Por Leonel González Postigo, Director de Capacitación, Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).
Desde la firma de los Acuerdos de Paz a fines de la década del 90, en Guatemala se han producido avances muy notables en relación a la capacidad del sistema judicial para procesar y gestionar los conflictos de mayor impacto social. Sin embargo, este proceso de cambios aún se encuentra en marcha y el actual ciclo político nos enfrenta a la urgencia de salvaguardar la independencia de operadores que intervienen en la persecución y juzgamiento de casos de corrupción y derechos humanos.
Últimamente se han observado acciones de hostigamiento y criminalización en contra de fiscales, jueces y juezas que tienen a su cargo los delitos de mayor riesgo en el país, como su seguimiento por autos sin placas (patentes) o el sostenimiento de denuncias en su contra en sede fiscal que exceden ampliamente los plazos legales para que el Ministerio Público inicie acciones en su contra. Uno de los hitos más preocupantes de esta situación estuvo dado por la destitución del Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, ordenada por Consuelo Porras, Fiscal General de la República, a mediados del año 2021, que llevó al exilio del ex fiscal Sandoval.
Este cuadro de situación significó que diversos organismos internacionales y misiones diplomáticas en el país expresaran su preocupación y llamaran a la protección de los operadores para que se garantice la lucha contra la impunidad. Tan es así que la Comisión IDH le otorgó medidas cautelares a jueces, juezas y fiscales y llamó a “a reafirmar la importancia que tiene la lucha contra la corrupción para combatir la impunidad mediante una justicia fortalecida, independiente e imparcial”[1].
Ahora bien, la coyuntura actual nos demuestra que el problema en torno a la independencia judicial es muy profundo y dice relación con una deuda que aún no se ha saldado desde la finalización del conflicto armado interno. Este problema se expresa en al menos dos dimensiones.
La primera dimensión está dada por el gobierno del Organismo Judicial, que actualmente está concentrado en la figura del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial. La función de gobierno consiste en la dirección estratégica y fijación de políticas del Poder Judicial, orientadas a proteger la independencia judicial por fuera de la voluntad individual de cada juez o jueza. En el caso de Guatemala no solo se observa un solapamiento de funciones administrativas y jurisdiccionales con las de gobierno judicial, sino que como consecuencia de aquello no existen políticas activas de protección de la independencia y de actuación ante casos concretos que pongan en cuestión la labor de jueces y juezas con competencia en los delitos de mayor riesgo en el país.
En segundo lugar, al referirnos a la independencia judicial como uno de los principios constitucionales básicos relativos a la organización judicial, en general lo abordamos desde su perspectiva interna y externa. Sin embargo, tal como señalan Martínez y García Yomha, “a estas dos formas que reviste la independencia del juzgador habría que agregar una tercera: la independencia frente a la organización burocrática que los rodea. De este modo, ya no son los magistrados los que se ocupan de los asuntos sino que son sus subalternos quienes -asumiendo la función jurisdiccional- tomarán las decisiones en el caso concreto”[2]. Es decir, nos referimos a la división de labores jurisdiccionales de las administrativas en el trabajo cotidiano de cada juzgado o tribunal.
Si observamos los datos del Mirador Judicial del ICCPG, en particular el indicador 31 sobre tasa de suspensión de audiencias, podemos advertir que en promedio del año 2017 al 2020, por cada 100 audiencias realizadas se suspendieron 96[3]. Esto refleja que no se concibe a la audiencia oral y pública como el producto principal del sistema judicial y en efecto nos muestra el fracaso del actual sistema de gestión administrativa de Tribunales que año a año agudiza su ineficacia endémica.
El hecho de tomarse en serio una política de fortalecimiento de la independencia judicial exige un conjunto de acciones urgentes, que podríamos sintetizar en las siguientes tres:
- Democratización del gobierno judicial. La representación política del Organismo Judicial es una tarea muy grande para que la detente una sola persona, que además no posee una representación real de todo el cuerpo. Por lo tanto, se vuelve necesario aumentar las prácticas democráticas al interior del OJ y permitir que todos los magistrados y jueces elijan a un representante que presida el cuerpo por fuera de la Corte Suprema y cuya labor sea la conducción institucional y fijación de políticas de resguardo de la independencia judicial. Por ejemplo, algunas de sus tareas estarían dadas por el fortalecimiento de los órganos de mayor riesgo, la integración de los despachos judiciales de estos juzgados y tribunales, objetivar el sistema de distribución de causas entre los órganos de mayor riesgo o servir como interlocutora de estos jueces para que ayuden a descomprimir las presiones que sufren o los problemas que se les presenten.
- Un nuevo rol de la Corte Suprema. La máxima instancia judicial debiese convertirse en un órgano eminentemente jurisdiccional enfocado en la producción de jurisprudencia de calidad y que por lo tanto desconcentre las funciones de administración y gobierno en entes especializados.
- Una separación real de las funciones administrativas y jurisdiccionales en los Juzgados y Tribunales. Si bien en el año 2005 la Corte Suprema dictó un Reglamento a estos efectos, lo cierto es que en términos generales no se le da cumplimiento. Sería muy deseable avanzar hacia un modelo de gestión con servicios comunes y una administración profesionalizada que rompa con la actual dependencia burocrática de la figura del secretario y en la cual los jueces y las juezas abandonen definitivamente las funciones administrativas.
En épocas recientes, las instituciones del sistema judicial de Guatemala han demostrado tener una enorme capacidad para revertir contextos de ineficacia severa. El actual momento político que atraviesa el país requiere de un nuevo esfuerzo y liderazgo democrático que le devuelva credibilidad y eficacia a un sistema muy dañado que no logra escapar de la trampa de la impunidad.
[1] Cfr. https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/203.asp
[2] MARTÍNEZ, Santiago y GARCÍA YOMHA, Diego: La etapa preparatoria en el sistema adversarial: de la instrucción a la investigación penal, Del Puerto, Buenos Aires, 2014, p. 55.