Por: Isabel Carlota Roby, Abogada del Robert F. Kennedy Human Rights
Desde el surgimiento de autocracias recientes, en paÃses como HungrÃa, Venezuela e incluso Guatemala; al creciente desafÃo de legitimidad que enfrentan las instituciones internacionales; estamos siendo testigos de un verdadero declive de los principios democrÃĄticos,[1] que se encuentra estrechamente ligado a la inherente maleabilidad del derecho. Es claro que uno de los principales problemas es que las leyes estÃĄn siendo utilizadas como una herramienta por diferentes actores (con objetivos polÃticos), para promover sus intereses y concentrar el poder, en lugar de preservar y promover la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. Cuando las leyes son despojadas de su contenido sustantivo, y se cubren de meras formalidades, les ofrecen a los gobiernos con tendencias autocrÃĄticas, un vocabulario sutil y un conjunto de prÃĄcticas que se utilizan para validar su propia agenda antidemocrÃĄtica. Se crea, de esta manera, una suerte de toolkit antidemocrÃĄtico que les permite socavar de manera âlegitimaâ los cimientos democrÃĄticos de un paÃs.
Este fenÃģmeno se describe a menudo como âlegalismo autocrÃĄticoâ,[2] ocurre cuando gobiernos con tendencias autocrÃĄticas utilizan las leyes para consolidar su poder, garantizar la impunidad, y permanecer en el cargo indefinidamente. Describe un conjunto de reformas legales e institucionales, y un lento pero seguro desmantelamiento de las constituciones liberales, donde el andamiaje del Estado de derecho sigue en pie, pero completamente vacÃo de sentido sustancial. Las autocracias legales suelen seguir âuna elecciÃģn revolucionariaâ con la victoria democrÃĄtica de un lÃder carismÃĄtico, un outsider que promete reformas y cambios, pero que luego utiliza su mandato democrÃĄtico para destruir el sistema constitucional heredado. Para ser claros, los âautÃģcratas legalesâ utilizan la democracia y el Estado de derecho para lograr un objetivo principal: permanecer en el poder indefinidamente mediante la eliminaciÃģn de las instituciones democrÃĄticas.
La primera lÃnea de ataque suelen ser las reformas o enmiendas constitucionales, y cuando esto no es posible, modificaciones de las leyes orgÃĄnicas. En la prÃĄctica, las autocracias modernas toman muy en serio las constituciones y las leyes orgÃĄnicas que derivan de ella, pues son el marco bajo el cual cada gobierno estÃĄ legalmente obligado y autorizado a actuar, y les interesa mantener un velo de legitimidad. Es por eso que generalmente, despuÃĐs de ganar las elecciones populares, lo primero que harÃĄ un gobierno con tendencias autocrÃĄticas es modificar la constituciÃģn y comenzar a hacer ajustes a todo el sistema legal. De afuera hacia adentro, y de acuerdo con indicadores generales, estos ajustes pueden parecer legÃtimos e inofensivos, pero una vez que se estudian mÃĄs de cerca, se revelan maniobras legales que exponen los verdaderos rasgos autoritarios y abusos del gobierno. Una vez que se ha establecido un nuevo marco constitucional, el siguiente paso es ocupar el poder judicial, llenando las vacantes con simpatizantes para mantener y promover la impunidad y el control del poder por parte del gobierno autocrÃĄtico. Usualmente se comienza con las mÃĄs altas cortes (por ejemplo, cortes supremas o cortes constitucionales) y se continÚa con las cortes mÃĄs bajas, que se encuentran jerÃĄrquicamente sometidas a control de revisiÃģn.
 Vale la pena resaltar que, si bien no todos los gobiernos autocrÃĄticos siguen la misma trayectoria, ni comparten la misma historia, si comparten objetivos similares: consolidar el poder y corromper los ideales democrÃĄticos liberales. Lo que es mÃĄs importante, parecen utilizar las mismas herramientas para perseguir estos fines. De hecho, sus prÃĄcticas mÃĄs daÃąinas son compartidas e importadas a otras autocracias, que luego las adaptan a sus propios sistemas y realidades locales.
Guatemala es un ejemplo de claro deterioro democrÃĄtico e institucional, y de avance indiscriminado de una forma de autocracia legalista. DespuÃĐs de un progresivo avance en la lucha contra la impunidad en el paÃs âque incluyÃģ, con la ComisiÃģn Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a la cabeza, el desmantelamiento de grandes redes de corrupciÃģn, y el reforzamiento del sistema de justicia del paÃs, â el entonces presidente Jimmy Morales, resolviÃģ no renovar el mandato de la CICIG en el 2019, y nombrar a Consuelo Porras como Fiscal General de la naciÃģn. Esta Última, se encargÃģ de deshacer todo el progreso que se habÃa logrado con sus antecesoras (Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana), y debilitar a la FECI, la fiscalÃa especial que habÃa quedado a cargo de las investigaciones de los casos de la CICIG. La estrategia de la Sra. Porras ha sido muy clara, consistiÃģ desde el comienzo, en la persecuciÃģn y criminalizaciÃģn de operadores de justicia independientes que conocÃan de casos de alto riesgo y corrupciÃģn, y que implican a altos cargos del gobierno.[3] Todo esto se ha bajo el pretexto de un mandato legal y constitucional, que no es otra cosa sino persecuciÃģn polÃtica que, ya lleva por saldo, por lo menos 24 operadores de justicia que han sido forzados al exilio,[4] una fiscal (Virginia Laparra) que se encuentra detenida arbitrariamente por ejercer sus funciones de forma independiente,[5] jueces que continÚan siendo criminalizados[6] y fiscales removidos de sus funciones arbitrariamente.[7] Estas maniobras forman parte de una estrategia mucho mÃĄs amplia, que incluye la captura indiscutible del sistema judicial y el sistema legislativo, como brazos ejecutores de las maniobras del poder ejecutivo. Este Último, a su vez, se encuentra actuando en coaliciÃģn con el crimen organizado. sectores empresariales corruptos y ex militares responsables por crÃmenes cometidos durante el conflicto armado interno.
Una de las formas de contrarrestar el desarrollo de un gobierno autocrÃĄtico en Guatemala, y en otros lugares del mundo, es a travÃĐs de una sociedad civil fuerte y unida, y una red sÃģlida de verdadera gobernabilidad democrÃĄtica. Pero la sociedad civil no puede hacer esto sola, los gobiernos democrÃĄticos del mundo deben tomar en serio la amenaza de las autocracias y encontrar formas de responder juntos con acciones firmes y concertadas. Esto incluye atacar los vÃnculos econÃģmicos que puedan tener los actores nacionales de sus paÃses, con los regÃmenes autocrÃĄticos, y realizar una profunda revisiÃģn de las instituciones internacionales, para dotarlas de las herramientas necesarias para combatir esta forma moderna de autoritarismo.
En Última instancia, debemos ante todo comprender las principales seÃąales de advertencia y los riesgos del âlegalismo autocrÃĄticoâ, estar preparados para denunciarlo cuando y donde aparezca y, lo que es mÃĄs importante aÚn, educarnos sobre las sutiles herramientas legales que actualmente utilizan los regÃmenes autocrÃĄticos en todo el mundo, a fin de crear estrategias efectivas que sirvan de contrapeso particularmente en los estadios tempranos del desarrollo de un gobierno autocrÃĄtico. Sin duda, mientras mÃĄs tiempo les tome a los actores locales actuar de manera estratÃĐgica y concertada en defensa de los ideales democrÃĄticos, mÃĄs difÃcil serÃĄ contrarrestar los avances autocrÃĄticos en el futuro.
Por su parte, las organizaciones internacionales y los gobiernos democrÃĄticos aliados deben trabajar conjuntamente con los actores locales para desarrollar e implementar estrategias que permitan monitorear y proteger el espacio cÃvico, la libre emisiÃģn del pensamiento, las libertades polÃticas y derechos humanos en el paÃs. Es importantÃsimo que regional e internacionalmente se identifique y denuncie a las autocracias legales de manera temprana; y se intervenga efectivamente para evitar la creaciÃģn de alianzas âautocrÃĄticasâ que les permita a los gobiernos no-democrÃĄticos avanzar sin pausa en sus respectivos paÃses. El urgente desarrollo de esas estrategias que le hagan frente efectivo a las autocracias, deberÃa ser una prioridad en las agendas internacionales para todos aquellos paÃses que valoran y defienden la libertad y la democracia.
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[1] Por ejemplo, de acuerdo al Democracy Index 2021, solo la mitad de la poblaciÃģn total del mundo entero vive en alguna forma de democracia.
[2] Ver por ejemplo, Javier Corrales, Autocratic Legalism in Venezuela, Journal of Democracy, 26(2):37-51, 2015. Disponible aquÃ: https://www.researchgate.net/publication/276093561_Autocratic_Legalism_in_Venezuela ; ver tambiÃĐn, Kim L. Scheppele, Autocratic Legalism, The University of Chicago Law Review, vol. 85, 545, 2018. Disponible aquÃ: https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol85/iss2/2/
[3] Por ejemplo, la ComisiÃģn Interamericana emitiÃģ en el 2019 medidas cautelares en protecciÃģn de la Jueza Erika AifÃĄn, mediante resoluciÃģn nÚmero 55/2019, sin embargo, el Estado fallÃģ en brindarle protecciÃģn y la exjueza se encuentra ahora en el exilio. En abril de 2021, el Congreso se negÃģ a juramentar a la magistrada Gloria Porras quien habÃa sido reelecta para ocupar su cargo en la Corte de Constitucionalidad. La ex Magistrada y Presidenta de la Corte de Constitucionalidad tambiÃĐn se encuentra en el exilio. Ver, por ejemplo, https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/guatemala
[4] Claudia Escobar MejÃa; Claudia Paz y Paz Bailey; Thelma Esperanza Aldana HernÃĄndez; Andrei Vladimir GonzÃĄlez Arteaga; Astrid Odette Escobedo Barrondo; Luis Omar MejÃa Contreras; MarÃa Ester Ovando Palacios; Pablo AndrÃĐs Barrios BolaÃąos; Alfredo Enrique Tejeda Flores; Gloria Patricia Porras Escobar; MarÃa Cristina FernÃĄndez; MarÃa Cristina FernÃĄndez; Axel Estuardo Ãlvarez Godoy; Carlos Antonio Videz Navas; Lorenzo Alberto BolaÃąos SÃĄnchez; Rudy Manolo Herrera Lemus; JosÃĐ Daniel MejÃa Barillas; Gilma Nataly Guerra Acevedo; Josselyn Masell PÃĐrez GutiÃĐrrez; Juan Carlos RodrÃguez Duarte; Darwin SaÚl Zepeda MendizÃĄbal; Aracely Fuentes; Flor de MarÃa GÃĄlvez Ãlvarez;
[5] FIDH, DetenciÃģn Arbitraria de la Fiscal contra la Impunidad Virginia Laparra, disponible aquÃ: https://www.fidh.org/es/region/americas/guatemala/guatemala-detencion-arbitraria-de-la-fiscal-contra-la-impunidad
[6] https://www.prensa-latina.cu/2022/06/20/crece-apoyo-contra-criminalizacion-de-juez-guatemalteco
[7]https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2021-07-24/destituyen-a-fiscal-contra-la-impunidad-de-guatemala