La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad participó con el Consorcio Internacional de Asistencia Legal (ILAC por sus siglas en inglés), el Vance Center for International Justice y la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ) en el proyecto “Jueces como Constructores de Paz”.

Los documentos de discusión de “Los Jueces como Constructores de Paz” ofrecen recomendaciones, redactadas por ustedes durante las mesas redondas virtuales y conferencias en Colombia, Guatemala y México, sobre como las y los jueces y las asociaciones judiciales pueden aumentar la seguridad, la independencia y la diversidad judicial mientras luchan contra la corrupción en América Latina. 

Como parte de un proyecto de colaboración entre la AGJI y el Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York para fortalecer la capacidad institucional de la asociación judicial y apoyar sus esfuerzos en pro de la independencia e integridad judicial en Guatemala, se solicitó la realización del presente estudio en la región, con el fin de identificar buenas prácticas que la AGJI pudiera considerar para su análisis y práctica en Guatemala. La investigación legal para el presente reporte fue realizada por Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.

En este documento se resumen las buenas prácticas más significativas, organizadas por clase de iniciativa. Dado el alcance del reporte, no se evalúa la efectividad de la implementación de cada una de estas medidas, pero se proporcionan comentarios útiles de otras fuentes para brindar perspectivas locales sobre la efectividad. Argentina, México, Perú y Uruguay lideran la región en iniciativas de justicia abierta y anticorrupción, incluidas las destacadas en este documento.

A través de la información contenida en este reporte, la AGJI busca proveer insumos a jueces e instancias nacionales para identificar prácticas que puedan fortalecer la transparencia y otros mecanismos de prevención de la corrupción en la judicatura, e iniciar una discusión con el objetivo de fortalecer la labor del poder judicial para combatir la impunidad, garantizar la independencia e integridad judicial, así como promover la legitimidad del actuar de los jueces frente a la sociedad guatemalteca.