La independencia judicial es un deber del ejercicio de la función jurisdiccional y una garantía para la ciudadanía, es un elemento intrínseco del derecho al acceso a la justicia, por lo que los jueces y las juezas deben impartir justicia con absoluta independencia, lo que significa que deben emitir sus resoluciones libres de presiones, libres de cualquier injerencia de los poderes del Estado o grupos de presión. En ese sentido, es importante resaltar que las resoluciones judiciales son vinculantes y de obligatorio cumplimiento, por lo tanto se cumplen, no se discuten y solo son impugnables por los medios legalmente establecidos, lo que conlleva el ataque a las resoluciones, pero no a los jueces.

Arbitrariamente se utilizan acciones legales para atacar a jueces y juezas de parte de algunos sujetos procesales, como mecanismos de presión, de intimidación, de desprestigio, de afectación a la independencia judicial, pretendiendo criminalizar la función jurisdiccional con las consecuencias graves que afectan la independencia judicial, y que conforme a nuestra Constitución conlleva responsabilidades.

En ese sentido, el doctor Alirio Abreu en su obra “Independencia Judicial (Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)”, expone: “La independencia del Poder Judicial, como consecuencia de la separación de poderes en un sistema democrático, y la independencia de los jueces, como un derecho de éstos en el ejercicio de sus funciones, y de los ciudadanos en relación con el acceso a la justicia y a las garantías judiciales, ha sido materia reiteradamente tratada y decidida por la Corte, tanto en sus opiniones consultivas como en sus sentencias.”…“La falta de independencia judicial, que conlleva necesariamente la falta de imparcialidad, y, por ende, la violación del artículo 8 de la Convención, constituye una evidente carencia de igualdad para uno de los litigantes.”
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De tal manera que según el autor cuando no se aplica la justicia con independencia judicial, se anula la tutela judicial efectiva y viola el debido proceso, sumado a otros derechos y garantías del acceso a la justicia.

Respecto a la independencia judicial, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, por sus siglas “AGJI”, ha tenido una importante proyección nacional e internacional, destacando su labor en la defensa de los derechos humanos y de la independencia judicial, denunciando de forma pública y frontal los ataques en contra  de jueces y juezas de gran trayectoria, que han sido víctimas de estos ataques, mediante múltiples denuncias administrativas disciplinarias, todas declaradas sin lugar, lo que evidencia que no tienen fundamento y que el único propósito ha sido afectarles en su integridad, de la misma manera y de mayor gravedad han planteado antejuicios en contra de algunos de sus integrantes, los que en su mayoría han sido rechazados y en los que les han dado trámite, la Corte de Constitucionalidad ha dejado sin efecto, ordenando la protección constitucional mediante recursos de amparo, pues la mayoría de estos han sido planteados por personas sindicadas por casos de corrupción, lo que ha conllevado a elevar las denuncias de parte de la referida asociación, incluso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre las que destaca la petición para  audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que se realizó durante su 172 periodo de sesiones en Jamaica, denunciando no solamente el ataque a la independencia de jueces y juezas, por su función jurisdiccional en casos concretos, sino también por hechos que consideraron atentan en contra de la independencia del Organismo Judicial, por la injerencia de otros organismos de Estado en la función jurisdiccional y la independencia judicial, logrando que se discutiera con representantes del Estado y se atendieran las recomendaciones para respetar la independencia judicial. Asimismo, algunos de sus integrantes cuentan con medidas cautelares ordenadas por la CIDH, quienes han considerado que los jueces y juezas deben llevar a cabo sus labores sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o amedrentamientos en el ejercicio de sus funciones, destacando a la vez pronunciamientos del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Magistrados, Doctor Diego Garcia Sayan.

Sumado a estas acciones, la AGJI, ha realizado esfuerzos con asociaciones gremiales a nivel internacional como la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia, con gran liderazgo, al elegir como presidente de dicha organización al juez guatemalteco, Jorge Haroldo Vásquez Flores, también integran la Unión Mundial de Magistrados y la Federación Latinoamericana de Magistrados, destacando alianzas para compartir experiencias jurisdiccionales y fortalecimiento de capacidades. Por lo que su labor ha sido reconocida y apoyada por la cooperación internacional de varios países, como Estados Unidos, Noruega, Suecia, Alemania, Canadá, y organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Abogados sin Fronteras Canadá y el Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados y Notarios de la Ciudad de Nueva York, lo que les ha permitido realizar tres Congresos Internacionales y ser parte del proyecto de reformas estructurales que impulsa la cooperación Alemana, teniendo participación activa también como docentes en la Escuela de Estudios Judiciales.

Deseo resaltar que el trabajo de los integrantes de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, ha sido reconocido por organizaciones de la sociedad civil, por diferentes sectores e instituciones, por citar algunas: la designación  del Juez Miguel Angel Gálvez, como personaje del año por parte del diario Prensa Libre;  galardón “Mujer Destacada del Organismo Judicial” otorgado a la Jueza Erika Aifan por el Organismo Judicial;  reconocimiento otorgado al Juez Haroldo Vásquez y al juez Carlos Ruano, por su aporte en favor de la justicia y la democracia, otorgado por el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia.  Concluyo  reconociendo el trabajo y el aporte de jueces y juezas en todas las materias, valientes e independientes que actúan con probidad y principios éticos que fortalecen el sistema de justicia en Guatemala, como pilar fundamental del desarrollo, del Estado de derecho y la paz.

[1] Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2007, Tomo II. Abreu Burelli, Alirio.”Independencia Judicial (Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).www.juridicas.unam.mx.Pag.641.

Juez Carlos Ruano
Presidente

Para la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad –AGJI-, este es un momento propicio para reiterar nuestro compromiso de administrar justicia independiente en garantía de igualdad de todos ante la ley. Agradecemos a quienes hacen posible este espacio de comunicación entre nuestra asociación y la sociedad guatemalteca, a quienes nos debemos.

El Estado de Guatemala tiene una deuda pendiente, respecto al tema de la justicia, porque derivado de los Acuerdos de paz, suscritos hace 24 años, se estableció la necesidad de reformar y adecuar el modelo constitucional de administrar justicia; siendo importante avanzar hacia la meritocracia de los cargos, efectiva independencia de criterio, estabilidad y excelencia profesional, reconocimiento del pluralismo jurídico. Al día de hoy, ese compromiso de Estado ha quedado en intentos fallidos, porque se anteponen intereses particulares o de grupo, por encima del bien común. No sería viable una reforma o rediseño para que el poder político se divida las magistraturas, como si fuera un pastel; sino que, debe tenerse como objetivo fundamental la garantía de la independencia funcional del poder judicial.

Y es que en Guatemala la justicia permanece en constante crisis, diversas situaciones o hechos la ponen a prueba, procesos judiciales contra la corrupción y la impunidad desde los más altos poderes del Estado, hasta la más pequeña oficina pública o privada; justicia transicional, conflictos sobre tenencia de la tierra y proyectos extractivos de empresas internacionales, innumerables actos de violencia contra grupos vulnerables de la sociedad, criminalidad organizada y delincuencia común; sin olvidar, las desiguales condiciones económicas que tienen en la pobreza a la gran mayoría de la población. Sumado a los asuntos que a diario se ventilan en las judicaturas y magistraturas, están las denuncias, persecución penal y disciplinaria espuria en contra de jueces independientes, litigio y retardo malicioso de las causas, obstaculización de la acción penal, hostigamiento en redes sociales, entre otros hechos o circunstancias que dañan a las y los juzgadores, generando desconfianza ciudadana en la administración de justicia. Por lo que el Estado en su conjunto debe proteger la garantía de independencia de la justicia. Y los jueces asumir el compromiso de actuar con integridad, honestidad y legalidad en la función judicial.   

Los jueces y juezas, a través del asociacionismo judicial, creamos el espacio de apoyo y fortaleza para enfrentar juntos las difíciles situaciones por las que atraviesa la justicia en Guatemala. No faltan aquellas voces que critican y cuestionan de manera malintencionada el derecho que tenemos los jueces de asociarnos libremente para la defensa de los intereses comunes gremiales, llamándole de manera despectiva “activismo judicial”. La asociación de jueces nos permite ser más fuertes y formar un frente común contra esas malas acciones que impiden el fortalecimiento de la judicatura independiente y que el juez pueda libremente ser garante de las libertades ciudadanas y de los derechos humanos. 

La AGJI dentro de sus actividades gremiales, con la ayuda de instituciones nacionales e internacionales, dentro de las cuales se pueden mencionar: Acción Ciudadana, Impunity Watch, Comisión Internacional de Juristas, Movimiento Pro Justicia, Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de América, JOTAY Guatemala, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala  y la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial; con quienes hemos desarrollado programas de capacitación y formación, respecto de temas relevantes para la justicia e incidencia en reformas legales y  políticas internas del Organismo Judicial, para que ello se traduzca en la dignificación y el fortalecimiento del quehacer jurisdiccional.

Iniciamos con las actividades académicas para este año 2021, que aportarán conocimientos para resolver de mejor manera los diversos asuntos de la judicatura y garantizar una justicia de calidad para los usuarios del sistema. El día de hoy, se hace el lanzamiento de nuestra página Web, como resultado del proyecto para el “Fortalecimiento de la capacidad institucional de la AGJI y de la independencia judicial en Guatemala” que se ha suscrito en conjunto con Cyrus R. Vance Center for Internacional Justice. Además, desarrollaremos una serie de actividades y eventos formativos, que sin lugar a dudas, fortalecerán nuestras capacidades y contribuirán al fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala.

Además, durante este año 2021, la AGJI con el apoyo de la  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit -GIZ- en Guatemala, por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) a través del Fondo de Reformas Estructurales, presentaremos la segunda parte del Proyecto denominado “Reforma del Sector de Justicia en Materia de Independencia Judicial”, el que ha permitido analizar y proponer reformas a la Constitución en materia de elección de magistrados del Organismo Judicial, propuesta presentada el año recién pasado y que durante este 2021, presentaremos el informe final del análisis y discusión sobre la necesidad de reformas a la Ley de la Carrera Judicial y sus reglamentos, para generar con ambos aportes, los cambios necesarios que fortalezcan ese pilar importante de la independencia judicial y del estado democrático de derecho en Guatemala. Esa propuesta de reforma constitucional, discutida y avalada por los jueces de la AGJI, jueces de Centroamérica, estudiantes de derecho y de la consultoría de un profesional del Derecho, permitiría tomar como base la meritocracia en la carrera judicial como método de ascenso a las magistraturas, que previamente bajo la evaluación del comportamiento profesional y disciplinario, seleccionaría a los mejores jueces, con experiencia, trayectoria, idoneidad y honorabilidad, para integrar las cortes, dejándose por un lado las muy cuestionadas comisiones de postulación y listados “consensuados” por el poder político en el legislativo. Hay jueces de primera instancia con más de veinte años de ejercicio profesional, íntegros e independientes de criterio, que por no favorecer con sus decisiones a personas o grupos delictivos, no son ascendidos, quedando claro que son incómodos y no útiles para el sistema actual.

Los retos y desafíos que enfrenta la justicia en Guatemala son muchos, faltan compromisos serios de diversos sectores públicos y privados para generar los cambios que el sistema necesita,  porque a través de instituciones democráticas y legítimas, se fortalece el Estado de Derecho y la justicia se constituye en una herramienta para la paz.