Mika Kanervavuori
Como Representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala, participé el jueves 11 de febrero en un taller sobre el sistema de protección universal de los derechos humanos y la independencia judicial, invitado por la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) y el Cyrus R. Vance Center for International Justice. Fue un espacio muy importante para intercambiar reflexiones sobre la independencia judicial como un derecho humano y los mecanismos existentes para protegerlo. El trabajo de asociaciones como la AGJI es clave para contribuir a fortalecer los conocimientos en materia de derechos humanos de jueces y juezas y de esta forma a defender y proteger su independencia judicial.
Para la OACNUDH, fue una oportunidad para recordar que juezas y jueces tienen una función central para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos a través de sus resoluciones. En particular, se resaltó que son los garantes del derecho de todas las personas a acceder a un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es por ello que la independencia judicial, definida como el ejercicio de la función judicial libre de toda restricción, influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión indebida, es fundamental para la protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.
Los órganos internacionales e interamericanos para la protección de los derechos humanos han reconocido que, al impartir la justicia de manera independiente e imparcial, y garantizar su acceso a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, juezas y jueces actúan como personas defensoras de derechos humanos. Se reconoce que en ocasiones las y los funcionarios de justicia están sujetos a presiones para que adopten decisiones favorables a determinados intereses y que, por lo tanto, el esfuerzo especial de impartir justicia de manera independiente e imparcial en ese contexto, puede ser considerado como un acto de defensa de los derechos humanos.
El ejercicio de su función puede colocar a juezas y jueces en una situación de especial riesgo. En 2019, OACNUDH y la Procuraduría de los Derechos Humanos, en su informe “Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: entre el compromiso y la adversidad”, identificaron una serie de patrones de ataques y represalias con el objeto de afectar la independencia e integridad de operadores de justicia, por ejemplo, a través de medios de comunicación y redes sociales, y el uso malicioso de figuras legales y de mecanismos disciplinarios. Estos patrones afectan especialmente a operadores de justicia que conocen procesos de alto impacto social, particularmente los relacionados con casos de corrupción, narcotráfico y crimen organizado, así como casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado y en el presente.
Esto es de gran preocupación, puesto que la seguridad es un elemento importante para el ejercicio independiente de la función judicial. Además de implicar serios riesgos a la integridad física de jueces y juezas, los ataques y represalias en su contra por el ejercicio de su función revisten particular gravedad ya que afectan la independencia judicial y, por lo tanto, el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas.
Es imperativo que juezas y jueces puedan desempeñar sus funciones en un entorno seguro, gozando de una protección efectiva, oportuna y adecuada. Dicha protección debe ser el resultado de un esfuerzo integrado de todas las instituciones del sistema de justicia. Asimismo, es crucial que los ataques y represalias sean investigados y sancionados de manera pronta, independiente e imparcial, garantizando además el acceso a una reparación digna.
Por otra parte, cabe resaltar que los estándares internacionales de derechos humanos subrayan la importancia de tomar otras medidas en materia de prevención y protección para salvaguardar la independencia judicial, por ejemplo, fortalecer la carrera judicial y garantizar que los procesos de elección y nombramiento de magistradas y magistrados de Altas Cortes sean transparentes y objetivos, basados en los méritos de las y los aspirantes.
Para una respuesta más eficiente a ataques y represalias, considero de gran importancia que juezas y jueces, así como asociaciones como AGJI, estén al centro del diseño y revisión de políticas y planes del fortalecimiento de la independencia judicial.
Reitero la disponibilidad de OACNUDH Guatemala para continuar trabajando en colaboración con juezas y jueces para lograr su protección como defensoras y defensores de derechos humanos, reconociendo su aporte al desarrollo sostenible, inclusivo y a la construcción de sociedades más justas y pacíficas.
