Manfredo Marroquín.
La alianza en el poder y sus aliados tienen una agenda muy clara y decidida que incluye dos prioridades: restaurar la impunidad total que garantice el saqueo de las arcas y los recursos nacionales y perseguir y expulsar de sus puestos a todos los funcionarios de justicia que acompañaron la cruzada anticorrupción de los últimos 7 años.
Es un proyecto de país por medio del cual las élites políticas y económicas buscar borrar del mapa cualquier vestigio del legado que dejó la experiencia anticorrupción de CICIG que expuso ante toda la población, el esquema de poder basado en negociados corruptos y extorsiones que facilitan un sistema de acumulación de capital fácil y renovable cada cuatro años.
El acaso contra el fiscal jefe de la FECI Juan Francisco Sandoval y jueces independientes como Erika Aifan, Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xitumul y Yassmín Barrios, Gloria Porras y otros, comienza en las mismas instituciones a las que sirven. Se completa con ataques e intimidación en redes sociales pagadas por los aliados de gobierno afectados por las investigaciones y casos de corrupción y corona en el MP, donde acumulan una serie de denuncias espurias que no son desestimadas como corresponde, con el fin de mantenerlos en zozobra.
Dejar que esta política de Estado de acoso continúe hasta lograr su objetivo, es abandonar cualquier expectativa de cambio para el país. Daría lugar a que adquiera realidad el famoso dicho “el último que salga, que apague la luz” comúnmente usado para aquellos países donde la crisis parece no tocar fondo.
Guatemala es un país de gran potencial limitado desde hace muchas décadas por la captura que desarrollan grupos de poder de las instituciones que ponen a su servicio asegurando negocios y mercados altamente concentradores de la riqueza nacional.
Cualquier plan de desarrollo y crecimiento a futuro pasa inevitablemente por desmantelar el fenómeno de captura del Estado a fin que este pueda desempeñar sus funciones constitucionales sin ataduras y liberar todo el potencial que está adormecido por no tener las condiciones para su desarrollo.
La inversión extranjera es quizá uno de los indicadores más elocuentes para conocer la percepción qué hay sobre un país y en el caso de Guatemala está sigue estancada pese a un contexto Internacional favorable dado el interés de empresas norteamericanas por mover sus inversiones de China a lugares más cercanos a su territorio y así asegurar la cadena de suministros.
Pero minando y socavando el Estado de Derecho porque el sistema elitista no tolera a jueces independientes es un mensaje matador que ahuyenta no solo la inversión potencial por venir, sino la que ya tiene presencia en el país y observa como la justicia es una moneda de cambio entre políticos y élites.
Los jueces, juezas y fiscales bajo acoso merecen el apoyo y acompañamiento de la sociedad y la población pues representan la reserva moral y ética para acabar con el sistema depredador y corrupto que nos gobierna. Dejar que los linchen y expulsen de las posiciones que dignamente han desempeñado es entregar nuestro propio futuro a los designios de mafias que pretender legitimar su poder por medio de la cooptación de las instituciones del Estado.
