Los juzgadores señalan un mecanismo continuo para sacarlos del sistema de justicia.
Si no hay fundamento jurídico para perseguir a los jueces, las denuncias que se presentan en contra de dichos funcionarios deben ser desestimadas por el Ministerio Público (MP), dijo la jueza Yassmin Barrios durante un foro virtual convocado por el Consorcio Internacional de Asistencia Legal (ILAC, por sus siglas en inglés).
Barrios, presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, le pide a la fiscal general, Consuelo Porras, que utilice la facultad que la ley le otorga al MP para desestimar denuncia sin sustento. Muchas de las quejas son interpuestas por detractores de “jueces comprometidos con la independencia judicial”, de acuerdo con la juzgadora.
Tanto Barrios como el juez Carlos Ruano identifican un mecanismo para sacar del sistema de justicia a los juzgadores comprometidos con la independencia judicial.
Parte de ese mecanismo son las denuncias que cuestionan resoluciones y algunas actividades privadas de los jueces, las cuales llegan al MP, Supervisión de Tribunales o el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), lo que conlleva al desgaste físico, intelectual y emocional. Esto sin contar el pago de otro colega que procure el caso ante esas instancias, dijo Barrios.
Al consultar al MP, se envió una respuesta en la que recuerda que es una institución autónoma y expone que los jueces cuentan con derecho de antejuicio, que es una garantía constitucional para no ser sometidos órganos jurisdiccionales sin que la autoridad competente declare con lugar a la formación de causa penal. “Instamos a tener confianza en la labor de la institución” y en los mecanismos legales, se indicó.
El flujograma de la justicia criminal del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), estableció que del total de denuncias que el MP recibió en 2019, el 82 por ciento tuvo salidas alternas como el archivo, el criterio de oportunidad y la desestimación, a la que se refirió la jueza.
Se perdió el balance
Ambos jueces expresaron una gran preocupación por el incumplimiento a las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. “Se ha perdido el balance en el sistema de justicia; aunque no se esté de acuerdo con las decisiones de la alta corte, todos debemos cumplirlas”, dijo Barrios.
En 2020, se ha inobservado la sentencia de la CC que ordenaba la inmediata elección de magistrados de cortes de justicia, excluyendo a los candidatos señalados en la investigación de la FECI Comisiones Paralelas 2020. Tampoco se obedeció a la resolución que ordenaba a la Comisión Permanente del Congreso enviar el expediente con las diligencias de antejuicio contra magistrados titulares de esa corte.
La inquietud por la situación de la abogacía y la judicatura es un tema compartido por organizaciones como la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), que también efectuó un foro virtual en el que participó el abogado Esteban Celada y la jueza Érika Aifán, quien es otra de las operadoras de justicia que ha experimentado presiones desde el sistema disciplinario del Organismo Judicial.
El mismo tipo de represalias han experimentado los fiscales y trabajadores de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Juan Francisco Sandoval acumula una veintena de denuncias desde hace varios años, algunas interpuestas por las mismas personas que señalan a los jueces.
Silencio cómplice
El juez Carlos Ruano señaló el “silencio cómplice” de la Corte Suprema de Justicia, que se quedó sin defender a los jueces, cuando el entonces presidente Jimmy Morales, rodeado de militares, señaló y cuestionó varios fallos relacionados con casos de corrupción.