Por Lourdes Arana
lcarana@lahora.com.gt

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), presentó una propuesta de reformas a la Constitución en materia de elección de magistrados del Organismo Judicial (OJ). El planteamiento busca cambiar el diseño constitucional actual, por otro que privilegie la carrera judicial y garantice la independencia funcional de los magistrados.

En el documento que la AGJI publicó en sus redes sociales se explica que a pesar de que desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 se contemplan reformas constitucionales para fortalecer el sistema de justicia, y pese a varios intentos, no se han dado los cambios necesarios para garantizar la independencia judicial.

De esta cuenta, proponen el proyecto de “Reforma del Sector de Justicia en Materia de Independencia Judicial”.

Si no hay fundamento jurídico para perseguir a los jueces, las denuncias que se presentan en contra de dichos funcionarios deben ser desestimadas por el Ministerio Público (MP), dijo la jueza Yassmin Barrios durante un foro virtual convocado por el Consorcio Internacional de Asistencia Legal (ILAC, por sus siglas en inglés).

Barrios, presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, le pide a la fiscal general, Consuelo Porras, que utilice la facultad que la ley le otorga al MP para desestimar denuncia sin sustento. Muchas de las quejas son interpuestas por detractores de “jueces comprometidos con la independencia judicial”, de acuerdo con la juzgadora.

Tanto Barrios como el juez Carlos Ruano identifican un mecanismo para sacar del sistema de justicia a los juzgadores comprometidos con la independencia judicial.

Parte de ese mecanismo son las denuncias que cuestionan resoluciones y algunas actividades privadas de los jueces, las cuales llegan al MP, Supervisión de Tribunales o el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), lo que conlleva al desgaste físico, intelectual y emocional. Esto sin contar el pago de otro colega que procure el caso ante esas instancias, dijo Barrios.

Al consultar al MP, se envió una respuesta en la que recuerda que es una institución autónoma y expone que los jueces cuentan con derecho de antejuicio, que es una garantía constitucional para no ser sometidos órganos jurisdiccionales sin que la autoridad competente declare con lugar a la formación de causa penal. “Instamos a tener confianza en la labor de la institución” y en los mecanismos legales, se indicó.

El flujograma de la justicia criminal del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), estableció que del total de denuncias que el MP recibió en 2019, el 82 por ciento tuvo salidas alternas como el archivo, el criterio de oportunidad y la desestimación, a la que se refirió la jueza.

Se perdió el balance

Ambos jueces expresaron una gran preocupación por el incumplimiento a las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. “Se ha perdido el balance en el sistema de justicia; aunque no se esté de acuerdo con las decisiones de la alta corte, todos debemos cumplirlas”, dijo Barrios.

En 2020, se ha inobservado la sentencia de la CC que ordenaba la inmediata elección de magistrados de cortes de justicia, excluyendo a los candidatos señalados en la investigación de la FECI Comisiones Paralelas 2020. Tampoco se obedeció a la resolución que ordenaba a la Comisión Permanente del Congreso enviar el expediente con las diligencias de antejuicio contra magistrados titulares de esa corte.

La inquietud por la situación de la abogacía y la judicatura es un tema compartido por organizaciones como la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), que también efectuó un foro virtual en el que participó el abogado Esteban Celada y la jueza Érika Aifán, quien es otra de las operadoras de justicia que ha experimentado presiones desde el sistema disciplinario del Organismo Judicial.

El mismo tipo de represalias han experimentado los fiscales y trabajadores de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Juan Francisco Sandoval acumula una veintena de denuncias desde hace varios años, algunas interpuestas por las mismas personas que señalan a los jueces.

Silencio cómplice

El juez Carlos Ruano señaló el “silencio cómplice” de la Corte Suprema de Justicia, que se quedó sin defender a los jueces, cuando el entonces presidente Jimmy Morales, rodeado de militares, señaló y cuestionó varios fallos relacionados con casos de corrupción.

Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) manifestó que el Congreso de la República ya no debe postergar la elección de las Cortes del Organismo Judicial (OJ), y agregó que ese hecho es un asunto de la nación.

El juez Carlos Ruano, presidente de dicha asociación, manifestó que preocupa que el Legislativo no asuma la responsabilidad de la conformación del OJ y no cumpla con una orden constitucional, además, indicó que eso afecta “todo el sistema de justicia, el estado de derecho y al país”.

“Es para que reflexionen los partidos políticos y principalmente las y los diputados porque es un asunto de país, que no puede estar plegado a otros intereses que no sea la conformación de un OJ independiente”, añadió el juzgador.

El togado expresó que un Poder Judicial que se encuentre sin ser integrado plenamente, habiéndose ya resuelto las acciones de amparo y ordenado al organismo del Estado que tiene la tarea de nombrar a los jueces y que este no lo haga, coloca al “sistema de administración en una situación muy difícil”.

DEBEN ASUMIR RESPONSABILIDAD

El presidente de la AGJI mencionó que el llamado es para que todos los actores que tiene la responsabilidad de elegir a las Cortes la tomen, porque no pueden dejar, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sin ser integrada por nuevos magistrados.

“Cada uno de los y las diputadas deben de pensar que esa decisión -elección de los magistrados- no debe ser beneficio para un grupo o partido político en particular”, comentó Ruano, al tiempo que dijo que ello debe “ser en beneficio de la ciudadanía”.

“En ellos está esa decisión transcendental, pero el costo, el daño para todo el sistema de justicia, y el estado de derecho, es muy grande, porque se pierde la confianza en el Poder Judicial y en las instituciones”, puntualizó el juez.

SOBRE EL PROCESO

La elección de magistrados judiciales se encuentra entrampado actualmente en el Congreso de la República, ente que ha ido postergando dicho proceso, pese a que la CC viabilizó dicha designación en un fallo emitido el 6 de mayo pasado.

No obstante, el proceso se ha visto manchado, según indagaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), por la influencia de actores externos, principalmente de Gustavo Alejos, quien presuntamente sostuvo reuniones con personas involucradas en la elección.

La Asociación de Jueces y Magistrados (AGJI) por la Integridad mostró su respaldo público a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Delia Dávila Salazar, quien denunció “ataques a su independencia judicial”. 

Delia Dávila reaccionó a los mensajes que se han publicado en redes sociales con información falsa respecto a integrar una supuesta estructura criminal. “Buscan intimidarme y ejercer alguna presión y un ataque a mi independencia judicial, pero estoy firme en mi convicción y compromiso con la justicia”, declaró la magistrada.

Ante esa situación la AGJI dijo “expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento frente a estos ataques infundados y espurios”. 

Pidieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Estado de Guatemala “el respaldo y defensa de la independencia judicial”. 

La Fundación contra el Terrorismo publicó que una denuncia que presentó para investigar a Helen Mack fue rechazada por la jueza Esther Mancio, por ser hermana de Karla Mancio, letrada de la magistrada Delia Dávila. 

La información fue desmentida por Dávila quien aseguró que Karla Mancio no ha trabajado con ella, y que actualmente se desempeña como coordinadora del Centro de Familia que depende de la Cámara Civil “no tengo vínculos con ella, estos ataques son falsos”, declaró la magistrada. 

Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) pidió a la presidenta del Organismo Judicial (OJ), Silvia Valdés, y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se suspendan labores en ese poder de Estado debido al COVID-19.

La asociación, la cual es presidida por el juez Carlos Ruano, señaló que el Organismo está llegando a los 200 contagios de coronavirus en sus empleados y ya lamenta el fallecimiento de al menos ocho personas, entre ellas, dos jueces y un magistrado de Sala de Apelaciones.

“Es evidente que no se tiene la capacidad de contención por parte de la administración del OJ frente a la pandemia, ya que no se implementa un protocolo eficiente para evitar que más compañeros se contagien y mueran”, añadió ese colectivo de jueces.

La AGJI manifestó que se ha anunciado y activado un sistema de opacidad en el cual no se comparte la información como corresponde, en un procedimiento orientado a transparentar las condiciones en las cuales se labora.

“Se producen diariamente nuevos contagios y el fallecimiento de funcionarios y auxiliares judiciales, sin que aún a muchos órganos jurisdiccionales y oficinas administrativas se hayan enviado suministros adecuados o suficientes para que el personal tenga los medios básicos de protección”, agregó la asociación.

En ese contexto la agrupación solicitó que se proceda a la suspensión de labores, dejando en funciones a los órganos “estrictamente necesarios para la efectiva tutela de las garantías constitucionales”, y con el mínimo de personal para asegurar el distanciamiento social.

De igual manera, la AGJI pidió que se proporcione equipo e insumos suficientes, idóneos y de calidad, que cumplan con las recomendaciones sanitarias “para seguridad del elemento humano del Poder Judicial, debiendo implementarse el uso de tecnológica para la celebración de audiencias”.

“Asimismo es indispensable contar con la información cierta de los datos reales del número de contagiados, los lugares donde están ubicados, cómo han solventado la enfermedad y demás información pertinente”, concluyó ese grupo de jueces.

POR REDACCIÓN LA HORA
lahora@lahora.com.gt

Luego que la Secretaría General de la Presidencia del Organismo Judicial, por orden de la magistrada presidenta, Silvia Patricia Valdez, emitiera una circular en la que advertía que en algunos casos no ha sido posible realizar las medidas de desinfección y fumigación contra en ciertas judicaturas, supuestamente por la negativa de los juzgadores y que procedería conforme a la Ley de la Carrera Judicial de continuar esa situación, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad se pronunció.

En un comunicado de prensa, luego de recordar las condiciones en las que se encuentra el país a causa del COVID-19 y la situación del Sistema de Salud, como lo ha manifestado la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Asociación indica que corresponde la adopción de medidas urgentes, serias y técnicas que garantices la salud y la vida de los jueces, magistrados, auxiliares judiciales y usuarios del sistema, por lo que corresponde a las autoridades judiciales generar y ejecutar políticas adecuadas que eviten la propagación del virus.

A la vez, mencionan que bajo el estado de emergencia sanitaria, no existe justificación que excluya de responsabilidad a la Corte Suprema de Justicia, Presidencia del OJ y dependencias administrativas, respecto a la protección del lugar de trabajo, dotación de insumos y equipo.

“No estamos de acuerdo y nos indigna la amenaza de represalias disciplinarias, frente a hechos y señalamientos infundados descritos en la circular 40-2020 emitida por la Secretaría General de la Presidencia del Organismo Judicial el día 21 de mayo del presente año, por cuanto atribuye a jueces la negativa para permitir el ingreso a las sedes judiciales para desinfectar y fumigar”, indicaron en el comunicado de prensa.

Por último, manifestaron que son conscientes de la importancia que representa el servicio esencial de administrar justicia, por lo que para cumplir con el derecho humano a la tutela judicial efectiva, toda acción o decisión que adopten las autoridades debe ser sometido a conocimiento y opinión de las personas con capacidad técnica y científica.

En ese sentido, exigieron “a la Presidenta del Organismo Judicial que de manera inmediata, deje sin efecto la amenaza disciplinaria contenida en la circular antes mencionada, porque al día de hoy la mayoría de juzgados y tribunales de la República se encuentran desprovistos de insumos o en cantidades insuficientes, para prestar el servicio de administración de justicia en las condiciones actuales”.

¿QUÉ DECÍA LA CIRCULAR?

A través de una circular emitida desde la Secretaría General de la Presidencia del Organismo Judicial, dirigido a juezas y jueces de Paz e Instancia de todo el país, se señaló que aunque se ha llevado a cabo la desinfección y fumigación como medida de prevención para el COVID-19, esto no ha sido posible en todos los casos por el personal encargado de desinfectar y fumigar, ante la negativa de algunos juzgadores que no permiten su ingreso.

En ese sentido, indicaban que caso de no acceder a la desinfección del órgano jurisdiccional a su cargo se procederá conforme lo establece la Ley de la Carrera Judicial, específicamente en cuanto a la responsabilidad disciplinaria en que puedan incurrir, ya que dicha negativa puede encuadrar en una falta grave contenida en el artículo 41 de la ley citada, señalaron en la circular.

OJ: DE EXISTIR PRONUNCIAMENTO SE DARÁ POR LA VÍA OFICIAL

Consultado al respecto el portavoz del Organismo Judicial, Mario Siekavizza, este indicó que de existir algún pronunciamiento se estará dando por la vía oficial y que al momento que haya uno se estará informando.

Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) expuso que con la nueva integración del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) se debe impulsar una revisión del Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial, una normativa que operativiza acciones acerca de jueces y magistrados.

De acuerdo con el presidente de esa asociación, Carlos Ruano, dicho reglamento fue publicado en enero pasado -en el Diario de Centro América-, sin embargo, no se socializó con los jueces, a pesar de que es de sumo interés lo referente a la carrera judicial.

“Esto porque son temas de evaluación, disciplina, de nombramientos, de ascensos y que el Consejo lo aprobó sin que los temas fueran discutidos ampliamente entre todos los jueces, y es un tema que nos interesa ampliamente porque a través del Reglamento se va operativizar la Ley de la Carrera Judicial”, añadió el togado.

Según Ruano han detectado que algunos aspectos de ese reglamento se contraponen a ley aludida, además, de que hay otros que pueden ser regulados de una mejor manera, entre ellos, el sistema de evaluación para jueces y magistrados, ya que hay ítems que no son objetivos.

De hecho, en su momento la no aprobación y publicación del Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial fue un punto por el que el CCJ acumuló señalamientos de incumplimiento de deberes, asimismo, retrasó el proceso de elección de magistrados de las Cortes del Sector Justicia.

ASUMEN NUEVAS AUTORIDADES

Esta tarde el Organismo Judicial (OJ) informó que asumieron los nuevos representantes de los jueces de Paz, de los jueces de Primera Instancia y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante el Consejo, esto por un período de dos años y medio.

En esa línea, fueron juramentados como consejeros Rolando Barrera y Evelin Quiej, representantes titular y suplente, respectivamente, de los jueces de Paz, mientras que por los de Instancia tomaron los cargos Elia Perdomo, como titular, y Roberto Rivas, como suplente.

En tanto que por la CSJ asumió Zully Cantoral como titular y Rita García como suplente. De los profesionales que hoy fueron juramentados, Barrera fue designado nuevo presidente del CCJ y Cantoral será su suplente en el mando de esa institución.

De momento, se mantienen en el cargo la magistrada Gilma Valladares y el magistrado Víctor Salguero, quienes están a la espera de que se elijan a sus sustitutos de las Salas de Apelaciones, sector que aún no ha votado por sus representantes ante la incertidumbre producida por la suspensión de la elección de Cortes.

Por medio de su cuenta de Twitter, la Embajada de Estados Unidos informó que el embajador Luis E. Arreaga resaltó la labor de jueces como Haroldo Vásquez, Erika Aifán, Carlos Ruano, Miguel Ángel Gálvez, Dinora Martínez y Sergio Vega, integrantes de la AGJI.

“El embajador Arreaga se reunió hoy con cinco miembros representantes de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad para ratificar el apoyo de EE.UU. a la aplicación independiente de justicia para combatir la corrupción e impunidad”, indicó la Embajada.

Para la Embajada, los miembros de la AGJI son “jueces comprometidos con el estado de derecho, transparencia y justicia en Guatemala”.

En la reunión con los jueces independientes, también estuvo presente el embajador de Alemania en Guatemala, Harald Klein.

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad también fue reconocida ayer por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), al entregarles la orden de Derechos Humanos Vida Y Dignidad Jorge Mario García Laguardia.

Por Francisco Mauricio Martínez
15 de noviembre de 2019

El juez Haroldo Vásquez insiste en que las reformas al Código Procesal Penal debió no solo discutirse más, sino escuchar criterios afuera del Congreso, para evitar que, por hacer una mejora se cometan errores.

El administrador de justicia también externa su preocupación con relación a que los cambios podrían procurar impunidad para ciertos grupos, algo que debe de analizarse detenidamente para descartar tal extremo.

¿Qué opina de las reformas al Código Procesal Procesal Penal?

Hay mucha preocupación, porque es una ley que sorprendió a la población por lo apresurado con que la aprobó el Congreso de la República, porque, de alguna manera, no generaron consensos y tampoco existió transparencia desde el inicio del proyecto hasta el día de la votación. Incluso, se dice que algunos diputados no tuvieron la oportunidad de leer lo que se aprobó.

El tema ha despertado mucha controversia, porque fueron propuestas que en su momento pretendía limitar la mora judicial, bajo estándares internacionales y bajo condiciones en las cuales se pudiera percibir transparencia, adecuadas y que beneficiaran a la justicia en el conjunto de los sindicatos y las víctimas.

También veo que no se discutió ni se socializó el tema de manera adecuada y con transparencia, por lo cual la preocupación persiste en cuanto cuál va a ser el resultado verdadero de origen de esto, porque  muchos ya señalan que su origen puede estar muy orientado para que un grupo pueda privilegiarse de una herramienta legal y con ello generar impunidad.

Según algunos abogados, estas reformas también abren las puertas a delitos cometidos por la delincuencia común y organizada, ¿Qué opina?

Claro que sí. Debió haberse efectuado un estudio más profundo para determinar cuáles eran los límites y no generar excesos. También se debió hacer un análisis profundo sobre el Sistema Penitenciario y la aplicabilidad dentro del debido proceso por parte de los tribunales y los juzgados.

Me parece, insisto, en que por la de falta de publicidad y socialización, estas reformas, de entrada, generan duras y confusión entre la población y los abogados.

Por Denis Aguilar
daguilar@lahora.com.gt

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala se reunió con integrantes de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), a quienes les ratificaron su apoyo para la aplicación de una justicia independiente.

Por medio de su cuenta de Twitter, la Embajada de Estados Unidos informó que el embajador Luis E. Arreaga resaltó la labor de jueces como Haroldo Vásquez, Erika Aifán, Carlos Ruano, Miguel Ángel Gálvez, Dinora Martínez y Sergio Vega, integrantes de la AGJI.

“El embajador Arreaga se reunió hoy con cinco miembros representantes de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad para ratificar el apoyo de EE.UU. a la aplicación independiente de justicia para combatir la corrupción e impunidad”, indicó la Embajada.

Para la Embajada, los miembros de la AGJI son “jueces comprometidos con el estado de derecho, transparencia y justicia en Guatemala”.

En la reunión con los jueces independientes, también estuvo presente el embajador de Alemania en Guatemala, Harald Klein.

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad también fue reconocida ayer por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), al entregarles la orden de Derechos Humanos Vida Y Dignidad Jorge Mario García Laguardia.