Embajador William W. Popp
El premio Campeones Anticorrupción del Departamento de Estado destaca a las personas que luchan contra la corrupción, ya que la actual Administración Biden-Harris ha elevado la seguridad nacional como una prioridad de política exterior para los Estados Unidos y nuestros socios. El 8 de diciembre el Secretario de Estado, Antony Blinken, nombró al juez guatemalteco Carlos Ruano, Presidente de la Asociación de Jueces para la Integridad, como uno de los Campeones de Anticorrupción del año 2021. El juez Ruano comparte este honor con los otros 11 campeones reconocidos globalmente por Estados Unidos y esperamos reconocer más líderes en el futuro.
En todo el mundo, la corrupción amenaza la seguridad y la estabilidad; obstaculiza el crecimiento económico y perjudica a las empresas; socava la democracia y los derechos humanos; destruye la confianza en las instituciones públicas; facilita las amenazas transnacionales y la actividad criminal; y extrae recursos públicos y privados. Este premio rinde homenaje a los líderes e innovadores anticorrupción y eleva su causa a una audiencia global.
El estado de derecho enfrenta desafíos significativos. Sin embargo, siguen surgiendo campeones que enfrentan cara a cara estos desafíos. En conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción nos orgullecemos de presentar al Campeón anticorrupción, el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda, presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) se ha desempeñado en el sector de la justicia guatemalteca durante más de 13 años. La AGJI, bajo el liderazgo de Ruano, ha sido un firme defensor de la independencia judicial y las normas democráticas.
La AGJI congrega a muchos jueces que se han destacado por su lucha anticorrupción. Es por ellos que este premio es entregado a su presidente pero que reconoce el esfuerzo de todos esos jueces que han ejercido su derecho para asociarse. La asociación busca tener como propósito los programas de capacitación, informes, la promoción en las redes sociales y la conferencia anual de AGJI que visibilizan sus esfuerzos y son vitales para abordar la corrupción. La premiación del juez Ruano reconoce no solamente su valor por enfrentar las amenazas y riesgos de defender el Estado de derecho, pero también el compromiso e integridad de todos los jueces que han dedicado su carrera al trabajo que diariamente aseguran que las cortes en Guatemala pueden ser el lugar de justicia por igual para todos los ciudadanos.
La conferencia de este año, el IV Congreso Internacional de Jueces “La Justicia Independiente un Elemento del Estado Democrático” concluyó sobre la importancia que tiene la función de los jueces independientes para sostener la democracia. También expusieron sobre el papel clave de los jueces como defensores del Estado de derecho contra la corrupción que amenazan la región latinoamericana y el mundo en general.
Es por ello que, para proteger la legitimidad y la independencia de los jueces que buscan un sistema de justicia transparente, es importante proteger la democracia que represente la expresión de la voluntad popular. Esto fortalecerá la credibilidad de la ciudadanía en un sistema de justicia eficiente que resuelva los conflictos sociales y proteja los derechos humanos.
La AGJI y sus miembros se han comprometido a buscar esa eficiencia y su lucha en equipo contra la corrupción representando la integridad de un funcionario público, los hace acreedores de este reconocimiento y los instamos a seguir siendo esos campeones en Guatemala.
Felicitaciones, que su trabajo, ética y profesionalidad, inspiren a los guatemaltecos y guatemaltecas a seguir su ejemplo por la construcción de un Estado de derecho sólido y una democracia participativa.
Edgar Ortíz Romero
¿Qué entendemos por independencia judicial?
Generalmente se entiende por independencia judicial a la capacidad de las cortes y de los jueces de tomar decisiones sin presiones de los poderes políticos[i]. Muchas veces los jueces deben tomar decisiones que afectan a actores políticos con poder o a miembros de poderosos personajes vinculados al crimen organizado.
Lograr la independencia judicial depende de abordar ciertas variables[ii] (Russell, 2001). En primer lugar, la relativa a la estructura del poder judicial. En la medida que los poderes políticos, legislativo o ejecutivo, puedan modificar o alterar las estructuras de nombramiento, remoción o remuneración de los jueces, la independencia judicial estará debilitada.
En segundo lugar, las normas relativas a los nombramientos, remuneraciones, promociones y remociones deben ser claras y cumplirse de forma consistente. La remoción de un juez debe ser difícil como regla y solo debe ocurrir en la medida que es sujeto de un proceso transparente e independiente de disciplina. Generalmente, se tienden a favorecer nombramientos por plazos largos como mecanismos de independencia judicial.
En tercer lugar, la administración de las cortes y la evaluación de los jueces es uno de los puntos importantes de la independencia judicial. Al fin y al cabo, independencia judicial y rendición de cuentas son dos caras de la misma moneda[iii]. Esta es una garantía para los jueces porque garantiza la promoción de los mejores y la disciplina de los que no tienen un rendimiento satisfactorio y también es una garantía del derecho al juez independiente para el público[iv].
Estos parámetros los encontramos en buena medida en los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura[v]. Al tener claros los criterios para entender en su dimensión más básica la independencia judicial, podemos hacer un rápido diagnóstico de la situación en Guatemala.
La independencia judicial en Guatemala
Los desafíos en materia de independencia judicial son estructurales. Pese a que nuestra actual Constitución reconoce la independencia del Organismo Judicial (artículo 203) y las garantías de este (artículo 205), son insuficientes[vi].
Los cortos plazos de nombramiento de los jueces y magistrados, el diseño corporativista de las comisiones de postulación[vii] y la concentración de funciones administrativas en la Corte Suprema de Justicia han sido las principales barreras de diseño de nuestro sistema.
Los intentos por reformar el sistema han sido infructuosos. En 2017 se intentó hacer una reforma constitucional[viii] que buscaba corregir los problemas antes mencionados, pero la clase política se atrincheró y terminó boicoteando el esfuerzo. Pese a ello, en 2016 se aprobó una nueva Ley de la Carrera Judicial[ix] que buscaba dar más atribuciones al Consejo de la Carrera Judicial en materia de gestión judicial detrimento de la Corte Suprema de Justicia, así como modernizar otros aspectos de la propia carrera judicial.
Sin embargo, en los últimos años hemos visto retrocesos muy marcados en materia de independencia judicial. Por una parte, vimos un enfrentamiento directo del Legislativo con la Corte de Constitucionalidad durante el periodo 2017-2020. Esto se tradujo en intentos de criminalizar a los magistrados de dicho tribunal que habían dictado resoluciones contrarias una importante alianza política[x].
En paralelo, han ocurrido hechos que debilitan la labor de los jueces independientes. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pronunció su preocupación por la criminalización de jueces de alto riesgo y por la remoción intempestiva del titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad[xi]. Si bien es cierto que este último caso se refiere a un fiscal, suelen aplicarse estándares análogos en cuanto a independencia para fiscales y operadores de justicia en general.
Algunos de estos jueces han denunciado presiones externas y la inacción del Estado guatemalteco es notoria. No debemos olvidar que dicho Estado fue hallado responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial en un fallo de la Corte IDH en 2019 precisamente la inacción del Estado ante las presiones externas de las que fue objeto una jueza[xii].
El panorama es poco alentador. A todo lo anterior debemos agregar un intento del Congreso por promover una reforma que implicaría un retroceso a los pocos avances logrados en la Ley de la Carrera Judicial[xiii] y la negativa del Congreso a elegir magistrados de Sala de Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia a viva voz por mandato de un fallo de la Corte de Constitucionalidad[xiv].
El sistema está en crisis y únicamente una reforma profunda del sistema de justicia podría cambiar el rumbo. Sin embargo, la clase política parece empeñada en remar en la dirección opuesta y se empeña en demostrarlo con sus acciones (y omisiones).
[i] Clark, Thomas. The Limits of Judicial Independence. Cambridge University Press, Estados Unidos, 2011, p. 5.
[ii] Russell, Peter H. y David M O’Brien. Judicial Independence in the Age of Democracy. University Press of Virginia, Londres, 2001, p. 13-23.
[iii] Shapiro, Martin. “Judicial Independence: New Challenges in Established Nations”, en Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 20, No. 1, 2013, p. 254.
[iv] Corte IDH. Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009, Serie C, núm 197. párr. 146.
[v] Organización de Naciones Unidas. Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, 1985, recuperado de la web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/independencejudiciary.aspx
[vi] Constitución Política de la República de Guatemala.
[vii] Morales, María Alejandra, “Constitucionalismo en Guatemala: patrimonialismo y corporativismo” en Carlos Arturo Sandoval Villagrán (ed), El constitucionalismo guatemalteco frente a lo global: Estudios de una nueva generación de voces, Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 2020, p. 27-46.
[viii] Iniciativa de Ley 5179 del Congreso de la República de Guatemala, recuperada de https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/iniciativas/Registro5179.pdf
[ix] Congreso de la República. Ley de la Carrera Judicial, Decreto número 32-2016 y sus reformas.
[x] CIDH. “La CIDH expresa preocupación por diligencias de antejuicio promovidas contra integrantes de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala”. Comunicado No. 065/21, recuperado de https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/065.asp
[xi] CIDH. “La CIDH expresa preocupación por acciones que debilitan la independencia judicial en Guatemala”. Comunicado No. 203/21, recuperado de https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/203.asp
[xii] Corte IDH. Caso Villaseñor Velarde y otros vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenciad e 5 de febrero de 2019, Serie C, No. 374.
[xiii] Ortíz, Edgar. “La iniciativa 5577 sobre reformas a la Ley de la Carrera Judicial”, en Diario La Hora, recuperado de https://lahora.gt/la-iniciativa-5577-sobre-reformas-a-la-ley-de-la-carrera-judicial/
[xiv] Guatemala. Corte de Constitucionalidad. Expediente 1169-2020,
Por: Sergio Osegueda
La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la ley de Organizaciones No Gubernamentales por considerar que viola derechos de asociación.
La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de las reformas realizadas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales al asegurar que estas vedan derechos de asociación que afectan directamente a la agrupación conformada por 45 juristas, según el presidente de la misma.
Ruano enfatiza que también la ley deja una discrecionalidad al Ministerio de Gobernación que podría atentar contra la libertad de expresión por lo que también solicitan se deje sin efecto.
De momento aun se espera conocer si la Corte de Constitucionalidad da trámite o no a la acción planteada por la asociación.
Fuente: Canal Antigua
#ProyectoFEDACTN Taller Virtual de construcción de propuesta de reformas en torno al Sistema de Elección de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial en Guatemala.
En coordinación con Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad-AGJI se realizó un taller de construcción colectiva de propuesta de reformas en torno a la independencia e integridad judicial en Guatemala.
Las propuestas de reforma discutidas giraron en torno al:
📍 Sistema de nombramiento de magistrados de Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia
👉Con esto, se busca innovar en los procesos de formación que promuevan la transparencia, la lucha contra la corrupción, la independencia, la agilización de los procesos judiciales, el enfoque de derechos humanos y de género.
👉Promover y fortalecer la independencia judicial por medio del impulso de reformas al actual sistema de elección que aseguren transparencia y objetividad en la selección y nombramiento de magistrados de las Altas Cortes del Poder Judicial, despolitización de la judicatura, promoviendo la profesionalización y estabilidad en el cargo judicial.
La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) presentó una acción de inconstitucionalidad de carácter general, en contra de las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales. pic.twitter.com/llOmg1caY4
— Diario La Hora (@lahoragt) September 1, 2021