POR MANUEL GARCÍA
mgarcia@lahora.com.gt

Varios sectores del país se han pronunciado solicitando transparencia y apego a la ley para la elección de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026 y en la recta final de los procesos, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, recomendó al organismo Ejecutivo y Judicial realizar designaciones de profesionales independientes.

 

Rodas recomendó al presidente, Alejandro Giammattei y al vicepresidente, Guillermo Castillo que en Consejo de Ministros designen profesionales “idóneos, capaces, íntegros, realmente independientes para Magistrados a la CC”.

De igual manera se refirió a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés y a los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia, quienes este día tienen programado designar a dos integrantes al máximo tribunal constitucional.

Ambas recomendaciones fueron planteadas a través de su cuenta de Twitter, en donde solicitó a los dos órganos electores, que se cumpla con los requisitos indispensables para ocupar una magistratura.

VICEPRESIDENTE Y OTROS SECTORES SE EXPRESAN

Las posturas respecto a la elección de nuevos magistrados a la CC se han emitido desde distintos sectores, como el vicepresidente Guillermo Castillo, el sector empresarial, jueces y movimientos indígenas.

El vicepresidente Guillermo Castillo utilizó su cuenta de Twitter para plantear lo siguiente: “Hago un llamado al Consejo de Ministros que adoptemos un procedimiento público para designar Magistrados independientes. El compromiso es sólo con Dios, con nuestras familias, con la Patria y con toda una ciudadanía que demanda la más alta conducta basada en ética y principios”.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), por medio de un comunicado, hizo énfasis en el cumplimiento de plazos constitucionales, sin abordar otros temas que han rodeado los procesos de elección como la transparencia que han requerido al Organismo Ejecutivo o los señalamientos contra algunos candidatos.

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), hizo un llamado al pleno de la CSJ para que privilegie la carrera judicial en la votación para magistrado titular y suplente.

También la plataforma de Mujeres Indígenas emitió un pronunciamiento en el que exhortan a los 14 ministros de Gobierno a asumir con responsabilidad el compromiso de proponer candidatos y designar como magistrados a profesionales con el perfil idóneo en el marco de lo que establece la Constitución.

Además, este miércoles se desarrolla el segundo día de manifestaciones en rechazo de los procesos de elección magistrados, los organizadores consideran que los candidatos no son idóneos para ocupar una magistratura en el tribunal Constitucional.

Con la designación de magistrados en el Ejecutivo y la CSJ se completa la integración de la CC para 2021-2026.

El presidente Alejandro Giammattei convocó a sesión de Gabinete de ministros para elegir a un titular y un suplente para la CC. El vicepresidente Guillermo Castillo pidió que la elección se transmita por los medios de comunicación gubernamentales, mientras que organizaciones sociales demandaron transparencia; pero cualquier medida sería una decisión de buena voluntad, ya que ni la ley ni la Constitución obligan a la publicidad del proceso.

La CSJ también elegirá hoy, la votación se realizará en la sala de vistas y todo el proceso ha sido público vía redes sociales. Sin embargo, la nominación supuestamente amañada de candidatos de apelaciones fue pública y a viva voz.

“Lo que podemos exigir es que esos procesos sean transparentes, que se evalúe la trayectoria de vida de los candidatos, en esencia una carrera intachable”, apunta Marco Antonio Canteo, analista en temas jurídicos.

En la elección de la CSJ, se prevé que elijan entre Roberto Molina Barreto y Héctor Hugo Pérez Aguilera, ambos cercanos a la actual CSJ, según Alianza por Reformas. Molina tiene un cuestionamiento debido a su vínculo partidista al haber sido candidato vicepresidencial con Zury Ríos, pero los electores no admitieron esa objeción.

Pérez Aguilera recibió objeciones por avalar la reducción a siete meses del mandato de la ahora exfiscal general, Claudia Paz y Paz. También se le cuestiona por su gestión como jefe del MP de 1996 a 1998.

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) solicitó a la CSJ privilegiar la carrera judicial para designar al magistrado titular y suplente de la CC. Además, hizo un llamado a elegir un profesional con experiencia en la función jurisdiccional para garantizar la adecuada administración de justicia constitucional.

En Consejo de Ministros podría nombrarse a Leyla Lemus, secretaria de Giammattei, quien tendría un cuestionamiento por ser parte del gobierno actual y cuestionada por influir en contratos del Seguro Social, indica Alianza por Reformas, que también aboga por la transparencia de la elección.

También se menciona a Lisandro Godínez defensor de Giammattei en el caso Pavo Real y de Dwight Pezzarossi –vinculado al caso Cooptación del Estado–, pero el abogado desconoce la posibilidad de ser designado.

Continuidad

De los seleccionados, hay dos magistradas que repetirán, Dina Ochoa y Gloria Porras. Y entre los que se mencionan con mayor posibilidad para ser electos también hay rostros conocidos.

A criterio de Canteo, “lo importante es que las reelecciones estén motivadas por un exhaustivo examen sobre el papel desempeñado en la magistratura en defender los valores y principios constitucionales y que cumplan con la idoneidad y honorabilidad que consiste en un examen sobre su trayectoria intachable”.

Sin cambios en el procedimiento

Luego de la solicitud del vicepresidente Guillermo Castillo para aumentar los mecanismos de transparencia en el método de designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC), la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que “no está contemplado ningún cambio en el proceso ya que podría provocar alteración de la norma constitucional”.

El vicemandatario solicitó al presidente Alejandro Giammattei que se informe con anterioridad de los expedientes de los candidatos y velar porque se cumpla con los principios de idoneidad, honradez y capacidad, “eso requiere que sepamos más de las personas, la sola presentación de un currículo dice muy poco y es necesario saber quiénes son, cuáles han sido sus ejecutorias, que los podamos entrevistar”, señaló.

Hasta ayer, ninguno de los ministros había presentado la propuesta de algún candidato.

Sin diputados

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, se presentó al hemiciclo y dirigiéndose a los únicos siete (de 160) congresistas que asistieron canceló la sesión plenaria. Tomó el micrófono y agradeció a los legisladores que atendieron a la convocatoria, además, responsabilizó a los manifestantes que rodearon el Palacio Legislativo por no dejar ingresar a los diputados y por golpear a los
trabajadores de este organismo.

Ayer se tenía previsto continuar con la elección de magistrados de Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia (CSJ). Hoy se convocó de nuevo para continuar con la agenda legislativa que incluye, entre otros temas, la primera lectura de la ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas y en tercera la ley de Contrataciones del Estado.

Fuente: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/03/10/exigen-transparencia-y-privilegiar-la-honorabilidad/

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) privilegiar la carrera judicial para designar al magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC). 

La CSJ concluyó el pasado lunes 8 de marzo las entrevistas a sus candidatos y el Pleno está convocado para mañana, miércoles 10 a las 10:00 horas para elegir a los magistrados. 

La AGJI hizo un llamado a elegir un profesional con experiencia en la función jurisdiccional para garantizar la adecuada administración de justicia constitucional y la interpretación de normas. 

“Pedimos se designe magistrados de reconocida honorabilidad e intachable trayectoria profesional, para que el ejercicio de la magistratura sea independiente y defienda los derechos y libertades ciudadanas”, manifiesta el comunicado. 

Fueron 17 profesionales quienes se presentaron como posibles candidatos ante la CSJ y poder ser electos. Entre los candidatos están; la jueza Yasmín Barrios, los magistrados Dina Ochoa y Jorge Rosales Mirón, además, del magistrado y excandidato vicepresidencial, Roberto Molina Barreto. 

elPeriódico

Impugnan elección de la CC

La Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno, el Bufete de Pueblos Indígenas y la Asamblea Social y Popular presentaron un amparo contra el Congreso por nombramiento de magistrados Ochoa y Rosales a la CC. Las organizaciones señalan que ambos no son idóneos para ocupar los cargos porque están vinculados con el Pacto de corruptos. Las organizaciones también presentaron un amparo contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por perseguir a la magistrada Gloria Porras.

Emisoras Unidas

Iniciativa de ley

Diputados del bloque Winaq presentaron este martes una iniciativa llamada “Ley de Acceso Universal a la Tecnología Educativa”. El objetivo de la ley es la entrega gratuita de dispositivos electrónicos para los estudiantes de todo el país. Se pretende además el acceso a servicios de internet y programas educativos para fortalecer su formación académica. Los diputados señalaron que los alumnos recibirían herramientas tecnológicas para la mejora de su aprendizaje sin que incurran en gastos adicionales.

Prensa Libre

Rompeolas en Puerto Quetzal

La Contraloría General de Cuentas (CGC) ordenó suspender temporalmente la licitación para contratar el mantenimiento de un rompeolas en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), por el hallazgo de tres inconsistencias. La advertencia se realizó el pasado 24 de febrero al gerente de la portuaria, David Berganza Alburez, pero se continuó con el evento “Mejoramiento Infraestructura Portuaria Rompeolas Este y Oeste”, que se adjudicó a la empresa constructora Supervisión, Construcción y Mantenimiento, S.A., por un monto de Q477.9 millones, el pasado 3 de marzo.

La Hora

Carrera judicial

En el marco de la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC), específicamente la designación que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), hizo un llamado al pleno de este organismo para que privilegie la carrera judicial en la votación para magistrado titular y suplente para el período 2021-2026 en el máximo tribunal. 

Soy 502 

César Montes

El exguerrillero Julio César Macías López, más conocido con el seudónimo de César Montes, enfrentará juicio por el asesinato de tres militares en septiembre de 2019. Según el Ministerio Público (MP), la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad presentó los medios de prueba necesarios para que el Juzgado de Mayor Riesgo E resolviera dictar auto de apertura a juicio contra el exguerrillero.

 

Fuente:
https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/03/09/guatemala-bajo-la-lupa-222/

Este lunes 8 de marzo de 2021 el Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony J. Blinken, fue el anfitrión de la ceremonia virtual anual del Premio Internacional Mujeres de Coraje 2021 (IWOC) que honra a un grupo de mujeres extraordinarias de todo el mundo.

La Jueza Érika Aifán, integrante de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, es una de las galardonadas.

De acuerdo con el comunicado de prensa del Departamento de Estado:

Erika Lorena Aifán es una jueza de primera instancia que se desempeña en el Tribunal de Mayor Riesgo Penal con responsabilidad sobre delitos de alto impacto. Ha intervenido en causas de alto perfil sobre corrupción y atrocidades de guerra, y esto ha provocado acciones difamatorias y amenazas de violencia en su contra. Pese a estos obstáculos, la jueza Aifán se mantuvo como una jueza guatemalteca independiente de la influencia política. Ha demostrado determinación y fortaleza en la defensa del Estado de derecho en Guatemala. A pesar de la firme resistencia que ha enfrentado en su función, la jueza Aifán se ha convertido en un ícono de Guatemala en la lucha contra la corrupción, las acciones para incrementar la transparencia y las medidas orientadas a asegurar una mayor independencia en el sector de justicia.”

La Primera Dama de los Estados Unidos Dra. Jill Biden, dio un mensaje para reconocer los valientes logros de las mujeres galardonadas. 

Mika Kanervavuori

 

Como Representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala, participé el jueves 11 de febrero en un taller sobre el sistema de protección universal de los derechos humanos y la independencia judicial, invitado por la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) y el Cyrus R. Vance Center for International Justice. Fue un espacio muy importante para intercambiar reflexiones sobre la independencia judicial como un derecho humano y los mecanismos existentes para protegerlo. El trabajo de asociaciones como la AGJI es clave para contribuir a fortalecer los conocimientos en materia de derechos humanos de jueces y juezas y de esta forma a defender y proteger su independencia judicial.

Para la OACNUDH, fue una oportunidad para recordar que juezas y jueces tienen una función central para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos a través de sus resoluciones. En particular, se resaltó que son los garantes del derecho de todas las personas a acceder a un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es por ello que la independencia judicial, definida como el ejercicio de la función judicial libre de toda restricción, influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión indebida, es fundamental para la protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.

Los órganos internacionales e interamericanos para la protección de los derechos humanos han reconocido que, al impartir la justicia de manera independiente e imparcial, y garantizar su acceso a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, juezas y jueces actúan como personas defensoras de derechos humanos. Se reconoce que en ocasiones las y los funcionarios de justicia están sujetos a presiones para que adopten decisiones favorables a determinados intereses y que, por lo tanto, el esfuerzo especial de impartir justicia de manera independiente e imparcial en ese contexto, puede ser considerado como un acto de defensa de los derechos humanos.

El ejercicio de su función puede colocar a juezas y jueces en una situación de especial riesgo. En 2019, OACNUDH y la Procuraduría de los Derechos Humanos, en su informe “Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: entre el compromiso y la adversidad”, identificaron una serie de patrones de ataques y represalias con el objeto de afectar la independencia e integridad de operadores de justicia, por ejemplo, a través de medios de comunicación y redes sociales, y el uso malicioso de figuras legales y de mecanismos disciplinarios. Estos patrones afectan especialmente a operadores de justicia que conocen procesos de alto impacto social, particularmente los relacionados con casos de corrupción, narcotráfico y crimen organizado, así como casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado y en el presente.

Esto es de gran preocupación, puesto que la seguridad es un elemento importante para el ejercicio independiente de la función judicial. Además de implicar serios riesgos a la integridad física de jueces y juezas, los ataques y represalias en su contra por el ejercicio de su función revisten particular gravedad ya que afectan la independencia judicial y, por lo tanto, el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas.

Es imperativo que juezas y jueces puedan desempeñar sus funciones en un entorno seguro, gozando de una protección efectiva, oportuna y adecuada. Dicha protección debe ser el resultado de un esfuerzo integrado de todas las instituciones del sistema de justicia. Asimismo, es crucial que los ataques y represalias sean investigados y sancionados de manera pronta, independiente e imparcial, garantizando además el acceso a una reparación digna.

Por otra parte, cabe resaltar que los estándares internacionales de derechos humanos subrayan la importancia de tomar otras medidas en materia de prevención y protección para salvaguardar la independencia judicial, por ejemplo, fortalecer la carrera judicial y garantizar que los procesos de elección y nombramiento de magistradas y magistrados de Altas Cortes sean transparentes y objetivos, basados en los méritos de las y los aspirantes.

Para una respuesta más eficiente a ataques y represalias, considero de gran importancia que juezas y jueces, así como asociaciones como AGJI, estén al centro del diseño y revisión de políticas y planes del fortalecimiento de la independencia judicial.

Reitero la disponibilidad de OACNUDH Guatemala para continuar trabajando en colaboración con juezas y jueces para lograr su protección como defensoras y defensores de derechos humanos, reconociendo su aporte al desarrollo sostenible, inclusivo y a la construcción de sociedades más justas y pacíficas.

Este taller se impartió en 4 sesiones distintas, llevándose a cabo cada una, de forma semanal. La sesión 1, trató sobre los Mecanismos internacionales para la protección de la independencia judicial-Sistema Interamericano, siendo el expositor el Doctor Douglass Cassel, profesor de la Universidad de Notre Dame y consejero de King & Spalding LLP, quien realizó un recorrido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Expuso sobre los mecanismos y trabajo de la Comisión, incluyendo la importancia de las medidas cautelares y los informes de fondo. Sobre la Corte, destacó la supervisión que se lleva a cabo para verificar el cumplimiento de dichas medidas y la relevancia de las opiniones consultivas que se elaboran.

 

En la sesión 2, se trató sobre los Mecanismos internacionales para la protección de la independencia judicial en el Sistema Universal. Se contó con la presencia del Sr. Mika Kanervavuori, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, quien reconoció la labor de la Asociación de fortalecer las capacidades de juezas y jueces en materia de derechos humanos e independencia judicial y enfatizó el hecho de que ellos deben estar en el centro de los planes de políticas públicas. En seguida, expuso el Doctor Cassel, quien ilustró el funcionamiento del sistema universal en la Organización de Naciones Unidas, enfatizando los mecanismos a través de los cuales puede defenderse la independencia judicial de los jueces y juezas, tales como: la existencia de normas principales y principios básicos; los informes del Relator Especial de la Naciones Unidas; la existencia del Comité de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos; el proceso de revisión periódica universal en temas de independencia judicial;  y por último, las actividades de organismos AD HOC.

 

En la sesión 3, en el primer espacio, se trató la Legitimidad de las decisiones judiciales como garantía de independencia y la expositora fue la Dra. Laurence Pantin, Coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales, quien presentó algunas medidas, tales como fortalecer la independencia judicial, a través de un presupuesto autónomo, adecuado y suficiente; inamovilidad judicial, contemplando mecanismos para actualizar y vigilar a los jueces por conductas indebidas; y la transparencia como condición indispensable para lograr la independencia judicial. Recomienda la justicia digital como una herramienta para fortalecer la legitimidad de los poderes judiciales. En el segundo espacio, el Juez Edgar Ulises Renteria Cabañez, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, expuso que la forma como los jueces pueden legitimar el poder judicial es a través de la vía de la comunicación, utilizando las palabras sencillas y más adecuadas para comunicar sus decisiones, ya que es una garantía para la sociedad. Eso debe reflejarse en las sentencias de fácil lectura o comprensibles (evitando el aforismo jurídico) y realizando ajustes razonables, dependiendo a quién o quiénes va dirigido. Esto es así porque es la forma de legitimarse ante la sociedad.

 

En la sesión 4, se trató la  Relación entre el poder judicial y medios de comunicación, siendo el expositor en el primer espacio, el Magistrado David Ordoñez Solís, especialista en Derecho de la Unión Europea (REDUE) y miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, quien mencionó lo importante que es mejorar las relaciones del poder judicial con los medios y también estar muy pendientes del comportamiento de los jueces en relación a los medios, para respetar la libertad de expresión de los primeros (la cual es limitada) versus la libertad de acceso a la información pública. La libertad de expresión del juez a través de las sentencias no son espacios para el lucimiento del saber académico. Las nuevas tecnologías y los medios de comunicación presentan un reto, pero también un riesgo constante. En el Segundo espacio, el Magister Ramiro Alvarez Ugarte, Investigador de CELE (Centro de Estudios en Libertad de Expresión) de la Universidad de Palermo, indicó que hay principios y valores distintos entre jueces y medios y por eso se crea la tensión entre ellos. Los medios no tienen que cumplir los principios éticos que debe observar la función judicial. Los jueces en cambio deben cuidar la información que transmiten y cómo la transmiten. Las redes sociales, por su lado, son un espacio de comunicación caótico y transcurre en una lógica difícil de someter a un control efectivo.