, y Comisiones de Postulación, cuya finalidad es fortalecer y consolidar el Estado de Derecho, a través de una designación de autoridades públicas, limpias, nombrando a las personas capaces e idóneas con suficiente experiencia sujetas a los mandatos constitucionales, capaces de resolver conflictos sometidos a su jurisdicción con razonamientos apegados a derecho, realizando los valores de justicia y certeza jurídica.
Es tiempo de terminar con esa mala práctica política, con injerencias personales que se lleva a cabo cada vez que se elige a un funcionario público. Debemos promover los cambios necesarios para una evolución en ello, para que los procesos sean transparentes, por méritos, de los candidatos y candidatas. Que no sean nombrados con los procesos de elección actuales, excluyentes, direccionados, y opacos, donde se evidencia que hay gente capaz, con mucha experiencia sin alcanzar los votos suficientes por no tener vínculos políticos.
De lo anterior, podemos inferir que resulta indispensable que cuanto antes, los propios jueces comprendamos que deben haber cambios, para lograr una evolución que nos conducirá a superar rápidamente la etapa de desconfianza para lo cual se debe divulgar y compartir públicamente, a fin de discutir y analizarlos con todos los operadores de justicia para lograr su involucramiento y sin lugar a dudas la Asociación de Jueces por la Integridad puede ser líder de esta iniciativa que debe partir de la propia judicatura, y dar muestras de vitalidad, flexibilidad, adaptación a los tiempos, con el genuino protagonismo en este tema desde hace muchos años, para logar centrar nuestra atención en que el momento es una gran oportunidad de converger en una causa común: buscar acercarnos al ideal de justicia con normas, órganos y procedimientos que den transparencia a todas las actuaciones; que se alejen las dudas del compromiso de los juzgadores en sus decisiones y estas estén fundamentadas en ley, ética y sobre todo, orientadas a favorecer a la población, a la que se deben como servidores públicos, sin distinción de clase, poder político, económico u otra naturaleza, tomando como punto de partida el derecho constitucional que a cada uno corresponde y que debe respetarse como parte esencial del sistema de justicia, para alcanzar los objetivos propuestos de fortalecimiento al Estado de Derecho.