Compromiso del Vance Center for International Justice de apoyar la labor de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad

Mtro. Jaime Chávez Alor
Director de Políticas para América Latina del Vance Center for International Justice

El Cyrus R. Vance Center for International Justice (Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional) es un programa sin fines de lucro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York que reúne a los principales estudios jurídicos y a otros colaboradores en todo el mundo para promover iniciativas de justicia internacional y proporcionar representación legal gratuita a organizaciones de sociedad civil que luchan por la justicia social.

La administración de una justicia imparcial e independiente, que salvaguarde el estado de derecho es el fundamento de una democracia efectiva y duradera. Las autoridades del Estado son responsables en cualquier país de asegurar una administración de justicia igualitaria, independiente y libre de influencias indebidas, basada en las leyes que el mismo estado promulga, así como que esta administración sea compatible con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

Elemento fundamental de una justicia independiente es el contar con jueces independientes e íntegros, elegidos de entre los mejores perfiles, con las garantías propias de una carrera judicial, y libre de influencias externas. El continuo interés del Vance Center en la situación de Guatemala se enmarca en la vulnerabilidad de la independencia judicial como una problemática regional. Si bien todo proceso de cambio debe iniciar motivado por el convencimiento de los actores nacionales, la comunidad jurídica internacional juega un rol de apoyo respetuoso muy importante en estos esfuerzos, para la prevalencia de la institucionalidad y el estado de derecho.

El Vance Center reconoce la primordial importancia del estado de derecho para el desarrollo económico y para atraer inversión extrajera. Aunque relevante también para actores nacionales, el estado de derecho es particularmente importante cuando las empresas consideran invertir fuera de su país a nivel internacional. Cualquier análisis para invertir pasa por una evaluación comparativa entre potenciales destinos de inversiones sobre las garantías jurídicas existentes, del grado de fiabilidad del estado de derecho, si es un país que asegura seguridad ciudadana, así como la capacidad de resolver controversias con razonable seguridad que no habría influencias indebidas.

En este sentido es que el Vance Center apoya el trabajo de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, y sus esfuerzos para proteger al poder judicial como uno de los bastiones del poder judicial y del estado de Derecho. Este año 2021 el Vance Center refrenda su apoyo concreto a través de un nuevo proyecto con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad y promover la independencia judicial en Guatemala. El Vance Center agradece a la Fundación Nacional para la Democracia el financiamiento del proyecto.

Este proyecto, que busca reforzar la capacidad administrativa y el perfil internacional de la AGJI, se apoyará en la capacidad desarrollada del Vance Center y en las redes desarrolladas para trabajar en la región en pro del Estado de Derecho, incluyendo firmas de abogados alrededor del mundo, empresas multinacionales, el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos, la Red Pro Bono de las Américas y el Programa del Vance Center “Mujeres en la Profesión”. El Vance Center también coordinará trabajo con representantes de organismos internacionales y otras organizaciones internacionales apoyando la independencia judicial en Guatemala.

Este proyecto desarrollará una serie de actividades que brinden herramientas, capacitaciones, investigaciones y diálogos con actores relevantes en la región. Este año se renovará en Guatemala la Corte de Constitucionalidad y se espera que también la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones, por lo que la protección de la independencia se vuelve cada vez más urgente.

El Vance Center ha trabajado con actores guatemaltecos desde 2013, y más activamente a partir de 2019 con diversos actores de la sociedad civil, y con la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad. En 2019 se organizó con la AGJI un Taller sobre Transacciones Internacionales en el que participaron 50 juezas y jueces, y en el que las personas que impartieron el taller fueron abogadas y abogados de empresas y firmas internacionales, incluyendo Chubb, Chevron, General Electric, Novartis, Walmart, Winston & Strawn, Cleary Gottlieb, Dentons, y Simpson Thacher. En 2019 con el apoyo de la firma Winston & Strawn, publicamos junto con la AGJI el estudio “Reglas y procedimientos que rigen la profesión y conducta judicial. Una revisión comparativa de Argentina, Brasil, Colombia, España y México.”

Desde 2019, el Consejo de Abogados para los Derechos Civiles y Económicos, un programa del Vance Center, ha llevado a cabo también un seguimiento al proceso de nombramiento de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones de Guatemala, ofreciendo recomendaciones al proceso y expresando preocupación por la importancia de designar los mejores perfiles como magistradas y magistrados.

En 2020, junto con el Consorcio Internacional de Asistencia Legal (ILAC por sus siglas en inglés), publicamos el informe “Una Ventana de Oportunidad: Apoyo al Estado de Derecho en Guatemala” con la finalidad de hacer una evaluación de las condiciones del sector judicial del país después del cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que tuvo lugar en septiembre de 2019. Adicionalmente, se publicaron una serie de documentos sobre el proceso de nombramiento de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones de Guatemala.

Adicionalmente, durante el 2020 la AGJI participó en el evento virtual organizado por el Vance Center “Independencia Judicial y la Participación de las Mujeres en la Judicatura: una Mirada Internacional” y proveyó información para el reporte “Justicia en los tiempos de COVID-19: Desafíos del Poder Judicial en América Latina y el Caribe”.