Agneta Johansson, Directora Ejecutiva, Consorcio Internacional de Asistencia Legal (ILAC)
El Congreso Guatemalteco recientemente bloqueó la juramentación de la magistrada Gloria Porras a la Corte de Constitucionalidad donde ejercería su tercer período como magistrada. En los últimos diez años como jueza en la Corte de Constitucionalidad, Porras ha ganado una reputación positiva debido a sus decisiones en materia de protección y garantía de los derechos humanos y el Estado de derecho. Sin embargo, la decisión del Congreso no es una sorpresa para nosotros que hemos observado la lucha guatemalteca por la independencia judicial. A lo largo de los años, la magistrada también se ha enfrentado a una serie de demandas, intentos de manchar su reputación y esfuerzos de despojarla de su inmunidad como jueza.
Pero la magistrada Porras no es la única que está siendo perseguida por simplemente hacer su trabajo como juzgadora. El Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados ha señalado que muchos jueces guatemaltecos están sujetos a “acoso judicial” – el abuso de la responsabilidad disciplinaria, civil y penal de los jueces va mucho más allá de lo que significa mantener a raya al poder judicial de manera justa.
El ILAC, junto con sus organizaciones miembros, ha observado con preocupación los repetidos ataques a la independencia judicial de Guatemala y la situación apremiante para los operadores de justicia del país. Antes del cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ILAC ya había alertado en su informe[i], publicado en 2018, que el Congreso de Guatemala necesitaba tomar medidas para afirmar su compromiso con el Estado de derecho y respetar plenamente la separación de poderes.
Los jueces son responsables de decidir sobre asuntos relacionados con la vida de los acusados y demandantes, enviar a las personas a la cárcel y aplicar multas. Deciden sobre asuntos familiares delicados y una variedad de cuestiones que afectan la vida y los derechos de las personas. Los jueces deben defender la seguridad jurídica, la imparcialidad, la independencia y, en última instancia, el Estado de derecho. Por lo tanto, queda claro que es necesario que los jueces rindan cuentas cuando se excedan en sus mandatos o si amenazan la independencia judicial. Sin embargo, ILAC ha recibido denuncias, a través de su red global, de ejemplos inquietantes de jueces y juezas quienes ven abusos de los mecanismos para rendir cuentas o han sido objeto de sanciones ‘encubiertas’ por el simple cumplimiento de su mandato profesional o el ejercicio de su libertad de expresión. Una tendencia preocupante descrita en el reciente resumen de políticas de ILAC[ii].
Guatemala es, lamentablemente, un excelente ejemplo del abuso de los mecanismos para la rendición de cuentas judiciales y de las sanciones “encubiertas” contra los jueces y juezas del país. Incluso las amenazas a la seguridad personal de los jueces son utilizadas sistemáticamente como táctica para intimidarlos y evitar que hagan su trabajo. Adicionalmente, como en muchos países del mundo, la pandemia de COVID-19 ha socavado aún más el Estado de derecho democrático en Guatemala, que ya se encontraba bajo una gran presión.
Esto apela la magistrada Porras a la comunidad internacional en su carta abierta: “Si no se respeta la autoridad de la Corte de Constitucionalidad, hay un riesgo real de consecuencias autoritarias que amenacen la democracia y los derechos de los ciudadanos. Para los observadores internacionales, la solidaridad con los problemas de nuestra nación también está en consonancia con el interés de garantizar la estabilidad de la región. Guatemala solo puede superar sus desafíos más apremiantes – combatir la pobreza y el hambre, crear oportunidades económicas para todos y reducir la migración irregular – si susinstituciones mantienen las aspiraciones y objetivos contenidos en la Constitución”[iii].
Además de afectar directamente a jueces, las sanciones indebidas tienen un efecto paralizador sobre el poder judicial en su conjunto, su capacidad para ejercer libremente su profesión y, consecuentemente, sobre el Estado de derecho y la estabilidad de Guatemala. Para ayudar a los jueces a repeler estos ataques, la comunidad internacional debe prestar más atención a la creciente vulnerabilidad de los jueces[iv] y su papel vital como guardianes del Estado de derecho.
Un esfuerzo de ILAC es que junto con nuestra organización miembro, el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional del Colegio de la Abogados de la Ciudad de Nueva York, estamos desarrollando una herramienta de seguimiento que monitoreará las quejas penales, administrativas, civiles y éticas en curso presentadas contra jueces, fiscales y defensores de los derechos humanos en Guatemala. El objetivo es aumentar la independencia y la transparencia judiciales y mejorar la confianza pública en las instituciones del sector justicia. Un documento de análisis también se publicará en 2021 y y brindará recomendaciones para evitar que las denuncias contra los operadores de justicia y otros se utilicen como una forma de intimidar a la administración de justicia.
Un poder judicial independiente y profesional y una sociedad basada en el respeto por el Estado de derecho democrático son partes indispensables de toda sociedad que aspira ser democrática y, por eso, debemos apoyar a los jueces, juezas y asociaciones como la AGJI que están al frente de esta lucha tan fundamental para la protección la independencia judicial y el Estado de derecho democrático.
[i] ILAC, Informe de Evaluación sobre el Estado de Derecho en Guatemala, 2018,
https://newilac.wpengine.com/wp-content/uploads/2018/08/GuatemalaWebb.pdf, (accedido el 28 de
abril de 2021).
[ii] ILAC, Jueces en la primera línea – ¿es posible que el Estado de derecho pierda a sus guardianes?,
2021, http://ilacnet.org/wp-content/uploads/2021/02/Los-jueces-en-la-primera-linea-.pdf (accedido el
28 de abril de 2021).
[iii] American Quartely, Guatemala’s Justice System Is at a Breaking Point, 2021,
https://www.americasquarterly.org/article/guatemalas-justice-system-is-at-a-breaking-point/ (accedido
el 28 de abril de 2021). – Traducción libre.
[iv] ILAC, Informe de la Evaluación de ILAC sobre el Estado de Derecho: Una ventana de oportunidad
Apoyo al Estado de Derecho en Guatemala, 2020, http://ilacnet.org/wpcontent/
uploads/2020/05/ILAC-Guatemala-informe-2020.pdf (accedido el 28 de abril de 2021).