Por Mirte Postema
Oficial sénior de programa, Fondo antiimpunidad y Fondo de periodismo independiente, Fundación Internacional de Seattle (SIF)
El respeto para el Estado de derecho es fundamental para la gobernabilidad de un país. La criminalización espuria en Guatemala de jueces, fiscales y personas defensoras de derechos humanos que han jugado papeles clave en casos de alto impacto relacionados con corrupción y violaciones a los derechos humanos, viola estos principios básicos. No solo afecta a las personas directamente afectadas, sino que también daña a la democracia y a las perspectivas de desarrollo de Guatemala.
Cuando hablamos de la existencia de un Estado de derecho, nos referimos a una situación en que las leyes del país efectivamente aplican a toda persona por igual, sin importar su poder político o económico. Según el Banco Mundial (BM), el respeto para el Estado de derecho es el fundamento para que un país pueda alcanzar su máximo potencial social y económico[i].
La gobernanza y el rol del derecho en la sociedad son tan centrales para el desarrollo económico y social de los países que el BM –institución internacional dedicada a promover el desarrollo a través de estudios, préstamos y asesoría a gobiernos– dedicó su Informe de Desarrollo Mundial (World Development Report) de 2017 a la gobernanza y el derecho[ii].
En esa publicación, el Banco Mundial señaló que estudios empíricos han confirmado la importancia del derecho y de las instituciones judiciales para elementos claves del desarrollo, así como de mejorar el funcionamiento de instituciones específicas, aumentar el crecimiento económico, promover el derecho a la propiedad, mejorar el acceso a crédito y fortalecer la administración de justicia en una sociedad[iii].
Además, reafirmó lo dañino que es la corrupción para el bienestar y el desarrollo. El BM resaltó que la corrupción disminuye el crecimiento de la economía porque, en vez de usar los recursos existentes para fines productivos (como mejorar el acceso a educación, salud o infraestructura), solamente beneficia a quienes están en el poder. Por esa razón, la corrupción incrementa la desigualdad y socava la legitimidad del poder público[iv]. (Entre paréntesis, el BM mencionó a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG) como un ejemplo positivo de cómo actores internacionales pueden apoyar a instituciones nacionales al encarar intereses poderosos relacionados con la corrupción[v].)
El respeto para el Estado de derecho es, entonces, un componente fundamental para la existencia de una democracia constitucional. Solo así es posible garantizar los derechos de toda la población –no únicamente la más influyente– y crear las condiciones para que todas las personas lleguen a su máximo potencial.
Actualmente, Guatemala está lejos de este ideal. Quizá la razón más importante es la reciente instrumentalización de la justicia para perseguir a quienes han encabezado la lucha contra la corrupción y la impunidad en la última década. El mandato de la fiscal general Consuelo Porras se ha caracterizado por obstruir investigaciones de corrupción que involucran a las élites políticas y empresariales y despedir a fiscales anticorrupción[vi]. Todo esto ha sido avalado por el Poder Judicial, cuyos jueces aceptaron los planteamientos del Ministerio Público (MP), y por el Ejecutivo que la nombró por un segundo periodo como fiscal general.
De 2019 a la fecha, al menos 22 fiscales, jueces y personas defensoras de derechos humanos se vieron obligadas a salir de Guatemala debido a intentos de criminalización[vii]. Además, por lo menos siete fiscales y otros funcionarios anticorrupción han sido detenidos por cargos espurios.
Una persona, Virginia Laparra, que lideró la oficina de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, es una de ellos. En 2018, Laparra presentó una denuncia disciplinaria contra un juez que compartió información reservada de un caso que ni siquiera estaba en su judicatura. En represalia, el juez interpuso una denuncia penal contra ella. Aunque el MP inicialmente pidió desestimar el caso, el juez se opuso y este se mantuvo activo. Así, en febrero de 2022, Laparra fue detenida, dos semanas antes de que ocurriera su audiencia. Aunque el caso no parece tener mérito ni hay motivos para mantenerla en prisión preventiva, Laparra sigue detenida. Esencialmente es una presa política.[viii]
En días recientes, 14 fiscales fueron removidos de sus cargos[ix], de los cuales 12 fueron despedidos arbitrariamente sin seguir los procedimientos que exige la carrera fiscal. Además, la Corte Suprema de Justicia decidió dar trámite a una solicitud espuria para retirar el derecho de antejuicio a uno de los jueces de mayor riesgo más prominentes del país: Miguel Ángel Gálvez. Esto pasó luego de que el juez decidió mandar a juicio a varios militares retirados y poderosos en el caso Diario Militar[x].
Estos procesamientos espurios, despidos arbitrarios e intimidaciones de profesionales que se han caracterizado por aplicar el derecho en contra de actores poderosos son prácticas nefastas. No caben dentro de una democracia constitucional con un Estado de derecho. Mientras persisten, dan un mensaje claro a toda la comunidad, tanto nacional, internacional y empresarial: las autoridades guatemaltecas no son socias confiables.
[i] World Bank, World Development Report 2017: Governance and the Law. The Role of Law, https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0950-7_ch3, p. 95.
[ii] Para un resumen de sus principales conclusiones, ver https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017.
[iii] World Bank, World Development Report 2017: Governance and the Law. The Role of Law, https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0950-7_ch3, p. 83, refiriéndose en su nota a pie de página a los estudios de Daron Acemoglu, “Why Not a Political Coase Theorem? Social Conflict, Commitment, and Politics” Journal of Comparative Economics (2003) 31 (4), p. 620–652; Sebastian Galiani y Ernesto Schargrodsky, “Property Rights for the Poor: Effects of Land Titling”, Journal of Public Economics (2010) 94 (9–10), p. 700–729; y Timothy Besley y Torsten Persson, Pillars of Prosperity: The Political Economics of Development Clusters, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2014.
[iv] World Bank, World Development Report 2017: Governance and the Law. Corruption, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25880/9781464809507_Spot01.pdf?sequence=33&isAllowed=y, p. 77.
[v] World Bank, World Development Report 2017: Governance and the Law. The Role of Law, https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0950-7_ch3, p. 94.
[vi] Departamento de Estado, “United States Announces Actions Against Seven Central American Officials for Undermining Democracy and Obstructing Investigations into Acts of Corruption” (“Estados Unidos anuncia acciones en contra de siete oficiales centroamericanos por socavar la democracia y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción”), 20 de septiembre de 2021, https://www.state.gov/united-states-announces-actions-against-seven-central-american-officials-for-undermining-democracy-and-obstructing-investigations-into-acts-of-corruption/.
[vii] Ver Jonathan Blitzer, “The Exile of Guatemala’s Anti-Corruption Efforts”, New Yorker, 29 de abril de 2022, https://www.newyorker.com/news/dispatch/the-exile-of-guatemalas-anti-corruption-efforts.
[viii] Ver Melisa Rabanales, “No ver la luz, el caso de Virginia Laparra”, Agencia Ocote, 31 de mayo de 2022, https://www.agenciaocote.com/blog/2022/05/31/no-ver-la-luz-el-caso-de-virginia-laparra/.
[ix] Anaité Álvarez, “No eran nueve: MP confirma que fueron 14 destituciones ejecutadas”, La Hora, 4 de julio de 2022, https://lahora.gt/nacionales/anaite_alvarez/2022/07/04/no-eran-nueve-mp-confirma-que-fueron-14-destituciones-ejecutadas/.
[x] Para una descripción del caso, ver Jo-Marie Burt y Paolo Estrada, “Juicio del caso ‘Diario Militar’ vincula atrocidades del conflicto armado interno de Guatemala a redes criminales actuales”, WOLA, 29 de abril de 2022, https://www.wola.org/es/analisis/diario-militar-vincula-conflicto-armado-guatemala-redes-criminales/.